Mundial 2018: ¿cómo son las políticas sobre aborto en los países finalistas?

por Laura Verdile

Faltan pocas semanas para un día clave en que miles de personas volverán a unirse frente al Congreso a la espera de una ley que marca un cambio fundamental para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Mientras el Mundial de Rusia sigue adelante, Argentina está viviendo así un debate político que varios países del mundo ya atravesaron, con diferentes resultados. ¿Qué dicen las leyes sobre el aborto en los países que pasaron a cuartos de final? (Foto: Nadia Díaz)



Son días claves para la Argentina mientras se debate en la Cámara de Senadores el proyecto de ley para un aborto seguro y gratuito que se votará el próximo 8 de agosto. Después de años de lucha feminista, el reclamo finalmente se hizo un lugar en la agenda política y avanzó hasta llegar al recinto parlamentario en lo que fueron semanas históricas. En los alrededores del Congreso miles de personas se juntaron en una marea que hasta hace poco tiempo atrás hubiera sido impensable y que es símbolo del cambio de época de una sociedad que está dejando de invisibilizar las violencias sobre los cuerpos de las mujeres.

Son muchos los países del mundo que han legalizado y despenalizado el aborto hace tiempo y que han tenido resultados evidentes en la salud de las personas gestantes: las políticas públicas redujeron las tasas de mortalidad materna y quienes tienen menos recursos dejaron de recurrir a la clandestinidad.

Son muchos los países del mundo que han legalizado y despenalizado el aborto hace tiempo y que han tenido resultados evidentes en la salud de las personas gestantes: las políticas públicas redujeron las tasas de mortalidad materna y quienes tienen menos recursos dejaron de recurrir a la clandestinidad. Mientras se acerca el día en que se busca levantar la copa que muestre un avance esencial en materia de derechos humanos, avanza también el Mundial de Rusia 2018, en donde los ocho países que quedan presentan también diferentes situaciones respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. 

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Uruguay

Junto a México DF, Cuba, Puerto Rico y Guyana, Uruguay es uno de los países latinoamericanos más avanzados en materia legislativa en lo que respecta al aborto. La interrupción voluntaria del embarazo está contemplada hasta la duodécima semana de gestación desde el año 2012. Antes de que se sancionara la ley, el país vecino implementó el denominado programa de Iniciativas Sanitarias Contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, que actuó a modo de transición a partir del 2001. Tal como mencionamos en La Primera Piedra, diversos especialistas coinciden en que fue este modelo el que permitió generar conciencia del problema social y sanitario que implicaba la prohibición del aborto, al asesorar a las mujeres que así lo requerían.

Estudios como el presentado por el Diario Internacional de Ginecología y Obstetricia concluyeron que Uruguay se convirtió en el país con menor tasa de mortalidad materna en América, solo superado por Canadá, al registrar 14 muertes cada 100 mujeres.

Estudios como el presentado por el Diario Internacional de Ginecología y Obstetricia concluyeron que Uruguay se convirtió en el país con menor tasa de mortalidad materna en América, solo superado por Canadá, al registrar 14 muertes cada 100 mujeres.  El análisis señala, además, que la despenalización del aborto en Uruguay logró que se alcanzaran una de las tasas de embarazos interrumpidos más bajas del mundo, con un promedio de 11,3 de cada 1000 mujeres, cuando, a principios del 2000, la tasa era de 38.5. Además de haberse eliminado los riesgos que conllevaba la práctica de aborto en situación de clandestinidad, disminuyó también la mortalidad infantil, siendo una de las más bajas de todo el mundo.

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Foto: Diego Battiste


Brasil

En Brasil el aborto tiene una pena de hasta tres años de prisión, excepto en los casos de violación, riesgo para la salud y/o vida de la madre y, desde el año 2012, de anencefalia fetal, una malformación congénita en la que el feto no llega a desarrollar el cerebro.  Sin embargo, a fines de 2016, el Supremo Tribunal Federal reabrió el debate al fallar a favor de cinco trabajadores de una clínica clandestina de Río de Janeiro que habían sido detenidos por practicar un aborto en 2013. Los jueces decidieron, para este caso particular, que la interrupción voluntaria del embarazo, hasta el tercer mes, no puede considerarse un crimen porque eso sería violar “diversos derechos fundamentales de la mujer”. Si bien el fallo no es necesariamente vinculante, puede ser tomado como un antecedente para casos futuros.

En Brasil el aborto tiene una pena de hasta tres años de prisión, excepto en los casos de violación, riesgo para la salud y/o vida de la madre y, desde el año 2012, de anencefalia fetal, una malformación congénita en la que el feto no llega a desarrollar el cerebro

La reacción de los sectores conservadores no se hizo esperar. Luego de la resolución, el presidente de la Cámara de Diputados anunció la creación de una comisión legislativa – formada por 18 varones y 1 mujer – para intentar revertir el fallo. El pasado mes de noviembre de 2017, esta última aprobó una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 181), que establece “garantías para la vida desde la propia concepción”, buscando así prohibir por completo el aborto y eliminar incluso las excepciones contempladas. Sin embargo, para que tenga validez, este proyecto debe ser aprobado en un plenario en la Cámara de Diputados y en el Senado, proceso que aún no se llevó adelante.

