Más de un mes presos: 5 detenidos en la represión del 14 de diciembre siguen privados de su libertad

por Giuliana Sordo

Más de un mes después de la brutal represión del 14 de diciembre, cinco personas continúan detenidas. Ese día el gobierno nacional desplegó un enorme operativo para sitiar y militarizar las calles que se ubicaban en los alrededores del Congreso de la Nación donde se iba a votar la reforma previsional. Desde aquel jueves de diciembre, en el que se llevo adelante una represión y cacería indiscriminada, cinco jóvenes llevan más de un mes presos. ¿Quiénes son y por qué continúan detenidos? (Foto de portada: Kaloian Santos Cabrera)*



El jueves 14 de diciembre fue el tercer día de represión desatada en un centro porteño que se encontraba militarizado desde la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que había desplegado el martes 12 de diciembre un brutal operativo para reprimir la movilización contra el encuentro. Ese día en el que se llevo adelante dicho operativo fue el primero de tres días consecutivos de represión y militarización de las fuerzas represivas en las calles de la ciudad de Buenos Aires.

Ese jueves, el oficialismo pretendía aprobar la reforma previsional con un Congreso Nacional vallado, sitiado y con su aparato represivo en las calles. Sin embargo, la reforma no fue tratada dentro del edificio por la represión desplegada afuera en la que Gendarmería Nacional había tomado un rol principal en el ataque a los manifestantes con balas de goma y gases.

En paralelo, distintas fuerzas represivas comenzaron un operativo de cacería por las calles aledañas a la Plaza del Congreso. Allí, fueron detenidas 41 personas de forma totalmente arbitraria e indiscriminada. Más tarde, el número llegó a 44. Cinco de ellas, continúan detenidas más de un mes después de aquella terrible represión. ¿Cuáles son los motivos para seguirlas privando de su libertad?

(Leer nota: “Yegua, ahora vas a ver lo que es el rigor”: testimonios de la represión en el Congreso) 


Foto: German Romeo Pena


Juan Salomón Vallota y Sebastián Giancarelli

Juan Salomón Vallota y Sebastián Giancarelli aquel 14 de diciembre se encontraban parados en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos. Ambos jóvenes se encuentran en situación de calle y viven de limpiar vidrios en la zona de Congreso. Cuando la masiva marcha contra la reforma previsional había terminado, Juan y Sebastián esperaban que se reanudara el tránsito para poder seguir trabajando.

Sin embargo, a diferencia de lo que esperaban, los únicos vehículos que pasaron por allí fueron las motos de Gendarmería Nacional. Los jóvenes se encontraron en el centro de la cacería desatada por los agentes de las fuerzas represivas. Les pegaron y los metieron presos junto a otras tres personas que vieron la escena e intentaron frenar el accionar represivo, tal como relatan en Cosecha Roja.

Gendarmería Nacional no detalló los motivos por los cuáles fueron privados de la libertad, pero les atribuyeron de manera genérica “haber intervenido de los tumultos y desórdenes públicos” en la zona del Congreso. Después de tomarles declaración indagatoria, el juez Claudio Bonadío les negó la excarcelación porque no tenían un domicilio fijo. “Los dos aportaron los domicilios de sus padres, Sebastian también dio otro domicilio de una persona de confianza y los abogados nos pusimos a disposición como vehículo directo para cualquier notificación”, describió María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) a Cosecha Roja.

En el caso de Sebastián, también se argumentó que tenía antecedentes por robo: “Son delitos comunes que nada tienen que ver con actividades políticas. Ya cumplió la condena y se presentó siempre ante cada uno de los juzgados”, agregó Verdú. De acuerdo a lo señalado por el portal de noticias mencionado, tras la apelación de la defensa, los jueces de la Cámara Federal confirmaron las detenciones y explicaron que todavía falta el análisis detallado de las filmaciones y los dos jóvenes en situación de calle podrían entorpecer esa medida de prueba.


Esteban Rossano

Esteban tiene 19 años y vive en Morón, provincia de Buenos Aires. De acuerdo a lo señalado en Cosecha Roja, el jueves 14 de diciembre, fue a pasear con un amigo por Capital. Querían ir al Obelisco pero se bajaron mal del subte. A unas cuadras de Avenida de Mayo, lo detuvieron cuando intentó ayudar a una mujer. Ese fue el momento en que uno de los agentes lo señaló y dijo: “Ese estaba tirando botellas de vidrio”. Le sacaron la mochila en la que llevaba un protector para tablet, un cable de audio y ropa de fútbol y, sin identificarla, la pusieron en una camioneta con pertenencias de otros detenidos.

Esteban Rossano desde los 9 sueña con entrar al Ejército, 10 años después vivió el accionar brutal de las fuerzas represivas. El padre y el abogado denuncian que le plantaron en la mochila dos piedras y cuatro panfletos de tres agrupaciones políticas diferentes que levantaron de la calle, el Movimiento Territorial de Liberación, una agrupación kirchnerista y otra trotskista. El juez Bonadio ordenó un allanamiento en la casa de Esteban para buscar elementos terroristas. Aún sigue detenido.

