A partir de la explosión del feminismo en la región, los lazos de solidaridad entre las organizaciones de cada país se extendieron hasta formar un único grito: “América Latina será toda feminista”. Sin embargo, en el continente y en el mundo, los gobiernos elegidos se están desplazando progresivamente hacia un espectro político de derecha. ¿Cómo se puede reclamar por la igualdad cuando hay cada vez mayores retrocesos en materia de derechos humanos? (Foto de portada: Nadia Diaz)
Por Lucía De Dominicis, Giuliana Sordo y Laura Verdile*
En Argentina, los reclamos que se volvieron parte de la agenda social a partir de la marcha por Ni Una Menos en 2015 se toparon con un gobierno neoliberal que, a partir de un su plan económico, redujo los logros alcanzados en materia presupuestaria para erradicar y prevenir la violencia de género. Así, los programas estatales para fomentar la inserción laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad cerraron o disminuyeron. Si bien la desigualdad de género es un factor histórico y estructural ignorado a través del tiempo por numerosas gestiones, la mirada actual del Estado no colabora en lo más mínimo para avanzar hacia la conquista de derechos.
El gobierno de Mauricio Macri – que en este 2019 cumple su cuarto año en el poder – impulsó el desplazamiento a la derecha de la región latinoamericana, que fue progresivamente cambiando el perfil de los nuevos mandatarios. En los años posteriores, los votos populares ubicaron a presidentes y gestiones de centroderecha y derecha en el poder, siendo Jair Bolsonaro, en Brasil, el extremo de un paradigma del que también forman parte Mario Abdo Benítez en Paraguay, Iván Duque Marquez en Colombia, Sebastián Piñera en Chile y Martín Vizcarra Cornejo en Perú.
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Brasil: “La extrema derecha salió del armario y se enorgullece de eso”
Tras la asunción de Jair Bolsonaro a la presidencia, Brasil se ha convertido en el ejemplo más extremo (y casi caricaturesco) de la derecha latinoamericana. Liderados por un presidente abiertamente homofóbico, misógino, apegado a la religión y al poder militar, los brasileños y las brasileñas no ven un futuro esperanzador alrededor de políticas públicas que promuevan la igualdad de género en el país. Sin embargo, fueron desde un primer momento las mujeres quienes se levantaron en rechazo al entonces candidato Bolsonaro detrás de la consigna “Ele Não” para demostrar su oposición a las políticas de retroceso en materia de derechos humanos.
«Fueron desde un primer momento las mujeres quienes se levantaron en rechazo al entonces candidato Bolsonaro detrás de la consigna “Ele Não” para demostrar su oposición a las políticas de retroceso en materia de derechos humanos».
Uno de los símbolos del 8M en Brasil es el pedido de justicia por la muerte de Marielle Franco, líder feminista y activista por los derechos humanos que fue asesinada en marzo del año pasado en Río de Janeiro. El crimen continúa impune y se muestra como la cara más cruel de la escalada de violencia machista que se vive en el país: la tasa de femicidios continúa siendo alarmante y la población afrodescendiente e indígena es la más vulnerable. Según comentó a La Primera Piedra la diputada Jandira Feghali, actualmente las principales luchas del movimiento feminista son por “la libertad sexual, de control del propio cuerpo, igualdad en el mundo del trabajo y, sobre todo, de mantener los derechos conquistados en las últimas décadas”. En 2006, durante el gobierno de Lula da Silva, fue aprobada la ley Maria da Penha, que es considerada una de las 3 mejores legislaciones del mundo contra la violencia de género según la ONU. “Son pequeños pasos, pero existen incluso con tanto viento en contra”, afirma Feghali.
Luego del impeachment que impidió la continuidad del gobierno de Dilma Rousseff, el ex-presidente Michel Temer impulsó una reforma laboral a medida de los intereses de los empresarios. Como ocurre en el resto de los países de la región, los recortes y ajustes que movilizan este tipo de políticas neoliberales tienen un impacto mayor en la economía y la autonomía de las mujeres. Bolsonaro presentó el mes pasado una reforma jubilatoria para extender la edad de actividad de los trabajadores y las trabajadoras que también ubica a las mujeres en una posición de desventaja por la cantidad de labores que realizan por fuera del marco del trabajo regulado. Brasil es también uno de los países de la región con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres según el Banco Interamericano de Desarrolo (BID). Las disparidades se profundizan a su vez por la desigualdad racial y la distribución geográfica. Según el BID, la brecha salarial se hace más amplia entre los profesionales de alto poder adquisitivo.
El caso de Brasil se presenta como paradigmático porque, a pesar de que muchos líderes de la región estén de acuerdo con la ideología de Bolsonaro, no se atreverían a poner en juego su capital político con declaraciones extremistas. Sin embargo, el presidente de Brasil ha comentado abiertamente su apoyo a la dictadura militar, su oposición a lo que llama «ideología de género» y su odio hacia los homosexuales y los afrodescendientes. Incluso ha llegado a gritarle frente a las cámaras a una colega diputada que «no merecía ser violada» por ser «muy fea». Todos estos dichos que se naturalizan en el discurso político brasileño proponen un terreno fértil para el fortalecimiento de la derecha y la violencia en todas sus formas. La diputada Feghali afirma que a partir del surgimiento de Bolsonaro como líder político “la extrema derecha salió del armario y se enorgullece de eso”.
