Sentencia Automotores Orletti: juzgar la represión en Argentina y en el Plan Cóndor

por Giuliana Sordo

En el día de ayer se conoció la sentencia a cuatro genocidas que formaron parte de las tareas represivas del Centro Clandestino “Automotores Orletti”. En el tercer juicio por violaciones a los Derechos Humanos en este centro, que fue base operativa del Plan Cóndor en Argentina, se juzgo a tres policías y un agente de Inteligencia. Una nueva condena para seguir afianzando los pasos en el proceso de memoria, verdad y justicia.



El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Capital dio a conocer este lunes el veredicto en el juicio oral y público en la causa conocida como “Automotores Orletti III y IV”, en la que se juzgó a cuatro imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el genocidio. Desde la finalización de la dictadura cívico-militar hasta la fecha, fueron juzgados por primera vez por su rol en el centro clandestino ubicado en el barrio porteño de Floresta. 

El juicio fue el tercer y cuarto tramo del proceso judicial que lleva la causa “Automotores Orletti”. El primer fallo fue en 2011 y, en ese momento, la justicia condenó a los represores Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti por la privación ilegal de la libertad de 65 víctimas en el centro clandestino, según Cosecha Roja. Durante este proceso, quedó demostrado que el ex centro clandestino era la base operativa en Argentina del Plan Cóndor.

(Leer nota: Plan Cóndor: a la condena del pueblo, se suma la judicial)

Como se puede leer en el portal del Centro de Información Judicial (CIJ), la sentencia impuso a José Néstor Ferrer la pena de 25 años de prisión, fijó 16 años para César Alejandro Enciso y 6 años para Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. El tribunal, integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Daniel Horacio Obligado, leerá los fundamentos de la sentencia el 3 de noviembre del 2017. Los genocidas fueron acusados por el homicidio de Mario Roger Julien Cáceres y Estela María Moya, y por el secuestro de Victoria Lucía Grisonas de Julien, Gustavo Adolfo Gayá, Ana María del Carmen Pérez, Gerardo Francisco Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Silvia Navaja de Santucho.



Los tres ex miembros de la Policía Federal y el ex agente de la SIDE que antes integró la Triple A escucharon en el día de ayer su primera sentencia por secuestros, torturas y asesinatos en 1976, más de 40 años después. El veredicto se dio en el marco del tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por grupos de tareas del centro clandestino Automotores Orletti, epicentro del Plan Cóndor en el país. Sin embargo, las penas fueron menores al pedido del Ministerio Público Fiscal que quería que sean entre 24 años y reclusión perpetua.

El veredicto se dio en el marco del tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por grupos de tareas del centro clandestino Automotores Orletti, epicentro del Plan Cóndor en el país.

“Hay que celebrar una sentencia más que reconoce a los crímenes que se cometieron en Orletti como delitos de lesa humanidad en la que además resultan condenados cuatro imputados que nunca habían recibido ninguna sentencia”, manifestó Luz Palmas Zaldúa a Página/12, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y cabeza de la querella unificada que integró la Fundación Liga por los Derechos Humanos. Si bien, la querella celebró las nuevas sentencias como un avance del proceso de memoria, verdad y justicia, van a recurrir las condenas a 6 años de prisión de Rolando Nerone y Oscar Gutiérrez.

El Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti” estaba ubicado en el barrio de Floresta, en la calle Venancio Flores 3519. Era un taller de vehículos que alquiló la SIDE y funcionó entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976. Por allí pasaron más de 300 personas de todos los países de América Latina en los que operó el Plan Cóndor, la operación articulada por las dictaduras de América del Sur, con el conocimiento y apoyo del gobierno de los Estados Unidos, para intercambiar información, secuestrar, torturar, interrogar, trasladar y eliminar militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles opositores a los distintos regímenes.



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