Hoy se cumplen 28 años del momento en que la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia es así una oportunidad para recordar el largo camino recorrido por el colectivo LGBTIQ, pero también, la violencia que continúa presente en la sociedad y que se reproduce con cada nuevo ataque de odio. ¿Cuál es la situación de la comunidad en Argentina y en el resto del mundo? (Foto: China Díaz)
«A la gente como vos hay que matarla». Eso le dijeron durante años a Joe Lemonge, el joven trans de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, que ahora está condenado por tentativa de homicidio luego de defenderse de un grupo de varones que entraron a su casa a atacarlo. Algo similar le ocurrió a Analía Eva de Jesús – Higui – presa durante siete meses después de que intentaran violarla y ella actuara también en defensa propia. «Te vamos a empalar, tortillera», le gritaron aquella vez. En octubre de 2017, a Mariana Gómez la detuvieron en la estación de Constitución por besar a su pareja. Su caso fue elevado a juicio oral por «resistencia contra la autoridad». Hoy enfrenta la posibilidad de un allanamiento. En los últimos seis meses, Sofía del Valle, trabajadora de FM La Tribu, fue golpeada e insultada en tres oportunidades por un grupo de hombres. A pesar de que realizó las denuncias, aún no han avanzado legalmente.
Estos son solo algunos de los casos más resonantes en los últimos meses, pero la lista de odio, discriminación y violencias contra las sexualidades y los cuerpos disidentes se multiplica.
Estos son solo algunos de los casos más resonantes en los últimos meses, pero la lista de odio, discriminación y violencias contra las sexualidades y los cuerpos disidentes se multiplica. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es por eso que en esta fecha se declaró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, posteriormente resignificado como el Día Internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Si bien, en las últimas décadas, el colectivo LGBTIQ logró, gracias a una lucha incansable, conquistas valiosas como la Ley de Matrimonio Igualitario y la de Identidad de Género, son muchos los derechos que quedan pendientes.
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Foto: China Díaz
La situación en el mundo
De acuerdo al último informe de Homofobia de Estado, publicado en 2017 por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), durante el 2016, «se avanzó signifcativamente en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay y bisexuales en América. Sin embargo, la violencia por prejuicio contra las personas con orientaciones sexuales diversas continúa siendo la norma». Según el documento, a pesar de que el número de leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo se está reduciendo, la persecución y la estigmatización persisten en muchos países.
Según el último informe de Homofobia de Estado, a pesar de que el número de leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo se está reduciendo, la persecución y la estigmatización persisten en muchos países.
En la actualidad, existen aún 72 países que criminalizan la orientación sexual por fuera de los parámetros heteronormativos, 45 de los cuales aplican estas leyes tantos a varones como a mujeres. En ocho estados se aplica la pena de muerte: son los casos de Arabia Saudita, Irán, Yemen, Sudán, Nigeria, Somalia (estos dos últimos a nivel local). En Irak y Daesh (territorios ocupados por ISIS en el norte de Irak y el norte de Siria), son actores no estatales, tribunales y milicias los que la implementan. En otros catorce países – pertenecientes África y Asia, además de Guyana – la pena máxima puede variar de 14 años a cadena perpetua. Además, el informe contabilizó también 19 estados donde las leyes de “moralidad” o leyes de “promoción” restringen la libertad de expresión en materia de orientación sexual e identidades trans, entre ellos Rusia y Lituania.
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Según el informe son 43 los países que cuentan con disposiciones legales contra delitos de odio, 72 contra discriminación en el lugar de trabajo, 39 contra la incitación al odio y 23 son los que sancionaron leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo la igualdad y el respeto a la diversidad sexual tiene aún un largo camino por delante. De acuerdo a lo señalado a Agencia Presentes por uno de los autores del documento, Aengus Carroll, «menos del 25% de los estados del mundo reconocen o protegen al colectivo LGBTIQ.
Foto: China Díaz
¿Qué pasa en Argentina?
En el caso de Argentina, el informe afirma que, de acuerdo a lo investigado, el gobierno “no está dispuesto a realizar las inversiones necesarias que requieren las políticas públicas” y sí a “tolerar una política opuesta; ha generado un agravamiento de la represión desde la policía, limitaciones en el acceso a la justicia o, judicializaciones discriminatorias”. Las situaciones enumeradas anteriormente demuestran que, además del camino normativo, son necesarios cambios a nivel cultural, que deconstruyan los cimientos de una sociedad heteronormativa que expulsa y reprime toda disidencia. Esta es la base de las discriminaciones sufridas en todos los ámbitos y que obstaculizan el acceso de la comunidad a la salud, la educación, el trabajo e incluso al espacio público.
Las situaciones enumeradas anteriormente demuestran que, además del camino normativo, son necesarios cambios a nivel cultural, que deconstruyan los cimientos de una sociedad heteronormativa que expulsa y reprime toda disidencia.
La violencia institucional y la represión al colectivo LGBTIQ es también moneda corriente. Sin ir más lejos, semanas antes de la XXVI Marcha del Orgullo del 2017, el Minsterio de Seguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza, dio a conocer el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T., enmarcando la criminalización de la comunidad y actuando como una herramienta que justifica la creciente persecución. Casos como el de Higui, Joe Lemonge o Mariana Gómez demuestran que el Estado castiga las identidades de género disidentes, las disciplina desoyendo sus voces y discriminando selectivamente.
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Foto: China Díaz
Para las personas trans y travestis – cuya expectativa de vida ronda los 35 años – , la violencia institucional es la segunda causa principal de muerte, luego del VIH o enfermedades asociadas. De acuerdo al informe “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina”, publicado en octubre de 2016 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, “el 33,4% de los crímenes de odio contra la comunidad es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal”.
Para las personas trans y travestis – cuya expectativa de vida ronda los 35 años – , la violencia institucional es la segunda causa principal de muerte, luego del VIH o enfermedades asociadas.
La violencia institucional y social contra el colectivo LGBTIQ pone en evidencia que la libertad sobre los cuerpos y las sexualidades construidos por fuera de la «normalidad» binaria incomoda a un sistema machista que rechaza la diversidad. En este contexto, este día -es recordatorio de un hecho esencial en la lucha por los derechos – la despatologización de la identidad – pero también de que el reclamo para frenar los atropellos vividos es una forma de resistencia y una decisión política.
