Tres meses sin Santiago Maldonado: el ataque de los medios y el Gobierno contra los Derechos Humanos

por Giuliana Sordo

Hace más de diez días que se conoce la muerte de Santiago Maldonado y la certeza parecería haber aliviado la presión al Gobierno nacional que lo único que hizo de forma constante fue encubrir y entorpecer el caso. En paralelo, los medios hegemónicos tomaron la posta para apoyar las hipótesis de los funcionarios y día a día elaboran artículos que se encargan de demonizar a la familia y a las organizaciones de Derechos Humanos. En todo este escenario circula (con y sin intención) mucha desinformación. Frente a todo esto, el peligro se presenta con una democracia que tolera los peores crímenes. (Fotos: Gustavo Yuste)



La guerra que plantearon los medios y el Gobierno nacional

Desde que se confirmó la muerte de Santiago Maldonado, el 20 de octubre, el Gobierno siente alivio, así lo anuncian en diversos artículos de Clarín y La Nación. Un Gobierno que lo único que hizo mediante sus funcionarios fue encubrir, ocultar información o mostrar escasa voluntad para determinar realmente lo sucedido aquel 1 de agosto de 2017. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni siquiera apartó hasta que se termine la investigación a los actores estatales sospechados: Pablo Noceti, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, y los gendarmes que participaron en el operativo represivo.

Es que, según los medios afines al oficialismo, la certeza de su muerte y la declaración del juez Gustavo Lleral tras una improvisada conferencia de prensa en la que manifestó que a priori el cuerpo encontrado no manifestaba tener golpes, asegurarían que Santiago Maldonado murió ahogado. Sin embargo, además de que aún no están los resultados de los peritos, lo que estos medios olvidan decir o recordar es que el joven no estaba paseando a la vera del río sino que huía de una brutal represión.

Según los medios afines al oficialismo, la certeza de su muerte y la declaración del juez Gustavo Lleral, asegurarían que Santiago Maldonado murió ahogado. Sin embargo, además de que aún no están los resultados de los peritos, lo que estos medios olvidan decir o recordar es que el joven no estaba paseando a la vera del río sino que huía de una brutal represión.

Con intención o no, también olvidan mencionar la constante persecución que sufre la comunidad mapuche por parte de Gendarmería Nacional. Si estos medios -Clarin, La Nación, Infobae, TN, América TV, Radio Mitre, entre otros- se hubiesen corrido por un segundo del lugar que optaron en esta historia -la de defender desde el primer momento al Gobierno nacional-, quizás se hubiesen acercado a Pu Lof en Resistencia Cushamen en los primeros días después de la desaparición, o mejor aún, quizás se hubiesen acercado a comienzo de este año cuando la comunidad fue brutalmente reprimida para comprender el hostigamiento constante que sufren los mapuches de esta zona por parte de las fuerzas represivas. Quizás, de esta forma, hubiesen logrado mostrar otra voz que no sea la oficial. 

Pero no, los medios hegemónicos tomaron la posta para apoyar las hipótesis de los funcionarios y día a día elaboraron artículos que se encargaron de demonizar a la familia y a las organizaciones de Derechos Humanos, argumentando teorías que buscaban calmar las conciencias de los votantes de Cambiemos y de quienes aún tienen esperanzas en este gobierno.


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Esta suerte de guerra planteada tanto por el Gobierno como por los medios oficiales contra la familia de Santiago Maldonado, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos y la comunidad mapuche, se dio desde el primer momento al no respetar a la familia, no acercarse, no escuchar sus exigencias y en encubrir constantemente el caso hasta llegar a decir que Santiago Maldonado no estaba allí el día de la represión, entre muchas otras mentiras. Esta batalla que dieron juntos, parece haber sido reforzada tras encontrar el cuerpo del joven, dado que los medios decidieron limpiar la imagen de un gobierno que cada día se embarraba más. Por mencionar un ejemplo, a pesar de que Clarín fue desmentido por el propio juez de la causa las mentiras de este medio no cesaron.

