Desde que en 1981 se instituyó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, se llevó adelante un largo recorrido. Se visibilizaron violencias y desigualdades y, con el tiempo, las agendas feministas se hicieron más presentes en las calles. Si bien hubo avances, las estadísticas año tras año continúan marcando la falta de políticas articuladas que permitan prevenir las violencias y, en su extremo más cruel, los femicidios. (Foto: Nadia Díaz)
El 25 de noviembre de 1960, las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por órdenes de Rafael Trujillo. Luego del golpe de Estado a Horacio Vásquez, en 1931, Trujillo había tomado el poder de República Dominicana, encabezando una dictadura sangrienta con la que se mantendría treinta años en el poder, siendo responsable de múltiples crímenes de lesa humanidad. Las hermanas Mirabal, conocidas como “Las Mariposas”, participaban activamente de la resistencia al régimen. Fueron detenidas en varias oportunidades, sometidas a torturas y violaciones. Luego de la última detención de Minerva y María Teresa, Trujillo ordenó que fueran liberadas. Meses después, cuando las tres viajaban a visitar a sus esposos en la cárcel, también detenidos por el régimen, fueron asesinadas por el Servicio de Inteligencia Militar. «Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte», solía decir Minerva Mirabal.
Un largo recorrido a nivel mundial se desarrolló desde entonces, con hitos históricos que marcaron las agendas de los movimientos feministas del continente y también de nuestro país. Los Encuentros Nacionales de Mujeres son parte de ese extenso camino que trascendió círculos académicos hasta llegar a las movilizaciones masivas que desde hace algunos años ocupan las calles.
Veinte años después, en 1981, durante el Primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, se decidió conmemorar al 25 de noviembre, hoy fecha conocida como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Un largo recorrido a nivel mundial se desarrolló desde entonces, con hitos históricos que marcaron las agendas de los movimientos feministas del continente y también de nuestro país. Los Encuentros Nacionales de Mujeres son parte de ese extenso camino que trascendió círculos académicos hasta llegar a las movilizaciones masivas que desde hace algunos años ocupan las calles. En estos años, se visibilizaron las violencias y las desigualdades, se analizaron las bases machistas de la cultura y, gracias a la fuerza y al empuje de los feminismos, se concretaron avances legislativos postergados.
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Foto: Nadia Díaz
De acuerdo al Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, de la asociación civil La Casa del Encuentro, en 2019 se registraron 299 femicidios en todo el país, la cifra más alta desde 2008, año en que la organización comenzó a elaborar los informes. Además, 1 de cada 5 mujeres asesinadas en 2019 tenían denuncias previas, de las cuales el 43% tenían la perimetral. El contexto de pandemia y de aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la emergencia sanitaria pusieron de manifiesto lo que se viene denunciando desde hace años: el lugar más peligroso es el hogar, más de la mitad de los femicidios son perpetrados por personas que mantienen vínculos previos con las víctimas. Desde enero de 2020 hasta el mes de agosto, la Línea 144, para asesoramiento por violencia de género, recibió 74.309 consultas, lo que representó un aumento de un 20% respecto del mismo lapso de tiempo anterior al inicio del aislamiento. ¿Pero cuál es la respuesta estatal?
De acuerdo al Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, de la asociación civil La Casa del Encuentro, en 2019 se registraron 299 femicidios en todo el país, la cifra más alta desde 2008, año en que la organización comenzó a elaborar los informes. Además, 1 de cada 5 mujeres asesinadas en 2019 tenían denuncias previas, de las cuales el 43% tenían la perimetral.
Paola Tacacho era de Salta pero vivía en San Miguel de Tucumán. Tenía 32 años y era profesora de Inglés. El pasado 30 de octubre salía del gimnasio, en pleno centro, cuando Mauricio Paradas Pareja la asesinó de varias puñaladas en la espalda y luego se suicidó. Lo había conocido en 2015, en un terciario donde ella daba clases. Desde ese momento, Paradas Pareja la acosó y amenazó de muerte durante cinco años en los cuales Paola llegó a realizar trece denuncias en Tucumán. En Salta, su familia había presentado cuatro más. La única respuesta fue una restricción de acercamiento. Las personas denunciaron no solo la falta de respuesta estatal, sino también la falta de acompañamiento institucional y de herramientas al interior del establecimiento educativo, para afrontar la situación.
