Represión en la protesta social: en Argentina todos los índices van en aumento

por Giuliana Sordo

Desde la llegada de Cambiemos al poder en diciembre de 2015, la represión en los contextos de protesta social se hizo cada vez más cotidiana. Sin embargo, en el año 2017 se pudo ver un grave ascenso con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y la cantidad de detenciones arbitrarias con las que resultaron varias manifestaciones. Estos índices ya los venía señalando la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y ahora los denuncia Amnistía Internacional. 



Amnistía Internacional, la organización que defiende los derechos humanos en todo el mundo, publicó su informe anual sobre la situación en todo el mundo y apuntó duramente a los retrocesos experimentados en dicha materia en Argentina desde la llegada de Mauricio Macri al poder. Principalmente, denunciaron la “tendencia preocupante respecto a la criminalización de la protesta social y a la libertad de expresión”.

La situación de los derechos humanos en el mundo 2017″, es un análisis sobre la realidad que viven 159 países en los que se enumeran las distintas situaciones que mejoraron, empeoraron o continúan violando los derechos humanos en cada lugar. En el contexto local, el reporte da cuenta de que la represión a la protesta social es una tendencia preocupante en Argentina.

De esta forma, se enumera las diferentes situaciones como las manifestaciones que durante todo el año 2017 registraron picos de violencia que no eran cotidianos, destacando fuertemente las represiones en las marchas de diciembre de 2017 donde el centro porteño se encontró por varios días militarizado y con un despliegue del arsenal del aparato represivo estatal inusitado.  Estos hechos reflejan una peligrosa represión a la libertad de expresión, de reunión y de protesta social.

Ese aumento en las situaciones de violencia en contextos de reclamos sociales, además se reflejaron en la enorme cantidad de detenciones arbitrarias e indiscriminadas, en los heridos y en dos muertes ejemplares: el fusilamiento de Rafael Nahuel y la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. 

Este aumento en la política represiva de Cambiemos ya había sido denunciado por CORREPI, la organización antirrepresiva que registró 235 hechos represivos en todo el país desde diciembre de 2015 a los primeros días de diciembre en el 2017. A su vez, demostró que 725 personas murieron en manos de las fuerzas represivas del Estado en solo 721 días de gobierno. Es decir, que desde que Mauricio Macri y Patricia Bullrich se encuentran al mando del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad una persona muere cada 23 horas producto del accionar represivo estatal, siendo un récord en la democracia argentina.

(Leer nota: El gobierno de Mauricio Macri mata cada 23 horas)

“Las mujeres y las niñas tenían dificultades para acceder a un aborto legal. Se siguió criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas. Los derechos de las personas migrantes sufrieron retrocesos importantes”, es el resumen del apartado que el organismo internacional de Derechos Humanos señala sobre la situación en Argentina. El informe además da cuenta de la situación en la que se encuentra la violencia hacia las mujeres y el vaciamiento de las políticas públicas que trabajaban por disminuirla.

Si bien menciona los avances en materia de juicios de lesa humanidad y las condenas que siguen avanzando en los procesos judiciales que continúan desarrollándose, también manifiesta la impunidad del fallo del 2×1 a los genocidas. A su vez, denuncia que no se cumplió con la solicitud del “Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la liberación inmediata de la líder social y activista Milagro Sala”, dado que solo se atendió parcialmente con la prisión domiciliaria.

En este sentido, los números en relación a los derechos humanos en el país y la evidencia de las tendencias en alza no dejan de reflejar un retroceso importante en las diversas áreas enumeradas. Las afirmaciones de los funcionarios sobre el aval represivo del accionar policial en el caso Chocobar y la intención de insertar en la agenda pública el debate sobre la pena de muerte deben ser puestas en relación con estos índices. El resultado es un combo grave y preocupante.



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