(Leer nota: El caso Santiago Maldonado: las mentiras del periodismo)

Un delito de lesa humanidad: desaparición forzada seguida de muerte

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto del 2017 tras la brutal represión en la comunidad mapuche por Gendarmeria Nacional. Por los testigos, las pruebas presentadas y relevadas en los rastrillajes, la querella y la familia y todos los testimonios recabados, inclusive los que se desprenden de la falta de registros de Gendarmería justo en el momento de la represión, se conoció que Santiago Maldonado huía de la cacería de los gendarmes cuando fue visto por última vez con vida. 77 días después se encontró su cuerpo en el río Chubut.

Para que exista desaparición forzada de persona no es necesario que haya un plan de detención sistemático, solo hace falta un caso en el que la desaparición sea provocada por un agente estatal, que haya una negación de la desaparición y que luego se oculte o manipule la información.

Nunca les gustó hablar de desaparición forzada. Desde el gobierno y los medios, rechazaron constantemente denominar la desaparición de Santiago de ese modo porque no hay un plan de detención sistemático de personas por parte del Estado. Sin embargo, para que exista desaparición forzada de persona no es necesario que haya un plan de detención sistemático, solo hace falta un caso en el que la desaparición sea provocada por un agente estatal, que haya una negación de la desaparición y que luego se oculte o manipule la información, así lo aseguran varios organismos como la ONU, la OEA y Amnistía Internacional.

En La Primera Piedra analizamos en varios artículos porque el caso se trataba de una desaparición forzada. Principalmente, porque la única hipótesis que se manejó siempre era la vinculada a Gendarmeria Nacional -al igual que ahora, aunque los medios se empeñen en desmentirlo- y cuando es el Estado el responsable, es el mismo Estado el que debe demostrar las pruebas que demuestren lo contrario o nuevas pruebas que seas concretas. En este caso, el gobierno lo único que hizo fue encubrir.

(Leer nota: ¿Por qué Santiago Maldonado es víctima de una desaparición forzada?)

Son las instituciones del Estado las que tienen la obligación y responsabilidad de dar explicaciones sobre lo sucedido en los casos de desaparición forzada, o en los que se sospecha de desaparición forzada, y de sancionar penalmente a todos los responsables. Ahora, con la confirmación de la muerte de Santiago Maldonado, el delito se trata de una desaparición forzada seguida de muerte, y las obligaciones y responsabilidades siguen dependiendo del Estado y el Gobierno nacional.


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Santiago Maldonado y la tradición represiva de las fuerzas estatales

El aparato represivo estatal no dejó de reprimir tras la dictadura cívico-militar, simplemente, se reconfiguró. Su tradición represiva se fue adaptando en los distintos pasajes de la democracia a la dictadura y de la dictadura a los gobiernos constitucionales. Su accionar se configura de acuerdo a las necesidades que el gobierno de turno o el poder necesite. Este dato no puede dejarse de lado cuando se piensa en el caso de Santiago Maldonado, o en tantos otros sucedidos en democracia, porque la tradición de las fuerzas estatales es necesariamente represiva y su accionar está dirigido principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En paralelo, cuando la protesta comienza a ser un foco a criminalizar o silenciar, los militantes sociales también sufren el accionar estatal de las distintas fuerzas represivas. Sumado a esto, cuando el discurso oficial y el de los grandes medios avala la represión, sumado al envalentonamiento y la reivindicación de las fuerzas estatales, los resultados son palpables en todo el territorio nacional. Así lo asegura la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y el primer año del macrismo reflejado en su informe del 2016, con un muerto cada 25 horas que da cuenta de esta mayor entidad represiva que se manifiesta en el accionar de todas las fuerzas estatales y “de seguridad”.

El operativo represivo llevado adelante en la comunidad de Pu Lof no puede pensarse de forma aislada, ni tampoco desconocer las modalidades  (tortura, desaparición, secuestro y muerte) que adoptan las prácticas represivas en dictadura y, también, en democracia. Tampoco se puede desvincular la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado de las amenazas, hostigamientos y amedrentamientos que sufre la comunidad mapuche.