“Hace un mes, en cuanto supe que Esteban había sido arrestado pensé que era cuestión de horas que volviera a casa, como me pasó a mí en alguna razzia de joven. Ahora no puedo creer lo que estamos viviendo”, señaló el papá, Pablo Rossano a Página/12 y agregó: “Pero, a ver, yo digo, no fue a la manifestación. ¿Y si hubiera ido cuál es el problema? ¿Y si los panfletos y las piedras eran de él, cuál es el problema? ¿Es un delito? ¿Le pegó a un policía? ¿Robó? ¿Dañó un coche? Nadie me muestra eso. ¡Y está preso hace un mes!”.


Pablo Giusto

Pablo Giusto tiene 38 años, es fletero y desde las 5 de la mañana arrancaba su día para ir a trabajar. La Justicia lo acusó de agredir a personal policial en Cerrito y Avenida de Mayo. Sin embargo, como detalla Cosecha Roja, a Pablo lo detuvieron a la noche cuando se acercó a la comisaría a ver a un compañero. A él también le negaron la excarcelación. El juez, en este caso también, sostuvo que si quedaba en libertad podría entorpecer el allanamiento que se estaba desarrollando en su casa a pesar de que se estaba realizando en ese mismo momento. Allí, como en los otros casos, no encontraron nada. Sin embargo, continúa privado de su libertad.


Diego Parodi

Diego Parodi es jardinero y había sido una de los primeros detenidos de la marcha del 14 de diciembre. De acuerdo a lo explicado por Cosecha Roja, Bonadío le negó la excarcelación porque se presentó a declarar con una remera distinta a la que llevaba cuando lo detuvieron. El juez consideró que se había cambiado la prenda para evitar ser imputado. A su vez, La Cámara sostiene que fue detenido tras haber agredido a personal policial por una bomba molotov. “En el tema de la excarcelación no tienen que discutirse los hechos sino de los peligros procesales, que son alteración de prueba o peligro de fuga. Ninguno de ellos tiene antecedentes. Tampoco hay peligro de fuga”, señaló la abogada Gabriela Conder, de la Gremial de Abogadas y Abogados, a Cosecha Roja.


Foto: Roberto Juarez


Disciplinar la protesta social

Esta semana del mes de enero del 2018, los cinco jóvenes cumplieron un mes desde su detención y siguen acumulando días tras las rejas. Están acusados de “infundir temor público” para “coaccionar la actividad parlamentaria” por los delitos de intimidación pública, daños, resistencia a la autoridad y coacción que prevén penas de hasta seis años de cárcel, según explica el portal Cosecha Roja.

La Justicia Federal, específicamente, el juez Claudio Bonadio y la Cámara Federal les negó la excarcelación porque considera que pueden entorpecer la investigación, “no pueden acreditar domicilio” o “no se tiene un panorama completo” de lo sucedido y no está finalizada la investigación para definir las responsabilidades, según manifiestan desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Muchos de los detenidos de forma arbitraria e indiscriminada en las movilizaciones de diciembre de 2017 ni siquiera participaron de las manifestaciones, enviando así un claro mensaje a quienes se atrevan a protestar. “Hay una decisión del Poder Judicial de utilizar las detenciones como escarmiento para quienes participen de protestas sociales”, señaló María del Carmen Verdú a Cosecha Roja.

(Leer nota: Reprimir y cazar: la lógica para disciplinar la protesta social que los medios no muestran)

“Lo común a las cinco detenciones es que en ningún caso los jueces hacen una descripción clara y específica de las conductas que se reprochan sustentada en pruebas que puedan ser contrastadas por la defensa de los detenidos. Tampoco está justificado por qué las causas siguen tramitando en el fuero federal”, denunciaron desde el CELS al cumplirse un mes de las detenciones.Los allanamientos desplegados para “encontrar material terrorista” en sus casas es un eufemismo para criminalizar la militancia y encontrar rastros de propaganda política, sin embargo, esto no constituiría delito alguno.

En paralelo a estas cinco personas que continúan detenidas, tras la represión desplegada el 18 de diciembre -día en que sí se trató y aprobó la reforma previsional- dos personas más siguen detenidas. César Arakaki permanece privado de su libertad desde el 18 de diciembre y Dimas Fernando Ponce se presentó el 9 de enero y también continúa detenido. A ambos se los causa de agredir y lesionar policías, intimidación pública y atentado a la autoridad agravado. La justicia les negó la excarcelación por la presunción de que intentarán eludir y entorpecer el proceso, a pesar de que no se explica cómo.

El CELS afirma que, debido a la feria judicial, estas siete personas continuarán detenidas hasta, al menos, el mes de febrero. “El inicio de causas penales de carácter federal en contextos de represión de la protesta, en las que se sostienen detenciones prolongadas con argumentos endebles, implica procesos de criminalización muy preocupantes”, denuncian desde el organismo de Derechos Humanos.

(Leer nota: Milagro Sala no es la única: quiénes son los presos políticos en el gobierno de Macri)

Estos procesos de criminalización de la protesta social fueron acentuados durante el año 2017. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, sumadas a las represiones y cacerías desatadas en la ciudad de Buenos Aires -por mencionar breves pero brutales ejemplos- ponen en grave riesgo el derecho a la manifestación. En un contexto en que el descontento social va en aumento ante las medidas de ajuste económico, ¿qué se puede esperar de este nuevo año de gestión? El gobierno de Cambiemos ya ha demostrado que la represión va a ser su única respuesta.



*Todas las fotos que ilustran la nota son del 18 de diciembre

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1 Comentario

tudy pk 13 febrero, 2019 - 06:42

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