¿Por qué se dice que la dictadura es cívico-militar?

por Giuliana Sordo

El genocidio producido durante la dictadura cívico-militar fue planificado y organizado por múltiples sectores de poder con la cara visible de las fuerzas armadas. Sin embargo, la disputa por agregar el término cívico a la forma de denominarlo es una pelea por instalar en el imaginario colectivo a quienes fueron cómplices y principales responsables de la desaparición, tortura y muerte de miles de personas, pero también quienes promovieron la instalación de un nuevo modelo económico.



Una de las disputas en torno a la denominación de la última dictadura que se estableció en el país es la de cívico-militar. Quienes defienden su utilización intentan instalar la necesidad de recordar al genocidio con todas sus caras. Lejos del eufemismo de solo hablar de militares que se encontraban saciados de poder y secuestraban, desaparecían, torturaban y mataban, había civiles que promovieron el genocidio, que fueron cómplices y parte integrante y necesaria para la desaparición de miles de personas y la instalación de un plan económico de matriz neoliberal.

(Leer nota: Reflexiones sobre el genocidio argentino)

El comportamiento militar no respondió a excesos como quisieron declarar desde ciertos espacios de poder, ni tampoco como contrapartida a un “demonio” que había que derrotar. El accionar genocida fue planificado y premeditado para eliminar a toda organización política y destruir los lazos sociales que permitieron generar una multiplicidad de proyectos colectivos. La desaparición de miles de cuadros políticos fue necesaria para que Argentina se adaptara a los cambios de acumulación capitalista a nivel internacional. La represión fue necesaria para pasar de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero.



Dentro del sector “cívico” se agruparon sectores eclesiásticos, empresarios, dueños de medios de comunicación, políticos y funcionarios judiciales que apañaron, apoyaron y fueron cómplices y responsables del exterminio. Dentro y fuera del Estado hubo personas que fomentaron y generaron que se cometan delitos de lesa humanidad contra obreros de sus propias fábricas, estudiantes, militantes y una gran cantidad de personas que se oponían al terror de Estado y a la instalación de una economía en pocas manos.

La Nueva Provincia, el diario de Bahía Blanca, de Vicente Massot fue cómplice de la dictadura al difundir información falsa sobre el destino de muchas víctimas. Massot también participó en el secuestro y asesinato de dos obreros del diario. En la planta de General Pacheco de la empresa Ford se instaló un centro clandestino para mantener a los trabajadores en cautiverio dentro del mismo espacio de trabajo. En el Ingenio Ledesma en Jujuy, propiedad de Carlos Blaquier, fueron secuestradas 400 personas con el apoyo logístico y la complicidad de los empresarios.



Múltiples funcionarios judiciales en todo el país no investigaron los hechos que desembocaron en desapariciones de personas y son juzgados en la actualidad como actores centrales para que el genocidio se haya producido. De igual forma, muchos sectores dentro de la Iglesia fueron cómplices de los militares y colaboraron con la transmisión de información de las organizaciones de familiares que comenzaron a formarse y avalaron las torturas, el hacinamiento de los detenidos-desaparecidos y el exterminio. Los políticos que ocuparon cargos en el gobierno como José Alfredo Martínez de Hoz, quién fuera ministro de Economía, también fueron parte fundamental de la dictadura.

Estas mínimas menciones son, a penas, pocos ejemplos del rol civil que tuvo la dictadura. Esta pata fue partícipe de la planificación y cómplice del genocidio. Además de estos, múltiples empresarios y grupos económicos se beneficiaron de un modelo económico que perjudicaba, y aún lo hace, a la gran mayoría de la población. Estos sectores digitaron las políticas económicas a implementar durante el gobierno militar y en los años que le siguieron.



Los responsables civiles del genocidio son quienes aún se mantienen en los sectores de poder y gozan del desconocimiento público de sus acciones, de la libertad y de un sistema judicial que no avanza en el juzgamiento de su rol fundamental en la dictadura. Sin embargo, dentro de todo este sector, durante los juicios que fueron reabiertos en el año 2006 se ha logrado condenar a algunos miembros de la Iglesia y, también, funcionarios judiciales. Por el contrario, los empresarios responsables siguen gozando de la impunidad.

(Leer nota: La complicidad empresaria de la dictadura aliada de la impunidad y el poder)

Gran parte de la sociedad estuvo de acuerdo con la llegada de la dictadura cívico-militar: algunos sectores por desconocimiento y otros por total complicidad. Hoy, estas lógicas se repiten. La dimensión cívica de la dictadura nos permite pensar que la ideología con la que llevaron adelante el exterminio puede repetirse en la historia sin la necesidad de que exista un golpe militar. Después de todo, quienes se escondieron -y lo siguen haciendo- detrás de las fuerzas armadas son los verdaderos beneficiados y responsables del genocidio y que, aún hoy, se mantienen en el poder.



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