En este sentido, este caso se inserta en esta tradición represiva que nunca dejó de estar en vigencia. El operativo represivo llevado adelante en la comunidad de Pu Lof no puede pensarse de forma aislada, ni tampoco desconocer las modalidades  (tortura, desaparición, secuestro y muerte) que adoptan las prácticas represivas en dictadura y, también, en democracia. Tampoco se puede desvincular la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado de las amenazas, hostigamientos y amedrentamientos que sufre la comunidad mapuche por parte de las fuerzas estatales desde marzo del 2015 cuando iniciaron la recuperación de sus tierras.

(Leer nota: Represión en comunidad mapuche: la violencia a favor de las empresas extranjeras)

El peligro de una democracia que naturaliza semejantes crímenes

Todo este escenario plantea muchos ejes de análisis. En principio, el peligro de una democracia que tolera estos ataques y naturaliza uno de los crímenes más aberrantes de los últimos años en materia de Derechos Humanos. En este sentido, como ya mencionamos en La Primera Piedra, la desaparición seguida de muerte del joven se da como consecuencia de la represión avalada y conducida por Pablo Noceti, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, dato comprobado por los testimonios aunque el gobierno y los principales medios quieran negarlo.


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Por otro lado, es necesario entender el poder que manejan los medios de comunicación más poderosos, pero también la información que circula en redes sociales que permite instalar una idea, deslegitimar el reclamo de la familia de Santiago Maldonado o viralizar noticias falsas. Siguiendo lo señalado por un informe presentado por lavaca que analiza la relación entre concentración mediática, los ataques de granjas de trolls y desapariciones forzadas en democracia, ya no alcanza todo el poderoso arsenal de los medios de comunicación tradicionales para acallar la potencia social que condena este crimen de Estado: “Es entonces cuando se activa el ataque de las granjas de trolls que trabajan en la zona más oscura, con argumentos más arteros, sin el bozal de la corrección política ni profesional que, aún en apariencia, deben representar los medios corporativos. Se trata de atacar la dignidad social, a través de personalizar en un blanco todas las indignidades posibles e imposibles de ser expresadas en voz alta y en una democracia”. Sin embargo, ni los medios ni las redes sociales son omnipotentes, pero es allí donde se disputa el sentido común que puede condenar o festejar una desaparición forzada en democracia.

La desaparición y muerte de Santiago Maldonado no es más importante que otros casos, pero la gran visibilidad que adquirió el reclamo podría hacer pensar lógicamente en el repudio de la sociedad en su totalidad, sin embargo, muchos sectores lo perciben como natural, cotidiano o, peor aún, como correcto. Se puede suponer entonces que las mismas prácticas se vean sustentadas en la complicidad de muchos sectores sociales que legitiman la represión y el control a los sectores sociales más vulnerables y militantes.

La desaparición y muerte de Santiago Maldonado no es más importante que otros casos, pero la gran visibilidad que adquirió el reclamo podría hacer pensar lógicamente en el repudio total de la sociedad, sin embargo, muchos sectores perciben su muerte como natural, cotidiana o, peor aún, como correcta. Se puede suponer entonces, así como en otros casos de represión estatal mediante el gatillo fácil, que las mismas prácticas se ven sustentadas en la complicidad de muchos sectores sociales que legitiman la represión y el control a los sectores sociales más vulnerables y a los militantes. Esto es lo más peligroso.

Cuando un crimen de Estado se percibe como correcto o se lo alienta desde los discursos no sólo oficiales sino también periféricos es cuando la señal de alerta aparece con más fuerza y lo peligroso se vuelve tangible. Cabe preguntar, entonces, qué depara el futuro de una sociedad que permite naturalizar una desaparición seguida de muerte producida por el Estado mediante sus fuerzas represivas. Después de todo, una democracia que viola Derechos Humanos por la acción represiva, y que desde los discursos oficiales y mediáticos se naturaliza, no es democracia.



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