5 lugares comunes sobre el aborto que afectan los derechos de las mujeres

por Redacción La Primera Piedra

En Argentina,  la clandestinidad del aborto afecta la vida de miles de mujeres en todo el país. La crimininalización y las muertes provocadas por prácticas inseguras hace que sea necesario un debate urgente para su legalización. Sin embargo,  como contrapartida de la lucha feminista que reclama desde hace años un derecho fundamental, surgen argumentos falaces que no hacen otra cosa que desinformar sobre la problemática. ¿Cuáles son los lugares comunes que es necesario desterrar? (Foto: Gustavo Yuste)



1- “El aborto es un problema moral”

Esta perspectiva oculta la responsabilidad del Estado sobre una problemática que afecta los derechos sexuales y reproductivos de miles de mujeres en Argentina. En la actualidad, la clandestinidad del aborto es la principal causa de mortalidad materna: según los últimos registros del Ministerio de Salud se estima que mueren más de 100 mujeres al año, debido a abortos practicados en condiciones precarias de higiene. Esta situación afecta particularmente a las clases más vulnerables, que no tienen posibilidades económicas de acceder a prácticas que garanticen un mínimo de cuidado sanitario, a las que sí tienen alcance los sectores de mayores recursos.

En la actualidad, la clandestinidad del aborto es la principal causa de mortalidad materna: según los últimos registros del Ministerio de Salud se estima que mueren más de 100 mujeres al año, debido a abortos practicados en condiciones precarias de higiene

Tal como informamos anteriormente en La Primera Piedra, el acceso a un aborto seguro tiene un costo que, según estimaciones, ronda los 8 mil pesos antes de la semana 12 y que puede llegar a ascender incluso a los 50 mil pesos. Lo mismo sucede con los medicamentos como el Misoprostol, alrededor de los cuales se conforma un mercado negro que lucra con la necesidad y los derechos vulnerados de las mujeres. Según datos del colectivo Economía Femini(s)ta, los precios de la droga oscilan entre 1500 y 4000 pesos. Ignorar estos datos a la luz de argumentos morales no hace otra cosa que clausurar un debate necesario y urgente que implica considerar el aborto como un problema de salud pública del cual el Estado debe responsabilizarse.

(Leer nota relacionada: La violencia machista en todas sus formas: la necesidad de tratar el aborto y la menstruación como temas de salud pública)


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Foto: Gustavo Yuste


2- “En Argentina, todo tipo de aborto es ilegal”

En Argentina, el aborto está contemplado en el Código Penal desde 1921. El artículo 86 establece excepciones a la punibilidad en caso de que el embarazo implique peligro para la vida y/o salud de la mujer, o sea producto de una violación. Esto fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia el 13 de marzo de 2012, al confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Chubut que, en el año 2010, había autorizado un aborto a una joven de 15 años violada por su padrastro.

De este modo, la Corte terminó con  la interpretación restrictiva y arbitraria del artículo 86. Exhortó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a garantizar el acceso efectivo al aborto no punible y a que se aprueben protocolos sanitarios para tal fin, como sucedió con el publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación. También instó a los poderes judiciales de todas las jurisdicciones a que no obstruyan la práctica, debiendo abstenerse de judicializar en los casos establecidos, y al sistema de salud a desmontar las barreras que pudieran obstaculizar la interrupción legal del embarazo. Asimismo, sostuvo la necesidad de sancionar e investigar a quien no permitiera llevar adelante esta práctica.

El personal de salud tiene la obligación de brindar infomación y practicar un aborto en los casos mencionados a quien lo solicite. Sólo es necesario la palabra y la firma de la mujer en una declaración jurada y, en caso de violación, el médico no puede exigir ni una denuncia penal ni una orden judicial.

Si bien el Protocolo es de “aplicación obligatoria en todos los contextos y debe ser seguido tanto por instituciones públicas como privadas”, aún no ha sido lo suficientemente difundido y efectivamente implementado en todas las provincias del país. Sin embargo, su inexistencia hospitales o servicios de salud locales no quita la posibilidad de que una mujer pueda acceder a un aborto legal. Conocer esta información  es de vital importancia para que las mujeres conozcan sus derechos. El personal de salud tiene la obligación de brindar infomación y practicar un aborto en los casos mencionados a quien lo solicite. Sólo es necesario la palabra y la firma de la mujer en una declaración jurada y, en caso de violación, el médico no puede exigir ni una denuncia penal ni una orden judicial.


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Foto: Gustavo Yuste


3- “No hay evidencias que sostengan las estadísticas sobre el aborto”

Algunas de las voces que se alzan en contra del aborto intentan deslegitimar los registros existentes, argumentando la falta de evidencia concreta que avale las cifras presentadas. Si bien es cierto que la clandestinidad hace que sea difícil contabilizar el número exacto de abortos y de mujeres muertas a partir de prácticas realizadas en condiciones precarias, los datos que suelen utilizarse de parámetro en artículos periodísticos e informes de organizaciones que luchan por la legalización no carecen de fundamentos.

En Argentina, se estima que cada año abortan entre 450 mil 500 mil mujeres, de las cuales alrededor de 70 mil son hospitalizadas por complicaciones.

