Entre el olvido y el perdón: el rol de las fuerzas armadas

por Giuliana Sordo

La generalización de prisiones domiciliarias a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, el pedido de prisión a una de las referentes más importantes de los derechos humanos y el llamado a que las fuerzas armadas ocupen un rol preponderante en la nueva etapa del país parecería un chiste de mal gusto tan sólo poco tiempo atrás. La situación social y política actual presenta realidades que están lejos de las anheladas después de 40 años de lucha del movimiento de derechos humanos en Argentina.


La negación de una historia cargada de lucha

El pedido de detención a Hebe de Bonafini, que posteriormente fue eximido, se estableció al no presentarse a declarar en una causa en la que ya lo había hecho en otras ocasiones y frente a una justicia que la titular de Madres de Plaza de Mayo rechaza. No obstante, el motivo que justificaba la detención parecía ser la necesidad de realizar un operativo policial y mediático que condene a priori a la acusada más que la finalidad de que sirva en verdad a la causa que supuestamente se está investigando.

Lo sucedido, nada menos que un jueves, a una semana de cumplir las 2000 rondas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, no es nada menos que parte de la posición que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri en esta cuestión: pararse del lado de quienes promueven la impunidad, el olvido y el silencio por sobre la lucha de referentes históricos del movimiento de derechos humanos.

La reconciliación del genocidio

Es, por lo menos, llamativo que desde enero de este año se hayan entregado más de 50 prisiones domiciliarias a genocidas que fueron encontrados culpables, partícipes o cómplices del Plan Sistemático de Persecución, Tortura y Exterminio de la última dictadura cívico-militar.

Si bien la excepción de otorgar domiciliarias siempre fue alta, el 44% del total de los imputados desde la reapertura de los juicios en 2006, hoy querellas y organismos manifiestan que esa tendencia está en alza.

Si bien la excepción de otorgar domiciliarias siempre fue alta, el 44% del total de los imputados desde la reapertura de los juicios en 2006, hoy querellas y organismos manifiestan que esa tendencia está en alza, tal como se puede leer en Página/12: “La edad de setenta años es un argumento que suele esgrimir la defensa para pedir la domiciliaria de modo automático, aunque hasta ahora no alcanza. La jurisprudencia de la Corte venía considerando como prioridad el estado de salud (…). Pero la Corte parece estar dando mensajes que cambian la doctrina”.

Estos indicios no sólo preocupan a quienes buscan que la justicia se concrete después de largas décadas sino que entusiasman en gran medida a quienes entienden a los juicios de lesa humanidad como venganza y en los que se condena a “presos políticos”. En este sentido, rápidamente después del cambio de gobierno, los represores detenidos comenzaron una verdadera campaña de presión pública pidiendo “excarcelaciones, detenciones domiciliarias y hasta la anulación de los juicios”.

Un ejemplo más que elocuente: Miguel Etchecolatz, uno de los mayores sospechosos por la segunda desaparición de Jorge Julio López, recibió un fallo favorable del Tribunal Oral N° 1 de La Plata permitiéndole cumplir su condena fuera de la cárcel. Si bien seguirá preso por otras condenas en las cuáles no se le otorgó este beneficio, la domiciliaria para este genocida tan representativo sería más que significativa para colaborar en el envalentonamiento a todos sus pares.

Estos guiños amistosos no tienen otro final que el intento de avanzar en el perdón y la reconciliación frente a los responsables del genocidio: perdón que se otorgaría a quiénes se creían dueños de la vida y la muerte.


fuerzas armadas

Foto: M.A.F.I.A.


Las fuerzas armadas en seguridad interior

Las fuerzas armadas están llamadas a tomar “un rol preponderante en esta nueva etapa”, eso anunció Mauricio Macri hace tan sólo una semana. En consonancia con el decreto 721-2016, en el que se les devolvía su autonomía, este nuevo lugar que se les otorga será dirigido para realizar tareas de seguridad interior aunque aún no fue clarificado de qué forma lo llevarán adelante.

Las fuerzas armadas están llamadas a tomar “un rol preponderante en esta nueva etapa”, eso anunció Mauricio Macri

Hasta el momento, debido a distintas leyes de defensa están inhabilitadas para realizar estas tareas de seguridad interna y control civil. Sin embargo, que las fuerzas armadas ocupen este rol provocaría un fuerte retroceso a la democracia argentina, aún con sus deudas pendientes.

Con la justificación de una lucha contra el narcotráfico, países como Colombia o México ya transitaron ese sendero y, particularmente, derivaron en significativas violaciones de derechos humanos que están siendo denunciadas fuertemente por organismos internacionales. Ese mismo camino, parecería ser el que intenta comenzar a recorrer Argentina de la mano del gobierno de Mauricio Macri con estas medidas.

Las consecuencias de tanto retroceso

Frente al horror sucedido en la última dictadura cívico-militar, los juicios cumplen desde el año 2006 un carácter reparador luego de tantos años de impunidad: la que persistió durante la dictadura y, también, después. Sólo la lucha de los familiares, víctimas y organismos, logró romper con la persistencia de esa impunidad en democracia, la reapertura de los juicios y la condena a los responsables del genocidio.

No sólo es temible las consecuencias concretas que tendrán estas decisiones sino que se trata de una política de reconciliación con las fuerzas armadas y de negación frente a lo sucedido en la dictadura cívico-militar.

En la situación actual, no sólo es temible las consecuencias concretas que tendrán estas decisiones que pueden reflejarse en los distintos países latinoamericanos en los que se aplicaron sino que se trata de una política de reconciliación con las fuerzas armadas y de negación frente a lo sucedido en la dictadura cívico-militar, desconociendo 40 años de lucha por parte de los organismos de derechos humanos.

Quizás habría que empezar a unir cabos teniendo en cuenta lo común de los planes económicos aplicados en ambos momentos y qué se busca beneficiar, perdonar o silenciar con estas gestiones. La lentitud en avanzar con el juzgamiento a los empresarios y civiles que fueron cómplices de aquel plan y que hoy están ocupando puestos de gobierno, asesorando o apoyándolo, puede ser una clara respuesta a esta pregunta.


También te puede interesar:

La reconciliación como política de Estado

Plan Cóndor: a la condena del pueblo, se suma la judicial

Juicios de lesa humanidad: ¿en qué proceso se encuentran?


Foto de portada: Diario La Voz del Interior

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR