Hoy comienza el juicio a los oficiales de la Policía Metropolitana que dispararon balas de plomo durante la violenta represión a la toma de la Sala Alberdi, del Centro Cultural San Martín, el 13 de marzo de 2013. Los disparos alcanzaron a un manifestante y a dos fotógrafos, que fueron atacados con armas de fuego para evitar que registraran el operativo. Después de varias maniobras dilatorias, esta será la primera vez que se juzgará a efectivos de la ya extinta Metropolitana por represión en protestas populares. Los hechos que buscaron encubrirse y la historia de la Sala Alberdi, en la siguiente nota. (Foto de portada: Télam)
“Esa noche hubo una clara intención de reprimir, de tirar a matar”, afirma Esteban Ruffa, fotógrafo de la Agencia de Noticias ANRed. Todavía conserva en su pierna el plomo de la escopeta que gatilló uno de los policías, después de haber sido perseguido por varias cuadras. Recibió el tiro de espaldas, mientras sacaba fotos. Algo similar sucedió con Germán de los Santos, encargado de la cobertura periodística para el colectivo DTL, y con Mario Fumaroni, de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina. Ese 13 de marzo de 2013, hubo también más de 60 heridos por balas de goma y gases lacrimógenos y diez detenidos. Fue el resultado de un violento operativo de más de 200 policías para alrededor de 30 personas.
“Esa noche hubo una clara intención de reprimir, de tirar a matar”, afirma Esteban Ruffa, fotógrafo de la Agencia de Noticias ANRed. Todavía conserva en su pierna el plomo de la escopeta que gatilló uno de los policías, después de haber sido perseguido por varias cuadras. Recibió el tiro de espaldas, mientras sacaba fotos.
El episodio ocurrió luego de más de dos años y medio de toma de la Sala Alberdi, ubicada en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, y tras 82 días de acampe cultural en la Plaza Seca. Ante el evidente vaciamiento de las actividades que venía llevando adelante el Gobierno de la Ciudad, estudiantes y artistas se habían unido para evitar la privatización de los emprendimientos culturales y defender el espacio. El 13 de marzo, la fiscal Claudia Barcia ordenó el desalojo de la sala, a pesar de que la decisión no había sido admitida por el juez a cargo de la causa, Norberto Tavosnaska, quien instaba al diálogo entre las partes.
Cerca de las diez de la noche, y tras un primer intento de desalojo ocurrido durante la tarde, la Policía Metropolitana avanzó sobre la Plaza Seca con palos, balas y gases lacrimógenos. Los manifestantes se dispersaron, mientras el camión hidrante circulaba a contramano de la avenida Corrientes para perseguir a la gente. La orden fue dada por el entonces secretario de Cultura de la Ciudad, Hernán Lombardi, en el mismo momento en que se encontraba reunido con cuatro representantes de la asamblea de la Sala Alberdi. Mientras tanto, el grupo que acampaba había mermado, la mayoría se había retirado aprovechando lo que suponían como una tregua durante esa instancia de diálogo que no fue.
La Red Nacional de Medios Alternativos logró recopilar material audiovisual que demuestra que el operativo se trató de un accionar premeditado en donde hubo órdenes y responsabilidades políticas. El disparo de las armas de fuego no fue el resultado de un acto individual de los tres policías identificados, sino de una coordinación que asciende jerárquicamente a todos los responsables de la fuerza represiva
La Red Nacional de Medios Alternativos logró recopilar material audiovisual que demuestra que el operativo se trató de un accionar premeditado en donde hubo órdenes y responsabilidades políticas. El disparo de las armas de fuego no fue el resultado de un acto individual de los tres policías identificados, sino de una coordinación que asciende jerárquicamente a todos los responsables de la fuerza represiva. A pesar de esto, la fiscalía no quiso investigar a los funcionarios responsables: Hernán Lombardi, el entonces ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro y Mauricio Macri, en ese momento Jefe de Gobierno. El juicio será contra los autores materiales, los policías Gabriel Pereira de la Rosa, Miguel Ledesma y Nelson Acosta.
Foto: Télam
El desalojo de la Sala Alberdi no fue la primera vez que la Metropolitana reprimió violentamente en una manifestación. El historial de violencia comienza con el brutal operativo en el Parque Indoamericano, en diciembre de 2010, en el que murieron dos personas y hubo seis heridos de bala de plomo. Los casos más emblemáticos continúan con la represión en el Parque Centenario durante el enrejamiento, en enero de 2013 y, más adelante, con el caso del Hospital Borda, en el mes de abril de ese mismo año. En los dos últimos, tal como sucedió en el episodio de Sala Alberdi, fue notable la agresión a periodistas que pareció demostrar un accionar sistemático para evitar el registro de los hechos.
