Hoy se cumplen 27 años del crimen de María Soledad Morales, la joven de 17 años violada y asesinada en Catamarca, el 8 de septiembre de 1990. La investigación visibilizó la trama de corrupción en la que se escondían los denominados «hijos del poder» y desencadenó una crisis institucional que terminó con una dinastía política. El reclamo por justicia se extendió por todo el país, alcanzado una repercusión de magnitudes inimaginables para una época en la que los femicidios aún no eran considerados como tales.
María Soledad Morales tenía 17 años y vivía en el Deptaramento de Valle Viejo, Catamarca. La madrugada del 8 de septiembre de 1990 salió de una fiesta que había organizado con sus compañeras del Colegio del Carmen y San José, para juntar fondos para el viaje de egresados en el boliche Le Feu Rouge. Dos días después, dos trabajadores de Vialidad Nacional encontraron su cuerpo desnudo y mutilado en el ingreso del Club Parque Daza, al costado de la ruta 38 y a 2.000 metros de su casa. Las evidencias a lo largo de una causa poblada de irregularidades y encubrimientos demostrarían que fue drogada y violada entre al menos dos y cuatro personas.
La primera Marcha del Silencio se repitió con el acompañamiento de estudiantes de otras escuelas, padres y vecinos, hasta que la multitud llegó a reunir a más de 33 mil personas que caminaron por las calles de Catamarca exigiendo justicia, hartos de la violencia y la corrupción.
La primera Marcha del Silencio fue el 14 de septiembre de 1990. Comenzó con la organización de las alumnas de cuarto y quinto año del colegio al que había asistido María Soledad, con el apoyo de la rectora Martha Pelloni, símbolo de lucha contra la impunidad junto a los padres de la adolescente, Ada Rizzardo y Elías Morales. A la semana siguiente, se repitió con el acompañamiento de estudiantes de otras escuelas, padres y vecinos, hasta que la multitud llegó a reunir a más de 33 mil personas que caminaron por las calles de Catamarca exigiendo justicia, hartos de la violencia y la corrupción. En Catamarca, las violaciones de mujeres jóvenes de sectores vulnerables por parte de hombres de las clases más poderosas era moneda corriente.
María Soledad Morales
La investigación estuvo marcada desde un inicio por la complicidad estatal que buscó proteger a quienes fueron los principales sospechosos, conocidos como “los hijos del poder”: Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque, Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente José Jalil y Miguel Ferreyra, hijo del jefe de la Policía provincial. Las pruebas apuntaron también contra Luis Tula, novio de María Soledad que, de acuerdo a las declaraciones de testigos, se encontró con la adolescente la madrugada del 8 de septiembre y la dejó en manos de Guillermo Luque y otras personas en el boliche Clivus. El grupo luego se la llevó de allí para intoxicarla con cocaína y violarla, hasta que sufrió un shock que le provocó la muerte.
Las pruebas apuntaron contra Luis Tula, novio de María Soledad que, de acuerdo a las declaraciones de testigos, se encontró con la adolescente la madrugada del 8 de septiembre y la dejó en manos de Guillermo Luque y otras personas en el boliche Clivus.
En noviembre de 1990, Luis Tula fue arrestado por el cargo de homicidio. Sería la primera de siete detenciones que se dictaron en su contra a lo largo del proceso. Guillermo Luque fue detenido en febrero de 1991 y enviado al Instituto Penitenciario Julio Herrera de la capital catamarqueña, donde permaneció casi dos años, hasta enero de 1993. Ambos quedaron en libertad antes del primer juicio oral, que comenzó recién en 1996. Para ese entonces, los encubrimientos y el hartazgo de una sociedad que ya no se quedaría callada habían desencadenado una crisis institucional en una provincia que mantenía un sistema político cruzado por favoritismos y dinastías familiares.
Cuando su hijo fue imputado, Ángel Luque, operador del entonces gobernador provincial Ramón Saadi y amigo personal del ex presidente Carlos Menem, intentó limpiar torpemente las sospechas con pruebas que se volvieron en su contra, pero también con una frase que marcó la cara más corrupta y brutal del poder: «Un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si lo hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más». La máxima expresión del machismo y la impunidad que lo expulsaría de la Cámara de Diputados, por 129 votos contra 2.
«Un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si lo hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más». La máxima expresión del machismo y la impunidad que expulsaría a Ángel Luque de la Cámara de Diputados, por 129 votos contra 2.
Unos meses después, el 17 de abril de 1991, Carlos Menem comprendió que ya no podía sostener a sus aliados en el poder. Ante la presión social, intervino la provincia de Catamarca, poniendo fin a una dinastía que había comenzado hacía cuatro décadas con Vicente Leónidas Saadi, y que se había perpetuado con su hijo, Ramón Saadi. Como investigador, Memen designó al represor Luis Patti, ex sub comisario y ex intendente, actualmente condenado a dos prisiones perpetuas por crímenes de lesa humanidad y juzgado por el homicidio de un periodista entrerriano en 1976. Patti, que mientras estuvo a cargo nunca ocultó su predilección por la tortura como método de investigación, manejó en todo momento la hipótesis del «crimen pasional», poniendo el foco en Tula y apartando a Luque de las acusaciones. Con las sospechas de buscar desviar la causa, fue finalmente apartado del caso.