Mientras que los grupos más conservadores vinculados a la Iglesia católica y evangélica continúan presionando para concretar esta legislación, el Supremo Tribunal Federal convocó para el próximo mes de agosto una audiencia pública para tratar la despenalización del aborto hasta la décimo segunda semana de gestación. La iniciativa se dio a partir de una demanda iniciada por el Partido Socialismo y Libertad en marzo de 2017 para invalidar  los artículos 124 y 126 del Código Penal que criminalizan el aborto.

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Foto: Midia Ninja – La Tinta


Inglaterra 

Inglaterra, junto a los territorios de Gales y Escocia sancionó la ley de aborto en 1967 a partir del impulso del diputado David Steel. El antecedente más inmediato fue en 1936, cuando un tribunal absolvió a un ginecólogo por practicar un aborto a mujer que había sido violada. Antes de la denominada Ley Steel, y tal como relata El País, se calcula que se practicaban alrededor de 30 mil abortos al año en condiciones clandestinas e inseguras que derivaban en alrededor de 2500 ingresos hospitalarios. A partir de la sanción, el índice de fallecimiento por abortos disminuyó y llego a ser inferior al de muertes por partos. En las últimas décadas, se sucedieron varios debates alrededor de la normativa que validaron su funcionamiento y necesidad como el Comité Lane, en 1974.

Antes de la denominada Ley Steel, y tal como relata El País, se calcula que se practicaban alrededor de 30 mil abortos al año en condiciones clandestinas e inseguras que derivaban en alrededor de 2500 ingresos hospitalarios.

En un principio el aborto era legal hasta las 28 semanas pero luego, a partir de una enmienda realizada en 1990, se redujo el límite a 24, permitiéndose excepciones después de ese momento, como el riesgo de vida para la madre, lesión física o mental o anomalías en el feto. Si bien la ley especifica ciertas condiciones a partir de las cuales se puede solicitar un aborto – razones de salud, sociales o económicas – , la interpretación es amplia y permite la práctica a toda mujer que lo solicite.


Foto: IBTimesUK


Francia

En Francia el aborto es legal desde 1975, gracias al proyecto impulsado por la entonces ministra de Salud, Simone Veil, que complementó la legalización de los métodos anticonceptivos en 1972. La normativa, que fue en un principio aprobada a título experimental, se adoptó definitivamente en 1979, luego de que se observaran los resultados positivos para la salud de las mujeres tras cinco años de implementación. Con el tiempo, se llevaron adelante otras modificaciones que ampliaron los derechos. En el año 2001, se realizó una reforma que extendió el período permitido para abortar de diez a doce semanas y, en 2014, se aprobó una enmienda que suprimió la obligación de que la mujer tenga que alegar que se encuentra en situación de desamparo para solicitar la interrupción.

En Francia el aborto es legal desde 1975, gracias al proyecto impulsado por la entonces ministra de Salud, Simone Veil, que complementó la legalización de los métodos anticonceptivos en 1972. La normativa, que fue en un principio aprobada a título experimental, se adoptó definitivamente en 1979.

Si bien desde 2013 el procedimiento se encuentra completamente cubierto por Seguridad Social, fue recién en 2017 cuando se estableció que la totalidad de los actos médicos relacionados – consultas, ecografías, análisis de sangre o tratamientos – quedarían a cargo del Ministerio de Salud Pública, permitiendo así un acceso efectivamente gratuito y universal.



Foto: TeleSUR


Rusia

Rusia Soviética fue el primer país del mundo que legalizó el derecho al aborto en 1920, a partir de un decreto del Comisariado del Pueblo para la Salud y la Justicia. Esta medida fue acompañada por otras como la supresión del matrimonio religioso, la abolición de la autoridad marital y paternal, divorcio libre e igualdad absoluta de los niños legítimos y naturales. Las mujeres podían interrumpir su embarazo si así lo decidían sin tener que atenerse a ninguna causa específica aunque, de acuerdo a la historiadora Wendy Goldman, una oficina estatal establecía prioridades según una jerarquía basada en posición de clase y vulnerabilidad ante la escasez de recursos. La legislación establecía que el procedimiento se realizaba en hospitales públicos para garantizar las condiciones de higiene necesarias y que no había un límite de semanas para solicitarlo.

Rusia Soviética fue el primer país del mundo que legalizó el derecho al aborto en 1920, a partir de un decreto del Comisariado del Pueblo para la Salud y la Justicia. Esta medida fue acompañada por otras como la supresión del matrimonio religioso, la abolición de la autoridad marital y paternal, divorcio libre e igualdad absoluta de los niños legítimos y naturales

Con la llegada de Joseph Stalin al poder, el aborto fue nuevamente prohibido en 1936: solo se permitía en caso de que existiera riesgo de vida para la madre o cuando se detectara una enfermedad congénita. Años después de la muerte de Stalin, en 1955, se retomó la legalización durante el primer trimestres de embarazo, aunque también se permite hasta las 22 semanas en caso de que medien supuestos tales como enfermedad, minoría de edad, falta de recursos económicos o materiales, violación, entre otros. Por mandato constitucional, el Estado se hace cargo de todos los gastos. A pesar de que la discusión parecía saldada, en 2016, el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusia, Kiril firmó una petición – que no prosperó – para prohibir por completo el aborto, con el apoyo de otras organizaciones religiosas, que también presionaban por excluirlo del sistema de seguridad social.



