Recortes en pensiones por discapacidad: la política del ajuste

por Lucía De Dominicis

El gobierno de Mauricio Macri aplicó un decreto de 1997 para suspender pensiones a discapacitados a través de la suma de nuevos requisitos para recibir ayuda económica. En el transcurso del año 2017, se dieron de baja más de 83.000 pensiones no contributivas, marcando el rumbo de las decisiones económicas en contra de los sectores más vulnerables de la población.


La decisión de modificar los requisitos para recibir pensiones por discapacidad y para mujeres con más de siete hijos han generado fuertes repercusiones en la opinión pública. A pesar de que el gobierno se escuda en que el recorte es necesario para contrarrestar un supuesto despilfarro del kirchnerismo, parece estar alineado con la política de ajuste económico que viene llevando a cabo desde el inicio de su gestión.

La polémica comenzó cuando se conoció que el gobierno utilizó el decreto 432, aprobado en el año 1997 durante el mandato de Carlos Menem, para modificar los criterios para otorgar pensiones por discapacidad. A través de este decreto, que nunca se había utilizado en el pasado, se limita a los beneficiarios de ayuda económica según sus bienes y también los ingresos de su núcleo familiar.

La polémica comenzó cuando se conoció que el gobierno utilizó el decreto 432, aprobado en el año 1997 durante el mandato de Carlos Menem, para modificar los criterios para otorgar pensiones por discapacidad. A través de este decreto, que nunca se había utilizado en el pasado, se limita a los beneficiarios de ayuda económica según sus bienes y también los ingresos de su núcleo familiar. De esta forma, se suspendieron las pensiones de todos aquellos discapacitados que tengan algún ingreso o bien a su nombre y de cuyos cónyuges o padres reciban un ingreso equivalente a 3 jubilaciones mínimas.

A partir de la aplicación de este decreto, miles de personas fueron afectadas sin previo aviso y perdieron un sostén necesario para poder enfrentar los gastos que conlleva convivir con una discapacidad. En las redes sociales comenzaron a compartirse historias de familias que, por contar con un miembro que aporta un sueldo de más de 19.000 pesos al núcleo familiar, fueron negadas de un día para el otro de la ayuda económica del Estado.

 Al ser consultados por la imprevisibilidad de esta decisión, el gobierno aclaró que muchos casos deberán ser revisados pero afirmaron que no pueden “adelantarse a todo”. La mayoría de las familias no fueron notificadas por el Ministerio de Desarrollo Social directamente, sino que se enteraron en el banco al no poder cobrar el monto correspondiente a su pensión mensual. A pesar de haber aclarado que las pensiones se devolverán en los casos que consideren necesarios, este mes las familias deberán encontrar otra forma de pagar los tratamientos y los medicamentos que necesitan.

Durante el día de ayer el diario Infobae avaló la mirada del gobierno al afirmar que “sólo casos de guerras o catástrofes podrían explicar un incremento de tal magnitud en este tipo de beneficios”, en referencia al aumento de pensiones otorgadas durante el kirchnerismo. El gobierno tiene la obligación de revisar posibles casos de otorgamiento de pensiones en casos de corrupción, pero esa no es excusa para dejar a 83.000 personas sin ayuda económica sin ningún tipo de análisis o aviso previo.


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