En el día de hoy se llevará a cabo una marcha nacional educativa convocada por los gremios de docentes universitarios y a la que se sumarán más de quince federaciones estudiantiles de todo el país. La movilización es parte de un reclamo que las universidades públicas vienen sosteniendo hace ya varias semanas: la asignación del presupuesto necesario para el correcto funcionamiento de las facultades y el aumento del salario docente. Ante la imposibilidad de hacer frente a la inflación y a las tarifas de luz, agua y gas, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró que el dinero estipulado sólo alcanza hasta el mes de agosto. Hasta el momento, las negociaciones con el Ministerio de Educación han sido infructuosas y el conflicto parce estar lejos de resolverse.
El viernes 29 de abril fue la primera vez en quince años que las trece facultades de la UBA cerraron sus puertas en protesta por la crisis presupuestaria. No es un dato menor que todas las Federaciones Universitarias Docentes acordaran llevar adelante una serie de medidas conjuntas que no ocurrían desde hacía mucho tiempo y que tampoco han tenido la suficiente difusión mediática: cortes de calle con clases públicas, actos en las sedes facultativas, carpas frente al Congreso y movilizaciones. Acciones similares fueron tomadas en Universidades Nacionales de todo el país, como fue el caso de las de Cuyo, el Litoral, Tucumán, Comahue, Río Negro y Luján, por nombrar sólo algunos ejemplos.
El viernes 29 de abril fue la primera vez en quince años que las trece facultades de la UBA cerraron sus puertas en protesta por la crisis presupuestaria. No es un dato menor que todas las Federaciones Universitarias Docentes acordaran llevar adelante una serie de medidas conjuntas que no ocurrían desde hacía mucho tiempo y que tampoco han tenido la difusión mediática que realmente se merecen.
El “sinceramiento” educativo
A fines de marzo, el Gobierno anunció que el “sinceramiento tarifario” alcanzaría los servicios de luz, agua y gas, que finalmente se incrementaron en un 327%, 249% y 143% respectivamente. La medida tiene un indefectible impacto social en el que la educación pública también se vio implicada. De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Presupuesto 2016, sancionada en octubre de 2015, la suma fijada para la UBA fue de alrededor de $51.946 millones. Si bien el monto representó un aumento del 30% en relación al presupuesto del año anterior, en un contexto inflacionario y con los elevados gastos de servicios, la diferencia es nula.
Fuente: eldiariodebuenosaires.com
Las autoridades de la UBA y de diversas Universidades Nacionales declararon que, de no asignarse los refuerzos adicionales que de hecho fueron previstos en la Ley de Presupuesto, los recursos no serán suficientes para permitir el normal funcionamiento académico luego del mes de agosto. Esto no sólo afectaría al dictado de las clases y a la continuidad de numerosas obras de infraestructura en las sedes facultativas, sino también a la totalidad de las actividades de investigación, docencia y extensión universitaria que se ofrecen al conjunto de la sociedad. La situación influye también en los hospitales-escuela y en los colegios secundarios dependientes de la UBA, entre ellos el Hospital de Clínicas y el Colegio Nacional Buenos Aires.
Las autoridades de la UBA y de diversas Universidades Nacionales declararon que, de no asignarse los refuerzos adicionales que de hecho fueron previstos en la Ley de Presupuesto, los recursos no serán suficientes para permitir el normal funcionamiento académico luego del mes de agosto.
El conflicto presupuestario está además íntimamente ligado al reclamo de los docentes, cuyos salarios se encuentran congelados desde noviembre de 2015 y que exigen un aumento de un 45% para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo en el escenario económico. Lejos de este porcentaje y del salario necesario para afrontar el costo de vida, la última oferta del Ministerio de Educación encabezado por Esteban Bullrich fue de un aumento de un 15% en mayo, un 5% en octubre y un 11% en diciembre, cerrando las paritarias hasta mayo de 2017.
Fuente: masnoticias.org.ar
Además, autoridades y representantes gremiales denuncian que la partida de 500 millones de pesos, anunciados la semana pasada por el Gobierno Nacional, representa un porcentaje ínfimo en la distribución de recursos para un total de 53 universidades nacionales y es por lo tanto sólo un paliativo que sigue sin poder garantizar una continuidad académica normal durante el resto del año.
La partida de 500 millones de pesos anunciados la semana pasada por el Gobierno Nacional representa un porcentaje ínfimo en la distribución de recursos para un total de 53 universidades nacionales y por lo tanto es solo un paliativo que sigue sin garantizar el normal desarrollo académico durante el resto del año.
En este angustiante contexto, el desarrollo del sistema universitario público nacional se ve afectado por un desfinanciamiento, producto del presupuesto insuficiente. Que el derecho educativo y las funciones sociales que la educación superior posibilitan sufran estas dificultades, reviste una gravedad que no adquirió gran relevancia en la mayor parte de la agenda mediática y pública. Distinto fue el caso del difundido «show de posporno» que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en julio de 2015 y que originó comentarios ni la mitad de escandalosos de lo que implica un ajuste indirecto a uno de los pilares más importantes que tenemos como sociedad.
