Presupuesto 2019: el ajuste programado

por Lucía De Dominicis

El presupuesto para el año 2019 presentado por el gobierno nacional plantea las prioridades en el reparto de fondos para el año próximo que, a pesar de ser electoral, estará marcado por la profundización del ajuste. El proyecto, que será debatido en el Congreso en los próximos días, sigue las líneas del recorte exigido por el Fondo Monetario Internacional y se centra en la reducción del gasto público para alcanzar el “equilibrio fiscal”.



Todos los ojos están puestos en el presupuesto. Los del Fondo Monetario Internacional (FMI), con su incertidumbre sobre el futuro de la economía argentina, los de la oposición, en constante reclamo para evitar mayores recortes, y los del oficialismo que continúa levantando la bandera del “déficit cero” como solución a todos los problemas. En tiempo récord, el presidente Mauricio Macri se reunió con los gobernadores de las provincias para debatir el proyecto del presupuesto 2019 y en pocos días fue derivado al Congreso Nacional para comenzar su tratamiento parlamentario. Este proyecto se enmarca en un escenario de crecimiento negativo del PBI (-0,5%) para el último año de mandato de Mauricio Macri, acompañado por una inflación que calculan alrededor del 23% y un dólar por encima de los $40 durante todo el 2019.

Este proyecto se enmarca en un escenario de crecimiento negativo (-0,5%) para el último año de mandato de Mauricio Macri, acompañado por una inflación que calculan alrededor del 23% y un dólar por encima de los $40.

El presupuesto se diseñó alrededor de la premisa de alcanzar el equilibrio fiscal el próximo año. El cálculo del déficit fiscal es la diferencia que existe entre los ingresos y gastos que tiene el Estado, que normalmente recauda a través de impuestos y tasas y luego redistribuye los ingresos en forma de ayuda social, obra pública, salarios de empleados públicos, en las escalas que se acuerdan anualmente. Para alcanzar esta meta ambiciosa pero bien vista por los mercados internacionales, se continuará la reducción de inversión en obra pública y la quita subsidios a los servicios públicos y al transporte, al mismo tiempo que se recurrirá a la recaudación por retenciones y a la suspensión de rebajas impositivas para los exportadores.



La reducción del déficit fiscal también impacta en el empleo público, ya que implica continuar con el congelamiento de salarios públicos y el cierre de nuevas contrataciones. Una nueva estrategia para bajar los gastos del Estado nacional es derivar el pago de subsidios y tarifas sociales a las provincias, dándoles a su vez la responsabilidad sobre el ajuste. Las partidas presupuestarias de todas las áreas registran una caída en el valor real de los fondos derivados, en comparación con la inflación prevista. El sector en el que más se reducirán los costos será en Transporte, seguido por Hacienda (que incluyó recientemente el área de Energía).


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De todas las áreas donde el gobierno podría aumentar su presupuesto, la única que muestra un aumento significativo sobre el nivel de la inflación es la de Servicios de la Deuda Pública, sector apuntado directamente a pagar los intereses de la deuda externa del país. El principal problema de la economía argentina es que la deuda pedida (especialmente la relativa al reciente crédito del FMI) no está siendo invertida en el país, sino que sirve para financiar a quienes compran dólares para atesoramiento en el exterior.

En el presupuesto se define cómo los ingresos nacionales son repartidos en cada uno de los sectores públicos, cuáles son los ministerios que reciben mayores partidas, quiénes son beneficiados y quiénes son perjudicados en la división. La responsabilidad de los gobernadores, los diputados y los senadores recae en definir qué sectores van a pagar los recortes del ajuste.



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