En Argentina, se estima que cada año abortan entre 450 mil 500 mil mujeres, de las cuales alrededor de 70 mil son hospitalizadas por complicaciones. Tal como explica un informe de Amnistía Internacional, la medición corresponde a un trabajo de investigación realizado por las demógrafas Edith Alejandra Pantelides y Silvia Mario a pedido del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2005. En su estudio, aplicaron un sistema de información cruzada basándose en dos metodologías de análisis en las que combinaron diversas fuentes resultante de encuestas a proveedores de abortos, estadísticas sobre complicaciones del aborto, datos sobre mortalidad, encuestas de población, estudios prospectivos, informes anónimos de terceras personas, y estimaciones de expertos, entre otros.

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Aún con sus debilidades e imprecisiones detalladas por las autoras – propias de la clandestinidad y el temor de la población a brindar información sobre una práctica considerada ilegal – los datos surgieron de una investigación minuciosa y no fueron inventados en el vacío, representando así un parámetro de magnitud considerable para dar debate sobre la problemática. 


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Foto: Gustavo Yuste


4- “La despenalización conduciría a un aumento ‘desmedido’ de abortos”

Otro de los argumentos que se suele sostener es el rechazo a un supuesto aumento exponencial de abortos que la despenalización provocaría. Por un lado, cabe destacar que, más allá de los números, la importancia de la discusión radica en garantizar el derecho de todas las mujeres a decidir libremente sobre su propio cuerpo y a configurar, en caso de así quererlo, la maternidad como un deseo, y no como un mandato que pese desde la estructura patriarcal de la sociedad. En segundo lugar, diversos estudios han demostrado que la despenalización no aumentaría la tasa de abortos, sino que disminuiría las muertes de las mujeres víctimas del sistema clandestino.

 Diversos estudios han demostrado que la despenalización no aumentaría la tasa de abortos, sino que disminuiría las muertes de las mujeres víctimas del sistema clandestino.

En 2016, un informe publicado por la revista The Lancet en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica cómo, en los países que en los que se cuentan con políticas sexuales y reproductivas, entre ellas la posibilidad de abortar de forma segura en el sistema de salud pública, los abortos cada 1000 mujeres disminuyeron de 46 a 27. En cambio, en las regiones en vías de desarrollo en las que se carece de dichas políticas las tasas abortivas aumentaron. En América Latina y el Caribe – donde la mayoría de los países mantienen leyes restrictivas respecto al aborto – el incremento fue del 23 al 32%, siendo el más alto del mundo.

(Leer nota relacionada: La lucha por el aborto en Sudamérica: ¿qué dicen las leyes en cada país?)

En Uruguay, la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde el año 2012. De acuerdo a un informe del Diario Internacional de Ginecología y Obstetriciaes el país con la menor tasa de mortalidad materna de toda América, sólo superado por Canadá. El análisis señala, además, que la despenalización logró que se alcanzaran una de las tasas de embarazos interrumpidos más bajas del mundo, con un promedio de 9 de cada 1000 mujeres. Además, según un trabajo editado por el médico brasileño Anibal Faúndes, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Estadual de Campinas en San Pablo,  en Uruguay el aborto pasó de provocar el 37,5 por ciento de las muertes maternas en el período 2001-2005 a solo el 8,1 por ciento en 2011-2015.


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Foto: Gustavo Yuste


5- “Abortar también es femicidio”

En el último tiempo, el movimiento organizado de mujeres ha logrado la incorporación del término femicidio a la agenda social y mediática, en un camino que busca desnaturalizar las violencias que sufren las mujeres por su condición de género. Sin embargo, las declaraciones de distintos sectores han demostrado la incomprensión que persiste alrededor de los reclamos. Entre ellas, se destaca la de Esteba Bullrich, actual candidato a Senador por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que igualó los conceptos de femicidio y aborto. Esto fue también mencionado por el diario La Nación en varias editoriales, posteriores y anteriores a los dichos del ex Ministro de Educación.

Este argumento muestra un profundo desconocimiento sobre los reclamos por los derechos de las mujeres y sobre cuestiones específicas del desarrollo de los embriones durante el embarazo para determinar su sexo. Descalifica la base misma del movimiento Ni Una Menos.

Este argumento muestra un profundo desconocimiento sobre los reclamos por los derechos de las mujeres y sobre cuestiones específicas del desarrollo de los embriones durante el embarazo para determinar su sexo. Descalifica la base misma del movimiento Ni Una Menos, lo cual es peligroso, teniendo en cuenta la urgencia de declarar una emergencia de género y la necesidad de que los medios de comunicación se comprometan con la cuestión para crear consciencia de lo que es una sociedad machista, en lugar de desinformar y restar importancia a los reclamos.

(Leer nota relacionada: Negar los derechos ante todo: el editorial de La Nación contra el aborto)

Ni Una Menos es un movimiento que fue tomando fuerza gracias a la activa militancia feminista para luchar contra las violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo, porque se las considera objetos en una sociedad patriarcal que considera que pueden ser manipuladas y, en su más espantosa y cruel expresión, asesinadas, tratadas como basura. Así, la confusión de términos demuestra la ignorancia hacia un reclamo esencial para construir una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias.


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