El Estado está lleno de sangre: Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil

por Giuliana Sordo

El Estado nunca dejó de matar tras el fin de la dictadura cívico-militar. Desde el retorno a la democracia, todos los gobiernos constitucionales de 1983 a la fecha fueron responsables de los asesinatos causados por los agentes de su aparato represivo. En estos, casi, 35 años, las muertes por gatillo fácil, torturas en cárceles y comisarías seguidas de muerte o desapariciones forzadas, asciende a más de 5500, con un salto brutal frente al actual gobierno de Cambiemos. Contra un Estado represivo lleno de sangre, se realiza en todo el país la cuarta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.



Cada 23 horas, el Estado es responsable de una nueva muerte ocasionada por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad. Así lo señala el Informe de la Situación Represiva Nacional del 2017 de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Esta política represiva existente en toda la democracia, se ve acelerada en la gestión actual de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, acompañada junto otras medidas que defienden el ajuste en contra de los sectores populares.

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El gobierno actual, en tan solo dos años -desde diciembre de 2015 a diciembre de 2017-, asesinó a 725 personas. Con más de una muerte por día, el macrismo y la alianza Cambiemos batieron todos los récords represivos en democracia. Sumado a los y las asesinadas por gatillo fácil, las muertes en lugares de encierro y las desapariciones forzadas, se agrega el aval discurso de los diversos funcionarios al accionar represivo. Lejos de exponer excusas, como lo hacían los gobiernos anteriores, Cambiemos defiende y reivindica el accionar de su aparato represivo.



Esto se vio reflejado en distintas ocasiones y quedó en evidencia a partir de la segunda mitad del año 2017, cuando la política represiva del gobierno de Mauricio Macri y la gestión de Patricia Bullrich dio un salto de calidad con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y la criminalización a Facundo Jones Huala y toda la comunidad mapuche. Pero también se pudo ver con claridad en todas las represiones a las protestas sociales llevadas adelante en el 2017 que fueron respondidas con brutal represión, con el hito máximo en las represiones sucedidas en los días de diciembre, con un centro porteño cargado y sitiado por agentes represivos.

(Leer nota: Reprimir y cazar: la lógica para disciplinar la protesta social que los medios no muestran)

Ese salto represivo que fue reivindicado por los funcionarios del gobierno actual se volvió obsceno en el año 2018 con la explícita defensa del policía Luis Chocobar, que asesinó por la espalda a Juan Pablo Kukoc. Tanto la ministra de Seguridad como el presidente de la Nación felicitaron y celebraron el accionar asesino del policía, avalando la represión y, fundamentalmente, el gatillo fácil. Esta doctrina, denominada como “doctrina Chocobar”, vino a poner en evidencia y a acrecentar la vía libre para matar ya existente que los agentes estatales asumían frente a los sectores más vulnerables.


“No son casos aislados, sino que estas formas de represión son ejercidas de manera sistemática a lo largo y a lo ancho del país y dirigida fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes, donde se suceden impunemente, además de asesinatos por parte de las policías, múltiples formas de represión contra los más vulnerables. (…) Por eso denunciamos que no se trata de uno, dos o mil policías sino de toda la institución, así como de todas las otras fuerzas represivas: gendarmes, prefectos, penitenciarios, etc., y que el responsable es el Estado”, denuncia el comunicado de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, jornada organizada por los y las familiares de víctimas del accionar asesino estatal.

En todo el país, las organizaciones, militantes, familiares y movimientos sociales salen a reclamar contra un Estado que no dejó de matar tras el fin de la dictadura cívico-militar, simplemente cambió su objetivo de control y represión hacia los sectores más vulnerables. La tortura, la desaparición y la muerte son prácticas que persisten hace más de tres décadas de democracia, y desde la llegada al poder de Cambiemos exhiben una clara profundización en los barrios y en la protesta social.



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