Luego de haber pasado por manos de varios jueces a lo largo de los años, la causa llegó a juicio oral el 26 de febrero de 1996, con Tula y Luque como únicos acusados. Fue un proceso escandaloso, transmitido en directo a todo el país, que se derrumbó cuando un gesto entre dos jueces del tribunal, captado por las cámaras, fue interpretado como una señal de favoritismo hacia Luque. Quien por entonces era abogado de los Morales, Luis Segura, pidió su recusación, que no fue aceptada por la Corte Provincial. Sin embargo, el presidente del tribunal Alejandro Ortiz Iramaín renunció, seguido de los otros dos integrantes por los cuales se había desencadenado la situación. El juicio se anuló: los 111 testigos y 19 audiencias realizadas hasta ese momento perdieron valor.
Luego de haber pasado por manos de varios jueces a lo largo de los años, la causa llegó a juicio oral el 26 de febrero de 1996, con Tula y Luque como únicos acusados. Fue un proceso escandaloso, transmitido en directo a todo el país, que se derrumbó cuando un gesto entre dos jueces del tribunal, captado por las cámaras, fue interpretado como una señal de favoritismo hacia Luque
El proceso comenzó nuevamente en agosto de 1997. El caso había pasado ya por tantos funcionarios catamarqueños que tuvieron que intervenir de otras provincias. Al fiscal Gustavo Taranto, de Córdoba, se sumaron los jueces Jorge Raúl Alvarez Morales y Edgardo Rubén Alvarez. La presidencia del tribunal recayó sobre Santiago Olmedo de Arzuaga, procesado en 2016 por su complicidad con crímenes de lesa humanidad. Fue un juicio de 87 audiencias, por las que pasaron 372 testigos a lo largo de seis meses. A partir de los testimonios, Taranto convalidó la hipótesis ya conocida: la entrega de María Soledad a Luque y su grupo por intermedio de Tula, la intoxicación y violación seguida de muerte, el traslado hasta la casa de Ángel Luque y de allí al Sanatorio Pasteur (propiedad de la familia Jalil), donde intentaron reanimarla sin éxito.
Ada Rizzardo y Elías Morales, padres de María Soledad
La condena se dictó en 1998: 21 años para Guillermo Luque por violación y homicidio y 9 para Luis Tula por ser “partícipe necesario”. Además, se ordenó la inmediata detención de Hugo «Hueso» Ibañez y Luis «El Loco» Méndez, dos íntimos amigos de Luque, considerados coautores del crimen por el tribunal. Ambos fueron procesados y finalmente sobreseídos por falta de pruebas. El camino estuvo atravesado por numerosas irregularidades que abrieron una ventana a la trama de poder tejida detrás de la complicidad estatal y que involucraron torturas, secuestros, sobornos, desaparición de pruebas y testimonios clave y desvíos de la investigación.
El camino estuvo atravesado por numerosas irregularidades que abrieron una ventana a la trama de poder tejida detrás de la complicidad estatal y que involucraron torturas, secuestros, sobornos, desaparición de pruebas y testimonios clave y desvíos de la investigación.
Se pueden nombrar algunos de los tantos testigos que hablaron de la complicidad policial, como el colectivero Carlos Ponce, quien aseguró haber visto a dos agentes en el lugar donde después se encontró el cuerpo de María Soledad la madrugada del 8 de septiembre. También declararon tres bomberos que afirmaron que el comisario José Antonio Leguizamón, quien dependía directamente de la jefatura de Policía del ex comisario Miguel Ángel Ferreyra, les ordenó lavar el cuerpo antes de la autopsia. El expediente en donde se registraban sus testimonios desapareció del Juzgado de Instrucción.
Ante el evidente desmembramiento y saqueo de la causa, el tribunal ordenó, en su veredicto, el procesamiento por falso testimonio a 33 testigos, entre los que se encontraban los ex diputados nacionales Luis Saadi, Carlos Rosales Saadi y Luis Uriondo. Al mismo tiempo, por pedido del fiscal, ordenó investigar por encubrimiento a 21 personas entre ellos el ex gobernador Saadi, su hermana Alicia, Jorge Díaz Martínez, ex subsecretario del Interior de la Nación, y por lo menos 17 policías que intervinieron en la investigación, incluido el ex jefe, Miguel Ferreyra. Con el paso del tiempo, muchos de ellos lograron ascensos en sus funciones a pesar de las sospechas que recaían en su contra.
La causa estuvo en manos de varios jueces, pero nunca se llevó adelante. En 2011 pidieron archivarla argumentando la prescripción, sin que haya existido ningún avance para desentrañar la complicidad política, policial y judicial que postergó el esclarecimiento del femicidio y que continúa ocultando a un núcleo de poder que goza de total impunidad. Para el año 2006, Luis Tula ya estaba en libertad. Juró como abogado en 2009 y ahora trabaja en el fuero local. Guillermo Luque salió en el año 2010 por «buen comportamiento».
La causa estuvo en manos de varios jueces, pero nunca se llevó adelante. En 2011 pidieron archivarla argumentando la prescripción, sin que haya existido ningún avance para desentrañar la complicidad política, policial y judicial que postergó el esclarecimiento del femicidio y que continua ocultando a un núcleo de poder que goza de total impunidad.
El caso de María Soledades Morales representó el primer grito silencioso de una sociedad que se extendió por todo el país en repudio al femicidio, a décadas de que ese término tuviera alguna clase de presencia en las agendas mediáticas. Las magnitudes de una repercusión sin precedentes marcaron un primer paso hacia la desnaturalización de la violencia de género, pero también el hartazgo ante la trama de corrupción en la que descansan los sectores más poderosos, apañados por la complicidad machista del Estado.