Croacia

En Croacia el aborto es legal hasta la décima semana de embarazo desde 1978, cuando el país todavía formaba parte de Yugoslavia. A menos que la interrupción sea por violaciones, riesgo de vida de la mujer o malformaciones, el procedimiento no es gratuito y oscila alrededor de los 400 euros. De acuerdo a los datos aportados por una investigación de la Balkan Fellowship for Journalistic Excellence, si bien las cifras oficiales muestran que Croacia es el país con menor cantidad de abortos en la región balcánica, los registros esconden otra realidad. Un gran número de profesionales de la salud alegan objeción de conciencia, sin que el Estado haga algo para resolver la situación, lo que conduce a las mujeres a interrumpir sus embarazos en forma clandestina e insegura.

En Croacia, un gran número de profesionales de la salud alegan objeción de conciencia, sin que el Estado haga algo para resolver la situación, lo que conduce a las mujeres a interrumpir sus embarazos en forma clandestina e insegura.

En los últimos años, movimientos “provida” han intensificado su campaña contra de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que marca un fuerte peso del conservadurismo en la sociedad. Por mencionar un ejemplo, según un firme de Amnistía Internacional, en las farmacias se obliga a las mujeres a responder un cuestionario sobre su conducta sexual y salud reproductiva antes de proporcionarles anticonceptivos de emergencia. En febrero de 2017, se solicitó al Tribunal Constitucional a reformar la ley de aborto.  Si bien el recurso fue desestimado y se pidió a la Asamblea Nacional que se abstuviera de adoptar cualquier ley que prohibiera en la práctica el aborto, se estableció que la ley actual debe ser actualizada por el parlamento dentro de los próximos dos años. 

(Leer nota relacionada: ¿En qué afecta la objeción de conciencia a la legalización del aborto?)



Foto: MundoTKM


Bélgica 

El aborto se encuentra despenalizado parcialmente  hasta la duodécima semana de gestación en caso de que el embarazo produzca “un estado de angustia / crisis” a la mujer. Pasado ese período, se puede interrumpir el embarazo en caso de peligro para la salud de la mujer y cuando el riesgo para el feto es “sumamente grave y de enfermedad incurable”. Esta normativa data desde 1990, con la Ley Lallemand-Michielsens que generó un episodio sin precedentes en la historia belga: el entonces Rey Balduino –  que debía firmar el proyecto para que entrara en vigencia – negó su aprobación alegando objeción de conciencia. En búsqueda de una solución constitucional, el monarca delegó temporalmente sus facultades al Consejo de Ministros que finalmente firmó y sancionó la ley.

Recientemente, el Parlamento Federal Belga debatió una serie de propuestas para despenalizar por completo el aborto, puesto que, en caso de que la mujer o los profesionales de la salud no se ciñan a los supuestos establecidos en los artículos del Código Penal, aún podrían enfrentarse a multas o encarcelamiento.

Recientemente, el Parlamento Federal Belga debatió una serie de propuestas para despenalizar por completo el aborto, puesto que, en caso de que la mujer o los profesionales de la salud no se ciñan a los supuestos establecidos en los artículos del Código Penal, aún podrían enfrentarse a multas o encarcelamiento. Además del límite de doce semanas, las otras condiciones son esperar un plazo de seis días después de la primera consulta médica para seguir adelante con el procedimiento y ser obligatoriamente informada acerca de los servicios de adopción. La objeción de conciencia también representa un problema: el médico puedo recurrir a la misma sin estar obligado a derivar a la mujer a otra persona que realice la interrupción. En los últimos años, ya se presentaron seis propuestas al parlamento, pero aún no se han generado cambios.

(Leer nota relacionada: Aborto: ¿por qué es necesario hablar de legalización y no solo de despenalización?)



Foto: Nuevos Papeles


Suecia 

En Suecia, el aborto está legalizado para caso puntuales en los que la vida de la madre corra peligro desde 1938. En 1965, el gobierno designó una comisión para producir un informe con vistas a la actualización de la legislación. En ese estudio se centraron dos aspectos: la eliminación de los límites de tiempo a los que estaba sometido el aborto, y concesión de un papel decisivo a la voluntad de la mujer. Fue en 1975 cuando se legalizó la libre interrupción del embarazo hasta la semana 18 de gestación, incluyéndola en la Seguridad Social, de modo que no existen gastos para quien la solicita. En ese momento, la ley se complementó también con otras normativas como servicios de planificación familiar, reducción del coste de los medios anticonceptivos y difusión informativa de derechos sexuales y reproductivos.


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