En un clima enrarecido a nivel nacional, con el Poder Judicial otorgando prisiones domiciliarias a represores condenados y un presidente que no tiene «ni idea» del número de desaparecidos, relativizando su importancia, y que reconoce no querer entrar en ese debate, ayer fue un día histórico en lo que respecta a los delitos de lesa humanidad en la Argentina. La Primera Piedra estuvo presente en la sentencia de la Megacausa La Perla – La Ribera, en Córdoba.
Tras casi cuatro años del juicio por delitos de lesa humanidad más importante que tuvo lugar en la provincia de Córdoba, a través del cual se fueron dando a conocer los más escabrosos detalles de lo sucedido bajo la represión entre los años 1975 y 1979, finalmente llegó el veredicto en que los 43 imputados conocieron su condena. Entre ellos, y como caso ejemplar, el represor Luciano Benjamín Menéndez sumó su doceava cadena perpetua y otros 27 recibieron la misma pena, además de 10 condenas menores y 5 absoluciones.
Tras casi cuatro años del juicio por delitos de lesa humanidad más importante que tuvo lugar en la provincia de Córdoba, a través del cual se fueron dando a conocer los más escabrosos detalles de lo sucedido bajo la represión entre los años 1975 y 1979, finalmente llegó el veredicto en que los 43 imputados conocieron su condena.
Otros de los condenados a la pena máxima fueron Ernesto Guillermo Barreiro, Héctor Pedro Vergez y Mirta Graciela Antón, quienes fueron autores de los crímenes más aberrantes y quienes fueron orgullosos partícipes de la propagación del terrorismo de Estado. Carlos Yanicelli, también, recibió la condena a perpetua, quien fuera funcionario policial de la provincia de Córdoba en 1997, en el área de inteligencia, con fuertes vínculos con el actual funcionario nacional Oscar Aguad, que es recordado por compartir el palco y la foto nada menos que con Menéndez.
Una sentencia para recordar
Muchos de los acusados eligieron taparse la cara durante el paso de los reporteros gráficos a la sala, ya sea con las manos, con un diario, o simulando leer un libro. Otros sonreían y charlaban entre sí, fingiendo indiferencia, sin poder, a pesar de ello, ocultar sus gestos nerviosos. Ernesto «El Nabo» Barreiro, uno de los mayores provocadores a los familiares y quien hasta hace poco solía sonreír mientras las víctimas relataban las violaciones sufridas, dejaba ver signos de no haber pasado una buena noche y también escondía su rostro.
Luego de haber anunciado las condenadas, Arnoldo «El Chubi» López, otro de los que recibió la condena en el día de ayer, frente al tradicional cántico: «A donde vayan los iremos a buscar«, respondió: «Yo también«, desafiando y provocando, junto a Carlos Alberto Díaz, al público presente en la sala, conformado mayoritariamente por familiares de sus víctimas. Un caso aparte fue Luciano Benjamín Menéndez, quien permaneció imperturbable, como siempre, a lo largo de toda la sesión que comenzó a las 11 de la mañana. Él fue el primero en ser condenado.
Una gran cantidad de público perteneciente a organizaciones sociales, barriales, gremiales, estudiantiles, partidos políticos y a la ciudadanía en general se congregó desde bien temprano en las puertas de Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba a la espera de la sentencia de un juicio histórico.
Mientras tanto, una gran y expectante cantidad de público perteneciente a organizaciones sociales, barriales, gremiales, estudiantiles, partidos políticos y a la ciudadanía en general se congregó desde bien temprano en las puertas de Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba a la espera de la sentencia de un juicio histórico que tuvo en el banquillo de los acusados, una vez más, al genocida Luciano Benjamín Menéndez y a 42 imputados más. Después de casi 600 testimonios, un tribunal se pronunció por primera vez sobre hechos de Terrorismo de Estado previos a 1976, así como sobre el robo de bebés en Córdoba y los delitos sexuales en el contexto de los demás crímenes juzgados.
El juicio abarcó lo ocurrido, entre 1975 y 1979, a 716 víctimas en los campos de concentración La Perla, Campo La Ribera, el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia conocido como D2, Malagueño (también conocido como «Perla Chica») y otras comisarías de la provincia, recogiendo el relato de casi 600 testigos. Esa cantidad de testimonios y las pruebas aportadas por ellos y por la pericias realizadas, por ejemplo, por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), fueron contundentes, dejando al desnudo no sólo las atrocidades que eran llevadas a cabo por los acusados, sino también la sistematicidad y planificación con que las mismas eran ejecutadas.
