¿Por qué el genocidio arrancó antes de 1976?

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Si bien el 24 de marzo de 1976 marcó un antes y un después en la historia argentina, la dictadura cívico-militar puso en acción un modo de persecución a la militancia política, sindical y estudiantil que, en verdad, ya se venía poniendo a prueba. En favor de las empresas y por la necesidad de disciplinar al movimiento de trabajadores, la planificación y ejecución del genocidio comenzó a desarrollarse antes de que la junta militar llegue al poder.



La clase obrera argentina venía aumentando su componente combativo y clasista durante los primeros años de la década de 1970. La ofensiva contra esto fue muy fuerte: se sucedieron intervenciones a los sindicatos y la necesidad de que varios dirigentes tengan que pasar a la clandestinidad, además del comienzo de las detenciones y asesinatos. De esta forma, desde 1974 se comenzó a preparar el terreno para el golpe de Estado de 1976, desarticulando la organización de la clase trabajadora para imponer un modelo económico que sigue persistiendo hasta la actualidad.

Siguiendo lo expresado por Leónidas Ceruti, en La Izquierda Diario, tras la muerte de Juan Domingo Perón la represión estatal se recrudeció. Desde 1974 se aprobaron leyes regresivas, en este sentido, como la que permitía reprimir al «terrorismo», penaba la difusión de información sobre estos hechos, prohibía las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas. A su vez, se comenzó a intimar, amenazar y suspender personerías gremiales con insistente frecuencia.


cuando arranco el genocidio argentino


En el mes de noviembre de 1974, se instauró el estado de sitio en todo el país. Esto conllevo a la persecución de cientos de sindicalistas y políticos, abogados laboralistas y estudiantes, tal como señala el autor mencionado. En aquel momento, las Fuerzas Armadas no participaban abiertamente de la represión pero sí lo hacían los grupos paramilitares como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). En esos años, las organizaciones gremiales son quienes más sufrieron la represión y la muerte.

En febrero de 1975, el rol de las Fuerzas Armadas se modifica y empiezan a adquirir un rol central. El gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón firma el Decreto Nº 261/75, con el cual se permitió al Ejército y la Fuerza Aérea Argentina “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de los “elementos subversivos” en la provincia de Tucumán. En este sentido, en aquel año ya se pusieron en práctica los mismos mecanismos que se iban a desplegar durante la dictadura cívico-militar: centros clandestinos, secuestros, detenciones y desapariciones forzadas.


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De esta forma, las fuerzas militares se instalaron en aquella provincia para controlar a la población, además de reprimirla duramente y perseguir a los trabajadores más combativos. Este operativo que fue conocido como Operativo Independencia fue investigado y llevado a juicio por constatar de que se trato de un preludio al golpe de Estado que se iba a instalar meses más tarde. En este sentido, el Operativo Independencia fue una prueba inicial del genocidio que se implementó como política de Estado a partir de marzo de 1976, con la dictadura cívico-militar.

(Leer nota: Histórica sentencia en la Megacausa Operativo Independencia, el inicio del genocidio antes de la dictadura)

Lo mismo sucedió en Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe, dónde fueron detenidos, secuestrados y hasta desaparecidos varios trabajadores de las empresas que se encontraban allí. El 20 de marzo de 1975 se instaló lo que se conoció como Operativo «Serpiente Roja». Luego de fuertes luchas protagonizadas por los obreros que enfrentaron las medidas económicas que buscaban imponer, la ciudad se despertó invadida por miles de efectivos de fuerzas represivas.

Allí se encontraba Acindar, la empresa que era presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego sería el ministro de Economía durante la dictadura cívico-militar. Esta empresa colaboró con grupos de choque para perseguir a los trabajadores y cedió a las fuerzas represivas una lista con los domicilios de los obreros que fueron detenidos. Este operativo se extendió a lo largo del cordón industrial del río Paraná y fue uno de los mayores ejemplos de complicidad del Estado, las fuerzas represivas y los empresarios.

(Leer nota: Pagar las ganancias con sangre: ¿qué empresas fueron parte del genocidio?)


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Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) se contabilizaron 458 asesinatos durante ese período: 19 en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975. Estas muertes fueron producto de los grupos parapoliciales, que actuaron principalmente con el nombre de “Triple A”, dirigida por José López Rega, ministro durante los gobiernos de Perón e Isabel Perón y secretario privado de estos.

«El aparato represivo del Estado sembró terror, muerte y desaparición para cambiar las relaciones sociales y productivas de una provincia que nunca volvió a ser lo que fue, en el marco de su identidad y solidaridad. Produjo un gran disciplinamiento social y las grandes multinacionales financiaron también dicho operativo», señaló Margarita Cruz a La Primera Piedra, sobreviviente del Operativo Independencia y testigo del juicio que dio cuenta de esto.

(Leer nota: Entrevista a Margarita Cruz, ex detenida-desaparecida: “Siempre seguiremos las banderas de nuestros 30 mil compañeros”)

Muchas personas fueron detenidas y desaparecidas durante el gobierno constitucional que ya se encontraba digitado por las fuerzas militares antes de 1976. Estos breves ejemplos son interesantes para pensar la aplicación de medidas totalmente regresivas contra los trabajadores, en un contexto de ascendente lucha sindical y la necesidad de la represión para imponerlas. Las empresas junto a las fuerzas militares y el gobierno constitucional que precedió a la dictadura formaron parte de la planificación y puesta en marcha del genocidio. Esto también es parte de lo que no se debe olvidar.



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