Plan Cóndor: a la condena del pueblo, se suma la judicial

por Giuliana Sordo

El viernes 27 de mayo se dictó la sentencia a los responsables del accionar conjunto de las dictaduras de América Latina y en vinculación con Estados Unidos, por primera vez en Argentina y en la región. A partir de dicha sentencia, la denuncia del Plan Cóndor se convirtió en una condena judicial, más allá de la condena ya existente de los pueblos. Este fallo histórico forma parte de un proceso de justicia que no pretende culminar.





La asociación ilícita de la región

El denominado Plan u Operación Cóndor es la coordinación que fue articulada por las dictaduras de América del Sur. Los gobiernos de facto de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay establecieron un trabajo en conjunto para intercambiar información, secuestrar, torturar, interrogar, trasladar y eliminar militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles opositores a los distintos regímenes. Todo esto con conocimiento y apoyo del gobierno de los Estados Unidos.

Los gobiernos de facto de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay establecieron un trabajo en conjunto para intercambiar información, secuestrar, torturar, interrogar, trasladar y eliminar militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles opositores a los distintos regímenes.

Esta operación se mantuvo entre las fuerzas armadas y de seguridad y también en el ámbito diplomático y de los servicios de inteligencia. En este sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), manifiesta: “Si bien el trabajo en red se superpuso parcialmente con la represión interna en cada país, existieron mecanismos autónomos para la coordinación interestatal”.

Esta “asociación ilícita” entre los países del continente dio el pie para la represión ilegal durante sus dictaduras y para secuestrar y matar a exiliados de otros lugares de la región. Muchos exiliados de Uruguay o Chile, por ejemplo, se instalaron en Argentina por ser el país en el que más tarde se estableció el golpe militar y, en el marco de este plan, fueron perseguidos, torturados y desaparecidos allí.

La causa por el Plan Cóndor

La causa por esta operación se inició en el año 1999 a raíz de diversas denuncias de familiares de extranjeros que fueron desaparecidos en el país. Luego de más de una década de investigación, se sumaron múltiples denuncias que se agruparon en tres expedientes que se conocen como Plan Cóndor I, II y III. En el marco de estas tres causas, se contemplan los casos de 105 víctimas, de las cuales 89 secuestros sucedieron en Argentina. 



El juicio histórico

Si bien el proceso de juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar ya encarnan en su accionar una situación histórica en la región y a nivel mundial, el referido a la Operación Cóndor tiene características únicas. Argentina es el primer país de América Latina que logra llegar a una sentencia respecto a este plan. Además, este juicio es el primero en la región que trasciende las fronteras nacionales, dado que 93 del total de las víctimas son de otros países que estuvieron bajo la vigencia del Cóndor.

En este veredicto se determinó que los imputados, condenados entre 8 y 25 años, fueron parte de ese sistema criminal y responsables de algunas operaciones específicas en el marco del Plan.

También es inédito por la acumulación de prueba documental analizada. Miles de archivos de Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y otros desclasificados por Estados Unidos fueron utilizados y leídos por primera vez en este juicio. Esta documentación, a su vez cruzada con testimonios, permitió probar no sólo los crímenes sino la “asociación ilícita” entre los países del Cono Sur para la represión durante sus dictaduras. En este sentido, la abogada del CELS, Luz Palmás Zaldúa, a cargo de una de las querellas, manifestó a Página/12: “El dato más importante de este juicio es que trascendió las fronteras del país y por eso puede ser pensado en clave de justicia universal”.

El Tribunal Oral y Federal en lo Criminal Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer el fallo luego de tres años de juicio oral. De los 32 imputados iniciales por “asociación ilícita” y “privación ilegal de la libertad agravada por aplicación de tormentos”, sólo 17 llegaron como acusados a la sentencia, de los cuales dos fueron absueltos. En este veredicto se determinó que los imputados, con una condena de entre 8 y 25 años, fueron parte de ese sistema criminal y responsables de algunas operaciones específicas en el marco del Plan.

El abogado de una de las querellas, Jaime Nuguer, exclamó a Página/12: “Sabemos que los documentos desclasificados son la punta del iceberg, pero aun así son importantes. Los documentos y declaraciones de este juicio refuerzan efectivamente que hubo participación activa de Estados Unidos en la concreción de la Operación Cóndor. Pese a no haber sido un país ‘integrante’ o que podamos llamarlo de esa manera, porque el fenómeno fue propio del Cono Sur, participó, conoció, presionó, instigó para que se hiciera. Y luego facilitó las comunicaciones y las controló”. Sin embargo, el rol de Estados Unidos, no tuvo lugar en este juicio y se estableció que esa discusión se presentaría en “otro lugar”.

El derecho a la verdad

No es menor señalar que, de estar vivos, en esta causa hubiesen sido juzgados Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla, Alfredo Stroessner, entre otros. Con estos datos, quizás se pueda empezar a comprender la importancia simbólica de este proceso judicial. No obstante, sigue faltando la verdad de lo sucedido. No se sabe qué pasó con las víctimas desaparecidas y sus cuerpos, ni tampoco con el paradero de los niños apropiados en el marco del plan. El pacto de silencio de este sector sigue calando hondo en la memoria de una sociedad que se niega a olvidar.

La lucha de sobrevivientes y familiares desde hace 40 años proclama a viva voz la existencia de esta operación para la persecución y la muerte.

La lucha de sobrevivientes y familiares desde hace 40 años proclama a viva voz la existencia de esta operación para la persecución y la muerte. Sin embargo, pasó mucho tiempo para que la justicia condene y establezca penas a los responsables. Como el resto de los juicios, se realizaron tarde, pero lograron constituirse -gracias a los movimientos de derechos humanos. Si bien este tipo de condenas siempre dejan un sabor amargo, la importancia radica en reivindicar esta pelea por la justicia que poco a poco va pisando fuerte en todos los rincones donde reinó por muchos años la impunidad.





El listado de las condenas a los genocidas del Plan Cóndor:
1-Santiago Omar Riveros: 25 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
2-Miguel Ángel Furci: 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
3-Reynaldo Benito Bignone: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
4-Eduardo Samuel De Lío: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
5-Humberto José Román Lobaiza: 18 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
6-Enrique Braulio Olea: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
7-Luis Sadi Pepa: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
8-Rodolfo Emilio Feroglio: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
9-Carlos Caggiano Tedesco: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
10-Antonio Vañek: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
11-Eugenio Guañabens Perelló: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
12-Felipe Jorge Alespeiti: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
13-Manuel Cordero Piacentini: 25 años de prisión.
14-Néstor Horacio Falcón: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
15-Federico Antonio Minicucci: ocho años de prisión.

Foto de portada: Tiempo Argentino – Cooperativa Por Más Tiempo

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