El 13 de junio de 2014, la Gendarmería asesinó a Andrés García Campoy en la provincia de Mendoza. Casi cuatro años después de la muerte del joven oriundo de San Luis, la causa está parada. El caso fue caratulado como “suicidio” y Walter Bento, juez federal del Juzgado Nº 3 de Mendoza está a cargo de la causa. Como es costumbre en estos casos, el accionar represivo se encubre mediante la complicidad del poder judicial que solo se quiebra con la lucha incansable de los familiares.
Hace más de tres años que Andrés García Campoy, oriundo de San Luis y estudiante de la Licenciatura en Seguridad e Higiene Industrial, fue asesinado por Gendarmería en la ruta 7 en Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza. Exactamente, la muerte en manos de los agentes estatales fue el 13 de junio de 2014. En el lugar, un control de ruta, se encontraban los gendarmes Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez.
Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez.
A pesar de las pruebas presentadas, el caso fue caratulado como “suicidio” y Walter Bento, juez federal del Juzgado Nº 3 de Mendoza está a cargo de la causa. «Nosotros tuvimos que hacer una autopsia pos muerte, psicológica, para probarle al juez que Andrés no se suicidó. Y en ésta salió que no había ningún indicio de que mi hijo se haya suicidado. La autopsia la hizo una doctora que pusieron ellos», señaló la madre de Andrés, Mónica Campoy, en diálogo con Agencia Paco Urondo (APU).
«Mi hijo, Andrés García Campoy, fue injustamente asesinado por Gendarmería Nacional, en un control rutero de la ruta n° 7 de Lujan de Cuyo, Mendoza«, denunció Mónica Campoy y, en la entrevista, aclaró: «Dos gendarmes, Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez, pararon a Andrés en el cruce en el que terminó con un tiro en la cabeza, en el parietal derecho, es decir, atrás de la oreja. Entonces el tiro fue desde atrás». En la nota realizada por María Brun Lubatti de APU, la madre de Andrés García Campoy contó las irregularidades del juez en el caso: «Nosotros no podemos encontrar una explicación lógica a por qué se suicidaría nuestro hijo y por qué el juez Bento lo considera así».
También relató que tuvieron que acercarse a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) porque la causa no avanzaba: no se perito el arma, no se les tomó declaración a las personas que pasaron por el lugar al momento del hecho, ni tampoco se los tomo como testigos. La policía tampoco investigó con los vecinos del lugar, en este sentido, Mónica señaló: «Tuvimos que ir nosotros. Algunos vecinos me contaron que vieron cómo lo mataron a Andrés. Le pedimos al juez que le tomara declaración a esta gente. Nuestro abogado, después de mucho pelear, tuvo que ir la Corte Suprema de Justicia para pedir que tomaran estas pruebas. Pero después, cuando citaron a una de las vecinas, algo pasó en el medio que la señora me desconoció a mi y a la causa».
La familia de Andrés Campoy pidió recusar al juez por miedo a su parcialidad en el caso, pero no pudieron sacarlo. Por el momento la causa está parada. «El juez no es imparcial, está tapando todo», denunció Mónica y asegura que por el momento los gendarmes están libres: «No entiendo como el juez sigue apañando a los gendarmes y sostiene que mi hijo se suicidó. Hace cuatro años que tiene la causa cajoneada». Este caso se enmarca, como tantos otros, en las muertes ocasionadas por un aparato represivo que nunca dejó de matar y que goza de la impunidad que le brinda una justicia que pocas veces llega a las víctimas.