«Este juicio nos ilumina (…) Nos permiten vivir con un poco más de ética: los asesinos son los asesinos y las víctimas somos las víctimas”, había afirmado unos días antes de la sentencia Ana Iliovich.
Respecto al EAAF, uno de sus hallazgos más importantes tuvo lugar durante el juicio, en 2014, cuando fueron hallados e identificados los restos de cuatro estudiantes de medicina integrantes de la Federación Universitaria Peronista que permanecían desaparecidos desde el 6 de diciembre de 1975, fecha en que fueron secuestrados en el Parque Sarmiento, a metros del lugar en donde ayer se dictó la sentencia. Sus restos fueron encontrados en los hornos de los terrenos militares lindantes a La Perla.
«Este j
uicio nos ilumina (…) Nos permiten vivir con un poco más de ética: los asesinos son los asesinos y las víctimas somos las víctimas”, había afirmado unos días antes de la sentencia Ana Iliovich, en una entrevista realizada por el periodista Alejandro Mareco en la que relata cómo en los «permisos de salida» de La Perla que le otorgaban sus captores, memorizaba al menos los nombres de diez compañeros y los anotaba en un cuaderno. Gracias a su testimonio se pudo conocer qué personas desaparecidas de las que no se sabía su derrotero, habían pasado por dicho campo de concentración.
Con este proceso quedó, además, demostrado que el Terrorismo de Estado tuvo origen antes de la fecha del golpe de Estado de 1976, existiendo evidencia de que se había iniciado al menos un año antes; así como también se pudo comprobar el plan sistemático de robo de bebés, como es el caso comprobado del nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, Sonia Torres. Por otra parte se realizaron condenas por delitos sexuales, entendidos como delitos de lesa humanidad, lejos de la figura judicial de «tormentos».
La audiencia final contó con algunas presencias cuanto menos polémicas, como la del Gobernador cordobés Juan Schiaretti, cuestionado por implementar políticas de seguridad violatorias de los Derechos Humanos en la provincia y principal socio político del ex gobernador De la Sota, quien afirmara: «Las madres deberían haber cuidado mejor a sus hijos», y la del legislador Oscar González, en su momento mano derecha del ex mandatario, conocido por implementar políticas de «mano dura» y artífice de una contundente política de criminalización y represión de la protesta social. También se hizo presente la titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, Cecilia Pando, quien intentó provocar a los familiares de víctimas del proceso, en particular a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, logrando finalmente ingresar a presenciar la sentencia.
Jornada histórica
Con la sentencia de la Megacausa La Perla – La Ribera, se cerró una jornada histórica en lo que respecta a los juicios por los delitos de lesa humanidad y a la continuidad en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia en nombre de los 30.000 desaparecidos, que interpela a seguir pidiendo justicia, a valorar los procesos de lucha, y al compromiso permanente por la vigencia de los Derechos Humanos. Además, estas pequeñas victorias colaboran en seguir visibilizando las violaciones que ocurren hoy en día, como los desaparecidos en democracia, los asesinatos por parte del aparato represor estatal, la represión de la protesta social, los atentados ambientales, la carencia de vivienda y trabajo dignos, entre otras.
Los condenados a perpetua fueron:
Luciano Benjamín Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, Héctor Pedro Vergez, Mirta Graciela Antón, Carlos Yanicelli, Ricardo Lardone, Yamil Jabour, Ernesto Padován, Calixto Flores, Héctor Romero, Arnoldo López, Jorge González Navarro, Herminio Antón, Carlos Díaz, Juan Molina, Alberto Choux, Miguel Ángel Gómez, José Herrera, Eduardo Grandi, Jorge Gorleri, Jorge Acosta, Héctor Hugo Chilo, Luis Martela, Luis Gustavo Diedrichs, Alberto Lucero y Marcelo Luna, Carlos Enrique Villanueva y Valentín Orestes.
El resto recibieron penas de distinto grado, en tanto que Antonio Filliz, Ángel Corvalán, José Idelfonso Vélez, Francisco Melfi y Juan Carlos Cerutti fueron absueltos, aunque algunos de ellos permanecen en prisión por otras causas.