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Aquello fue también consignado en un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre la actuación de la Policía Metropolitana, del año 2013. En el documento se analizaron los procedimientos de esta fuerza en distintos conflictos del espacio público, afirmando que las prácticas violentas “no pueden atribuirse a errores o excesos de agentes puntuales, sino que responden a decisiones políticas del gobierno porteño orientadas a reafirmar el perfil de fuerza de choque de la nueva policía, al mismo tiempo que tolera el uso abusivo de la fuerza como respuesta”. Es decir que su actuación no puede escindirse de las órdenes políticas, que apuntan a criminalizar la protesta social y que terminaron siendo excluidas de toda instancia judicial, en los casos donde los hubo.
Los casos más emblemáticos de represión de la Policía Metropolitana continúan con el Parque Centenario, durante el enrejamiento en enero de 2013 y, más adelante, con el caso del Hospital Borda, en el mes de abril de ese mismo año. En los dos últimos, tal como sucedió en el episodio de Sala Alberdi, fue notable la agresión a periodistas que pareció demostrar un accionar sistemático para evitar el registro de los hechos.
En el caso de la Sala Alberdi, el respaldo a la represión se observó desde un principio con las declaraciones de Guillermo Montenegro, que inicialmente negó el uso de balas de plomo, y con las de Mauricio Macri, que asoció la violencia a los manifestantes y deslegitimó el reclamo, cuestionando su pertenencia al colectivo de artistas. Algo similar a lo que ahora ocurre a nivel nacional con las justificaciones a las represiones que se llevaron a cabo en el último tiempo, siendo la más reciente la de los docentes en el Congreso el pasado 9 de abril.
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Historia de una lucha cultural
La Sala Alberdi, ubicada en el sexto piso del Centro Cultural San Martín, nació como un espacio cultural dedicado a las actividades de extensión de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Llegó a ofrecer 30 talleres, por los que pasaban unos 300 alumnos anuales, y una programación de espectáculos a la gorra que permitía cubrir los gastos de las actividades. En el año 2002, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejecutó un préstamo de 92 millones de dólares al Gobierno de la Ciudad para refinanciar el denominado reacondicionamiento del espacio.
Las obras comenzaron en el año 2005 e implicaban una remodelación y ampliación del edificio, que se reinauguraría en 2010. Con la asunción de Mauricio Macri al Gobierno de la Ciudad, las obras se paralizaron aduciendo falta de fondos, mientras que el lugar continuaba en estado de emergencia. Durante esos años, la única que etapa que se concluyó fue la del subsuelo del Bajo Plaza, una obra que resultaría en un negocio millonario, tanto para los sectores vinculados a la industria del espectáculo como para la constructora a la que se le adjudicaron las obras, Riva S.A. Esta empresa tiene un historial de paralización de numerosas obras durante el macrismo, entre ellas el caso del hospital neuro-psiquiátrico infantil García Tobar.
En el año 2006, la entonces ministra de Cultura de la Ciudad, Silvia Fajre presentó un decreto para ordenar el traslado de la Sala, aunque sin especificar dónde. Como contrapartida, la Asamblea de la Sala Alberdi promovió una acción de amparo y logró que la jueza Fabiana Schafrik suspendiera el desalojo hasta tanto se refaccionara el espacio. En caso de ser trasladada, debía ser en un espacio de iguales condiciones. El Gobierno continuó sin cumplir con las refacciones y el vaciamiento de la sala se profundizó: la cooperadora encargada de la administración fue disuelta y se cerraron el 60% de los talleres. El 17 de agosto de 2010 la Sala apreció cerrada, ante lo cual, alumnos, ex alumnos y docentes se autoconvocaron para tomarla.
El Gobierno continuó sin cumplir con las refacciones y el vaciamiento de la sala se profundizó: la cooperadora encargada de la administración fue disuelta y se cerraron el 60% de los talleres. El 17 de agosto de 2010 la Sala apreció cerrada, ante lo cual, alumnos, ex alumnos y docentes se autoconvocaron para tomarla para evitar la privatización del espacio.
Desde ese día, la sala comenzó a ser autogestionada para evitar la privatización del espacio y su consecuente alquiler a emprendimientos privados. Funcionaron numerosos talleres abiertos con entradas a la gorra, hasta que, en enero de 2013, se encontraron con las puertas del Centro Cultural San Martín cerradas por vacaciones. Comenzó entonces el acampe para sostener la toma y para abastacer de agua y comida a cuatro asambleístas que habían quedado dentro.
Después de cuatro años, el juicio que comienza evoca nuevamente la lucha para evitar la privatización de la cultura y representa un avance contra la fuerza represiva y la violencia institucional. En este sentido, lo ocurrido en el conflicto por la Sala Alberdi fue sólo un episodio de una larga lista de ejemplos que marcan la represión como política de Estado, hoy aplicada a nivel nacional.
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