Migrar como derecho: el DNU que modificaba la Ley de Migraciones fue declarado inconstitucional

por Lucía De Dominicis

El decreto de necesidad y urgencia que modificaba la Ley de Migraciones fue declarado inconstitucional el viernes pasado. La Justicia determinó que no existe una “situación crítica” que amerite el endurecimiento de las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, haciendo caso a las apelaciones presentadas por el CELS y otras organizaciones sociales.



Mientras en el Congreso se están debatiendo las modificaciones introducidas mediante decretos de necesidad y urgencia durante los primeros meses del año, la Justicia se expidió sobre la polémica modificación a la Ley de Migraciones firmada por Mauricio Macri en enero 2017. Según este DNU, debían endurecerse las condiciones para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia. Esta decisión fue recibida con fuerte rechazo por las organizaciones sociales, que lo consideraron xenófobo y estigmatizante.

El viernes pasado la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el DNU que modifica la Ley de Migraciones, por considerar que no existe en el país una “situación crítica” que justifique la toma de decisiones urgentes sin pasar por un debate en el Congreso.

El viernes pasado la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el DNU que modifica la Ley de Migraciones, por considerar que no existe en el país una “situación crítica” que justifique la toma de decisiones urgentes sin pasar por un debate en el Congreso. Al considerar las estadísticas oficiales, no existe un aumento de porcentaje de población extranjera en las cárceles, que se mantiene en un 6% desde el año 2012, por lo que no hay urgencia para legislar mediante decretos.

De ser necesaria una reforma en la política migratoria, debería pasar por un exhaustivo debate legislativo. Las perspectivas del presidente fueron calificadas por los camaristas como “condiciones regresivas en materia de protección de los derechos humanos”, haciendo caso a las apelaciones presentadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref) y el Colectivo por la Diversidad (Copadi). Si el gobierno decide apelar a la medida, el debate puede alcanzar a la Corte Suprema de Justicia, que sería la encargada de emitir una sentencia final.



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