Bastones largos en el Gobierno de Macri: la criminalización de los estudiantes

por Laura Verdile

La semana pasada se registraron dos nuevos ataques de la policía a estudiantes de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Uno ocurrió en Banfield, donde cuatro chicos fueron perseguidos y hostigados en las inmediaciones de su escuela; el otro en Berisso, mientras un grupo de alumnos reclamaba pacíficamente mejoras edilicias frente a la municipalidad. Ambos se suman a una lista de al menos ocho episodios de agresión policial hacia estudiantes en lo que va del año. ¿Qué se esconde detrás de estos hechos de violencia hacia los más jóvenes? (Foto: La Izquierda Diario).


Lautaro tiene 16 años y asiste a la Escuela Normal Antonio Meyrut (ENAM) de Banfield, provincia de Buenos Aires. Él y tres compañeros se encontraban en una plaza cercana a la estación de trenes de la localidad la mañana del 17 de mayo, cuando fueron interceptados por policías que comenzaron a perseguirlos y a dispararles balas de goma. Lautaro se escondió en un quiosco y fue detenido antes que sus amigos, que corrieron a refugiarse en la escuela. Tal como relata Página /12, lo revisaron, le quitaron sus pertenencias y, bajo amenazas,  lo obligaron a subirse a un patrullero para rastrear a los otros chicos. Le dijeron que por su apariencia no duraría en la cárcel, “que iba a ser un pollo” y que lo harían hablar “por la fuerza”.

Lautaro se escondió en un quiosco y fue detenido antes que sus amigos, que corrieron a refugiarse en la escuela. Lo revisaron, le quitaron sus pertenencias y, bajo amenazas,  lo obligaron a subirse a un patrullero para rastrear a los otros chicos. Le dijeron que por su apariencia no duraría en la cárcel, “que iba a ser un pollo” y que lo harían hablar “por la fuerza”.

Minutos después, seis oficiales de la policía llegaron a la ENAM con patrullas sin patentes y negando identificarse con la excusa de “haber perdido sus placas”. Ingresaron al establecimiento, armados, y comenzaron a empujar a docentes y estudiantes buscando a los compañeros de Lautaro. Uno de ellos fue apresado y sacado a la rastra de la escuela. Pero la resistencia de los docentes y alumnos logró sacar a los agentes del edificio, evitar que se llevaran a los chicos y sacar a Lautaro del patrullero donde se encontraba. Los oficiales intentaron justificar el hostigamiento acusando a los chicos de portar armar que no poseían.

A pocos días del episodio, el 19 de mayo, estudiantes fueron nuevamente el blanco de ataques, esta vez en la localidad de Berisso. Un grupo de chicos, de entre 15 y 18 años, de la Escuela Media N°1 se había dirigido a la Municipalidad para reclamar mejoras edilicias para su escuela. Denuncian que el sistema de calefacción se encuentra roto,  los techos tienen goteras y que incluso sufren problemas de salubridad por palomas que ingresan a las aulas. Mientras los alumnos se encontraban en la vereda frente al garaje, dos hombres de campera negra agarraron a dos de ellos por el cuello. A León lo aprisionan sobre el capot de un auto y a Arón lo tiran al suelo y comienzan a ahorcarlo. Participaron del ataque policías y también funcionarios.


 


Estos episodios son sólo una muestra del recrudecimiento de la violencia institucional y de los ataques que vienen sufriendo los estudiantes y docentes en todo el país. En lo que va del año, las fuerzas de seguridad ingresaron ilegalmente a escuelas o universidades al menos ocho veces, llegando incluso a hostigar y a realizar detenciones a mansalva, como también sucedió en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. El 13 de abril Ignacio García y Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, fueron detenidos violentamente sin explicación alguna por varias horas, mientras se encontraban haciendo un asado al interior del predio. El hecho terminó con la renuncia del jefe y subjefe de la policía provincial.

El 12 de mayo, también en Lomas de Zamora, la policía ingresó a la Facultad de Derecho con el aval de la decana y amedrentó a estudiantes que protestaban por presunto fraude durante el escrutinio de las elecciones. Tres días antes, un docente de la Escuela Secundaria 12 fue golpeado y detenido cuando filmó e intentó intervenir en la requisa de un grupo de alumnos que se encontraban en la puerta del establecimiento. En el Colegio Mariano Acosta también se hizo presente la policía, aduciendo un “pedido de los vecinos”. Fue durante una clase pública, en señal de intimidación. Hacia el final de la jornada, uno de ellos entró armado a la escuela.

Estos episodios son sólo una muestra del recrudecimiento de la violencia institucional y de los ataques que vienen sufriendo los estudiantes y docentes en todo el país. En lo que va del año, las fuerzas de seguridad ingresaron ilegalmente a escuelas o universidades al menos ocho veces, llegando incluso a hostigar y a realizar detenciones a mansalva, como también sucedió en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.

La búsqueda de desarticulación de la protesta estudiantil también se observó en Vicente López, el 12 de abril. En un inusitado operativo, dos patrulleros municipales, policías de tránsito y hasta una camioneta de Gendarmería se hicieron presentes en el Colegio Paula Albarracín, cuando un grupo de alumnos se encontraban reunidos para repudiar la represión a los docentes frente al Congreso. “Váyanse a tomar la leche y hacer la tarea”, les dijeron a los jóvenes mientras les sacaban fotos por “órdenes del Municipio”. Algunos estudiantes denunciaron también haber sido seguidos por los policías.


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Foto: La Izquierda Diario


Los casos de amedrentamiento e intimidación a docentes y estudiantes no son aislados, sino que responden a un patrón sistemático de represión que ha recrudecido en los últimos meses. La intervención policial ha incrementado de la mano de la reasignación de recursos para el aumento de las políticas represivas, legitimando el uso de la fuerza y la aplicación de la “mano dura”, apoyada por los medios hegemónicos de comunicación. En este sentido, Esteban Alzueta, investigador y profesor de Sociología del Delito en la Universidad de Quilmes, afirmó a Página/12: “Se sienten habilitados y legitimados en este contexto social. Son prácticas incentivadas con las bravatas y las declaraciones pirotécnicas de Cambiemos. De alguna manera, la policía siente que escucha lo que quería oír”.

Funcional a un contexto disciplinador de poblaciones “problemáticas”, el envalentonamiento de las fuerzas de seguridad termina así por contar con la impunidad necesaria para hostigar y criminalizar a los más jóvenes. La minimización de estas prácticas que estigmatizan sobre todo a los barrios más vulnerables, víctimas de detenciones arbitrarias y gatillo fácil, conduce peligrosamente a naturalizar las agresiones.

Funcional a un contexto disciplinador de poblaciones “problemáticas”, el envalentonamiento de las fuerzas de seguridad termina así por contar con la impunidad necesaria para hostigar y criminalizar a los más jóvenes. En defnitiva, la minimización de estas prácticas que estigmatizan sobre todo a los barrios más vulnerables, víctimas de detenciones arbitrarias y gatillo fácil, conduce peligrosamente a naturalizar las agresiones y busca también desarticular la protesta social.


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