México en crisis: un Estado sin respuestas

por Lucía De Dominicis

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI) publicaron durante este año graves alertas sobre la situación de los derechos humanos en México. Denuncian desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, altos niveles de inseguridad ciudadana y amenazas sobre la libertad de expresión. En este contexto, el Estado mexicano no asume su responsabilidad y el pueblo continúa pagando las consecuencias de la impunidad.


Pocas veces las noticias sobre la grave crisis institucional que se vive en México se publican en los diarios del sur del continente. Los datos parecen llegar más despacio que aquellos provenientes de las coberturas de masacres en Estados Unidos o atentados en capitales europeas. Ni tampoco aparecen corresponsales instantáneos transmitiendo en vivo y en directo, mostrando, contando e informando. Pero, a diferencia de estos, las organizaciones internacionales de derechos humanos hablan de una de las peores crisis en la historia de México y exigen la intervención urgente del Estado.

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El hecho de mayor relevancia internacional fue la masacre de Ayotzinapa en 2014, cuando un grupo de estudiantes que reclamaba en defensa de las escuelas rurales fue salvajemente atacado por la policía. Como resultado del enfrentamiento, 6 personas murieron y 43 de los estudiantes se encuentran desaparecidos hasta el día de hoy. La violencia exagerada y la complicidad del Estado con los grupos narcos y criminales llamaron la atención de la prensa internacional y los reclamos de justicia se hicieron escuchar en distintas ciudades del continente. En el proceso de búsqueda de los cuerpos, se destaparon decenas de fosas clandestinas con cadáveres no identificados, evidenciando que Ayotzinapa no fue una excepción sino un eslabón más en la cadena de los crímenes institucionales en México.

Se destaparon decenas de fosas clandestinas con cadáveres no identificados, evidenciando que Ayotzinapa no fue una excepción sino un eslabón más en la cadena de los crímenes institucionales en México

El informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México afirma que el país “atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”. Ubica el inicio de esta etapa en el 2006, cuando la “guerra del narcotráfico” impuso niveles alarmantes de violencia e inseguridad a los que el Estado respondió con el aumento del poder de las Fuerzas Armadas. A pesar del cambio de gobierno en 2012, la situación ha continuado empeorando y  el informe denuncia que “la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos”.


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Según números publicados por Amnistía Internacional, a finales del 2015, había en México 27.638 personas desaparecidas y 151.233 homicidios y afirman que “las pocas investigaciones criminales sobre esos casos presentaban deficiencias, y las autoridades no buscaban a las víctimas”. También denuncian que la tortura y los malos tratos son acciones generalizadas entre quienes deben hacer cumplir la ley.

Según los números publicados por Amnistía Internacional, había en México 27.638 personas desaparecidas a finales de 2015 y 151.233 homicidios y afirman que “las pocas investigaciones criminales sobre esos casos presentaban deficiencias, y las autoridades no buscaban a las víctimas”.

Otro de los datos más terribles es que México es el país más peligroso para hacer periodismo en América Latina. Durante 2015, 8 profesionales fueron asesinados y en lo que va del 2016 murieron otros 6. Además, constantemente son víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones. Esta misma situación la sufren los miembros de grupos defensores de los derechos humanos que reclaman frente a tanta impunidad estatal. En paralelo, las mujeres, niños y personas migrantes son los grupos que más sufren la situación de inseguridad constante que se vive en el país.

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La noticia más reciente de represión policial en México que se conoció fue la ocurrida durante una manifestación contra la reforma educativa en Oaxaca, donde ocho personas murieron y más de cien resultaron heridas. Estas respuestas por parte del aparato represivo son constantes frente a los reclamos en las reformas políticas que lleva adelante el gobierno en cuestiones sociales y económicas.

La represión y la violencia del Estado se hacen visibles todos los días en México, tal como muestran estos informes. La impunidad de estos crímenes y abusos por parte de las fuerzas represivas deja al pueblo sin recursos para enfrentarse a una ola de violencia inagotable. El pueblo latinoamericano junto con los organismos de derechos humanos internacionales deben alertar sobre esta situación, movilizarse y exigir una solución para que nadie más tema vivir, trabajar o informar en el lugar donde vive por reclamar contra el Estado. 

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