4960 es el número de asesinatos en manos de la fuerza represiva estatal desde 1983 hasta la fecha. Tan sólo en el primer año de gobierno de Mauricio Macri, la nueva gestión carga con 259 muertes. En una tendencia cada vez más creciente en la democracia argentina, el accionar policial sigue pisando fuerte en los sectores más vulnerables y las prácticas represivas persisten en un contexto de ajuste que siempre beneficia a los mismos.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el Informe de la Situación Represiva Nacional del 2016 y los resultados muestran una tendencia creciente de la represión en democracia y un alarmante aumento en los primeros once meses de Mauricio Macri como presidente. Esta política represiva acompaña a tantas otras medidas que defienden el ajuste que el gobierno nacional lleva en contra de los sectores populares. En el informe se destacan, entre el archivo de las personas asesinadas por el aparato represivo estatal, las medidas que desde el gobierno colaboran y endurecen la represión.
Foto: Francisco Rodriguez
La represión se hace ley y protocolo
A lo largo de este año se llevaron adelante distintas medidas que permitieron acompañar el accionar violento de las fuerzas represivas y dar contención al ajuste económico. Una de las primeras señales se podía indagar en el perfil de los elegidos para dirigir las áreas de seguridad en cada distrito, con Patricia Bullrich a la cabeza a nivel nacional y como símbolo de lo que sucedería a lo largo del año.
El decreto que declaró la emergencia en seguridad inauguró el año en materia represiva. Esta “emergencia” no sólo permite a los distintos gobiernos nacionales y provinciales modificar el destino de partidas presupuestarias sin ningún tipo de control, sino que autoriza a la convocatoria de personal retirado de las distintas fuerzas con el fin de llenar las calles de mayor cantidad de uniformados. Algo paradójico para los sectores populares dado que para ellos inseguridad es que haya más policías en la calle. Entonces, habría que poner en discusión cuál es la seguridad que está en emergencia.
A lo largo de este año se llevaron adelante distintas medidas que permitieron acompañar el accionar violento de las fuerzas represivas y dar contención al ajuste económico. Una de las primeras señales se podía indagar en el perfil de los elegidos para dirigir las áreas de seguridad en cada distrito, con Patricia Bullrich a la cabeza a nivel nacional y como símbolo de lo que sucedería a lo largo del año.
En la misma línea, el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, popularmente conocido como Protocolo Antipiquetes pretendía establecer un mecanismo de autorización previa de las movilizaciones, amenazar la disolución por medio de la fuerza y censurar el trabajo de la prensa. Sin embargo, la rápida reacción de organismos populares y la masividad de las marchas quitó eficacia a la norma que sólo se aplicó parcialmente en algunos distritos.
Otra de las medidas, más disimuladas de esta política represiva, fue la unificación de la Policía Federal y la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires. La nueva fuerza contará con 860 policías en la calle por cada 100.000 habitantes, es decir, un policía cada 112 personas, sin contar la presencia de Gendarmería y Prefectura en los barrios del sur de la capital y los agentes de seguridad privada. Este dato es más que alarmante, ubica a la ciudad entre los líderes mundiales de presencia policial en las calles, mientras que la ONU recomienda que haya 300 policías por cada 100.000 personas.
Foto: Francisco Rodriguez
Los números represivos de Macri
Desde su asunción el 10 de diciembre de 2015, el gobierno de Mauricio Macri carga con 259 muertes en manos de las fuerzas represivas del Estado y pronostica un duro porvenir para los sectores populares. Si, con este número, se realizara un promedio de lo que sucedería en los próximos 3 años bajo su mandato, la expectativa no es agradable y ubica a Macri en un liderazgo represivo frente a todos los anteriores gobiernos constitucionales. Los números que comprueba el informe de CORREPI muestran un triste récord tras más de 30 años de democracia: cada 25 horas muere una persona por la represión estatal.
Desde su asunción el 10 de diciembre de 2015, el gobierno de Mauricio Macri carga con 259 muertes en manos de las fuerzas represivas del Estado y pronostica un duro porvenir para los sectores populares.
No es el único logro en la gestión de Cambiemos, las detenciones arbitrarias en todo el territorio nacional aumentaron seis veces más en este año. En Argentina cualquier policía puede detener a cualquier persona en cualquier lugar, aunque desde hace más de 13 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Walter Bulacio, le ordenó al Estado argentino derogar todas las normas que habilitan las detenciones arbitrarias. Este dato es inquietante: «La casi totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente detenidas”, señala CORREPI en su informe.
Frente a la represión: la urgencia de la unidad
Desde 1983 los números no paran de crecer. La democracia no pudo superar hasta el día de hoy las prácticas represivas que persisten desde la dictadura en el aparato de fuerza estatal, mientras que la desaparición, la persecución, la tortura y la muerte son hechos cotidianos para los barrios más vulnerables. En este sentido, los años más crudos en materia represiva suelen tener que ver con la necesidad gubernamental de mayor represión en épocas de crisis: el 2016 es uno de ellos.
4.960 muertes por el aparato represivo del Estado argentino, el 47% de ellas a través de la modalidad del gatillo fácil, mientras que el 39% se trata de personas privadas de su libertad que pueden haber muerto en cárceles o, incluso, patrulleros. El 49% de estas muertes se trata de jóvenes de entre 15 a 25 años, y el 27% de 16 a 35 años. Ser joven y ser pobre es la primera causa para morir en manos del Estado. De las personas asesinadas por el aparato represivo estatal, 481 son mujeres de las que 291 casos se tratan de femicidios. En estas tres décadas, 70 personas murieron en movilizaciones o protestas sociales.
La democracia arroja estas tristes estadísticas, señaladas en el informe de CORREPI: 4.960 muertes por el aparato represivo del Estado argentino, el 47% de ellas a través de la modalidad del gatillo fácil, mientras que el 39% se trata de personas privadas de su libertad que pueden haber muerto en cárceles o, incluso, patrulleros. El 49% de estas muertes se trata de jóvenes de entre 15 a 25 años, y el 27% de 26 a 35 años. Es decir, que ser joven y ser pobre es la primera causa para morir en manos del Estado. De las personas asesinadas por el aparato represivo estatal, 481 son mujeres de las que 291 casos se tratan de femicidios. En estas tres décadas, 70 personas murieron en movilizaciones o protestas sociales. La gestión actual no se ha cobrado ninguna vida en este sentido pero las expectativas no son buenas, teniendo en cuenta sus intenciones de eliminar la protesta social.
La represión es política de Estado desde hace más de 30 años, pero el panorama que representa el actual gobierno es mucho más oscuro que lo vivido en gestiones anteriores. Estos números no arrojan optimismo ni confianza en el futuro, pero sí implantan una necesidad, tal como manifestó María del Carmen Verdú, integrante de CORREPI, al final de la presentación del informe, que la unidad en la lucha ya no es indispensable, sino que es urgente.
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