Represión a jubilados: los «empujones» y la criminalización de la protesta

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Durante la mañana de ayer, la Policía Federal reprimió a jubilados que reclamaban un aumento en sus haberes jubilatorios sobre el Puente Pueyrredón. En el contexto de una creciente criminalización de la protesta encabezada por parte del gobierno nacional, Clarín y otros medios describieron la situación como «empujones entre jubilados y policías» y fue duramente criticado en distintos ámbitos de la sociedad.


Un centenar de hombres y mujeres mayores se reunieron ayer sobre el Puente Pueyrredón, con su fortaleza y su indignación como únicas armas para defender un reclamo que consideraban justo. Tenían un objetivo en mente: cortar el famoso puente que conecta el sur del conurbano con la ciudad para movilizar a los medios de comunicación y así obtener por un momento la atención de la sociedad.

Los protestantes buscaban alertar sobre la necesidad de un aumento en la jubilación que les permita enfrentar la inflación y los tarifazos impulsados por el propio gobierno de Mauricio Macri, los cuales se presentan como cifras imposibles para quien cobra la mínima actual de $4.900. Pero la noticia dejó de girar alrededor del corte y el reclamo cuando la Policía Federal tomó la decisión de reprimir a los jubilados.

Los protestantes buscaban alertar sobre la necesidad de un aumento en la jubilación que les permita enfrentar la inflación y los tarifazos impulsados por el propio gobierno de Mauricio Macri, los cuales se presentan como cifras imposibles para quien cobra la mínima actual de $4.900. Pero la noticia dejó de girar alrededor del corte y el reclamo cuando la Policía Federal tomó la decisión de reprimir a los jubilados.

Los jubilados, que pertenecen al Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), fueron atacados con carros hidrantes y se vieron obligados a retroceder frente al avance de la policía con sus escudos. Aunque no hubo heridos de gravedad, la actitud de la policía demuestra que la posición del gobierno nacional frente a las protestas sociales no se ubica en la vereda de la vulnerabilidad social.

En el marco de una creciente criminalización de la  protesta y del establecimiento de un protocolo «antipiquetes», el comisario a cargo del operativo manifestó que eran «caprichos» por lo que los jubilados se negaban a abandonar sus posiciones, restándole autoridad a su justo reclamo, una actitud que parece bajar desde Patricia Bullrich, máxima autoridad del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En el marco de una creciente criminalización de la  protesta y del establecimiento de un protocolo «antipiquetes», el comisario a cargo del operativo manifestó que eran «caprichos» por lo que los jubilados se negaban a abandonar sus posiciones, restándole autoridad a su justo reclamo.


La importancia de hablar de represión

Mientras la policía reprimía a los jubilados que se manifestaban pacíficamente sobre el Puente Pueyrredón, los medios de comunicación hicieron una cobertura particularmente sesgada de los acontecimientos. Por ejemplo, Clarín eligió ignorar y evitar el término «represión» y tituló la noticia como «Empujones entre jubilados y policías en el Puente Pueyrredón», equiparando la violencia de los «empujones» que un policía y un jubilado pueden ejercer.

La gravedad no está únicamente en la elección del título sino en la decisión de no plantear el problema de la violencia institucional, que en la actualidad se plantea como una amenaza para los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta decisión editorial pareciera demostrar lo que ya parece obvio: la convivencia y buena relación entre el gobierno nacional y los grandes sectores empresarios y mediáticos.

En este contexto, entonces, resulta fundamental hablar de la violencia institucional en Argentina. Es importante ser conscientes del poder y la influencia que tienen los aparatos represivos sobre las decisiones que tomamos. Dejar en claro que la represión nunca es la salida y que el derecho de reclamar por lo que es justo siempre debe estar primero.

No es necesario que alguien sea asesinado para hablar de represión. Mantener estos temas en la agenda mediática para hacer visible que manifestarse es un derecho y una necesidad para la vida en democracia.


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