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Foto: Nadia Díaz
Recientemente, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales realizó una investigación acerca de la actuación del sistema de justicia de la Ciudad de Buenos Aires en casos de violencia de género. El estudio revela que el 64% de las víctimas habían puesto una denuncia previa por violencia y “evidencia fallas en el Poder Judicial y en las instituciones del Estado (…) sobre la adopción de medidas tendientes a hacer cesar las violencias, la garantía de no repetición y la obligación de proporcionar servicios de apoyo adecuados para las víctimas”. Además, no solo se constata que el 57% de las medidas de protección son incumplidas, sino que además muchas veces suponen un obstáculo cuando se decretan a favor de la mujer pero no de sus hijos e hijas involucradas.
El proceso de la intervención judicial presenta deficiencias, particularmente en las instancias posteriores a la denuncia, como “la fragmentación de las respuestas que entrega el sistema y la multiciplidad de expedientes que se generan, lo que obliga a las mujeres a repetir sus declaraciones sobre los hechos.
Algo que también la investigación destaca es la falta de un seguimiento adecuado de las medidas: “Es preocupante que el estudio no advierta activismo por parte de los y las operadoras judiciales ni del Ministerio Público Fiscal, en cuanto al control de las medidas decretadas en el marco de la suspensión del proceso a prueba(…)”. Así, el proceso de la intervención judicial presenta deficiencias, particularmente en las instancias posteriores a la denuncia, como “la fragmentación de las respuestas que entrega el sistema y la multiciplidad de expedientes que se generan, lo que obliga a las mujeres a repetir sus declaraciones sobre los hechos. A esta experiencia revictimizante se le suman los reiterados diagnósticos a los que deben someterse”.
Foto: Nadia Díaz
Uno de los avances legislativos más destacados en materia de violencia de género de los últimos años fue la Ley Micaela, que establece la formación y capacitación obligatoria en perspectiva de género para los tres poderes del Estado y organismos descentralizados. Fue una sanción fundamental, pero también parte de un camino al que le queda mucho por recorrer. En una entrevista para Página/12, la abogada Ileana Arduino, quien dirigió el estudio anteriormente mencionado, destaca: “Por acceso eficaz entendemos escucha eficiente, conducente, que considere las características del conflicto. Estas medidas que son aplicadas de forma burocrática, rutinaria, sistemática, sin atender los matices de los casos tienen estas falencias”. Para ella, es necesario pensar en dispositivos que acompañen las medidas de control, escuchar y actuar de forma especializada, en función de lo que se presenta.
Uno de los avances legislativos más destacados en materia de violencia de género de los últimos años fue la Ley Micaela, que establece la formación y capacitación obligatoria en perspectiva de género para los tres poderes del Estado y organismos descentralizados.
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La provincia de Tucumán, donde fue asesinada Paola Tacacho, fue la última en adherirse a la Ley Micaela y una de las jurisdicciones que más resistencia presentó frente a la normativa. Desde su avance en la Legislatura provincial, durante los primeros meses de este año, se llevaron adelante una serie de estrategias para frenar su sanción, entre ellas, la presentación de un proyecto que calificaba a la Ley Micaela como una herramienta de «adoctrinamiento ideológico». Finalmente, la adhesión se hizo realidad el pasado mes de mayo. Esto no es menor, es solo una muestra de los obstáculos para la ampliación de derechos y para materializar los caminos que permitan prevenir y eliminar las violencias a nivel nacional.
Durante el último tiempo, los movimientos feministas se expandieron y su presencia se convirtió en un factor fundamental en las calles para reclamar la presencia del Estado. Si bien las conquistas no son menores, los números de las violencias se mantienen año tras año, evidenciando la necesidad de políticas activas, de herramientas federales que permitan prevenir pero también desarmar los mecanismos que continúan perpetuando las desigualdades.