Colombia: “No hay una unidad para acompañar agendas de mujeres y luchas políticas”
Colombia es un caso aparte: la agenda feminista se encuentra signada históricamente por la existencia de una guerra interna que ya lleva medio siglo en su haber y que aún está lejos de llegar a su fin, a pesar de los acuerdos de paz negociados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en el año 2016. “El conflicto armado ha sostenido la desigualdad social en todas su formas, ha dividido al campo y a la ciudad, enviando al primero los mayores efectos de la violencia, produciendo hombres y mujeres desplazados. En ese marco, las mujeres han sido mayoritariamente víctimas y sobrevivientes, que han reconstruido el país, y por esto la lucha desde el movimiento feminista por poner fin a la confrontación”, afirma a La Primera Piedra Marta Restrepo López, integrante de la Red Feminista Antimilitarista colombiana.
Tal como relata la activista, los no cumplimientos del acuerdo de paz – sumados a los detractores del mismo -, y la decisión del Ejército de Liberación Nacional de sostenerse en la guerra encuentran a las mujeres de condiciones socio-económicas más vulnerables y a las más apartadas de las principales ciudades en lucha diaria contra múltiples violencias. Son ellas quienes viven con mayor rigor asesinatos, extorsiones, el control sobre rentas del trabajo, la explotación sexual y los efectos de economías extractivistas controladas por hombres en armas. Esto contrasta con una agenda de tipo urbano en la que se destacan prioridades inscritas en el movimiento feminista global, como los derechos sexuales y reproductivos, el acoso, los derechos laborales o el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar.
“El conflicto armado ha sostenido la desigualdad social en todas su formas, ha dividido al campo y a la ciudad, enviando al primero los mayores efectos de la violencia, produciendo hombres y mujeres desplazados. En ese marco, las mujeres han sido mayoritariamente víctimas y sobrevivientes”.
Restrepo destaca también cómo, en los últimos años, ha cobrado fuerza la denuncia y la movilización alrededor de los femicidios, imbricados con sistemas de dominación militaristas, capitalistas y racistas. La gran cantidad de hombres dispuestos a emplearse en armas en instituciones legales o en mafias, y la disputa por las mismas en territorios urbanos y rurales amenaza la libertad de las mujeres, que ven afectadas desde su movilidad hasta el ejercicio de su sexualidad y su vida afectiva. “Hay un conjunto de reivindicaciones muy fuertes pero, en lo fundamental, el asunto está ligado a la guerra y la paz”, cuenta Restrepo. “Se trata de un movimiento feminista disperso, con pocos escenarios para la deliberación y por una fuerte institucionalización y dependencia generada por la cooperación internacional”, agrega.
En este contexto, en agosto de 2018, la derecha retornó al poder con la asunción del presidente Iván Duque, ampliamente respaldado por Álvaro Uribe Vélez, quien ocupó el Poder Ejecutivo entre 2002 y 2010, y sobre cuya figura pesan numerosas acusaciones de violación a los derechos humanos. Según Restrepo, si bien Duque no ha asumido una posición directa en términos de reducción de derechos de las mujeres como sí es el caso, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, encarna una posición ideológica clara. “Aunque esté diciendo que le interesa la igualdad entre hombres y mujeres, este discurso es una trampa, es una cuestión muy formal de enunciación”, dice Restrepo. “Es un gobierno claramente neoliberal, guerrerista, que nos tiene a punto de meternos en un conflicto internacional contrario a la política más reciente del país y a la aspiración de tener un continente latinoamericano en paz”.
Si bien el mandato del anterior presidente, Juan Manuel Santos, no representaba una discursividad de derecha, Restrepo señala que, respecto a las políticas de género, no se puede hablar de ruptura ni de continuidad. A pesar de los instrumentos legales, como la Ley Rosa Elvira Cely, que permitió tipificar el feminicidio en 2015, la desigualdad y las violencia de género no han disminuido. “La materialización, la vigilancia, el seguimiento y la exigibilidad de políticas públicas son bastante débiles y fracturados y los incumplimientos están a la orden del día en términos de leyes y garantías para las mujeres”, afirma la activista.
A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por Duque contempla un programa de igualdad para las mujeres, no se trata más que de una fachada que elude la problemática de base. “Se habla, por ejemplo, de capacitación técnica y de una profusión de medidas neoliberales que, en realidad, nos igualan en el plano de la competición por puestos de trabajo, crédito y salarios pero, en el fondo del sistema, se encuentra el mantenimiento de las políticas de desigualdad y de ampliación de la brecha entre ricos y pobres. Ese plan es engañoso porque no ataca la estructura y porque lo que quiere decir es que va a habilitar a las mujeres en condiciones, pero para que se disputen en el mercado las posibilidades de suplir necesidades”, señala Restrepo.
“Presentar propuestas por las que luego no se van a sacrificar otros rubros o no se van a realizar los ahorros suficientes para cumplir es tradicional en los gobiernos Colombianos; el desfinanciamiento público de políticas de bienestar es parte de nuestra historia”
“Lo peor es que, según lo que se refleja en el plan de inversiones, no hay dinero para su ejecución, se queda en un tratado de buenas intenciones”, agrega. “También hay una serie de acciones en el campo simbólico-político, como por ejemplo tener por primera vez una vice presidenta mujer que no tiene claridad sobre la violencia contra las niñas y mujeres en términos de estructura, que son problemas nacionales gravísimos. Hay un conjunto de asuntos que requerirían un pacto para atender la emergencia que vivimos. Presentar propuestas por las que luego no se van a sacrificar otros rubros o no se van a realizar los ahorros suficientes para cumplir es tradicional en los gobiernos Colombianos; el desfinanciamiento público de políticas de bienestar es parte de nuestra historia”, afirma Restrepo.
Así, el ascenso de la derecha en el poder implicó en Colombia una sensación de derrota generalizada, en medio de la cual los reclamos feministas han sido relegados. “Volvemos a un tiempo anterior tal vez a los últimos ocho años, de mucha confusión la acción social”, sentencia la activista. “Hay un entredicho total de institucionalidad del Estado, y eso hace que la agenda política de mujeres se ponga más en el subsuelo, porque además, históricamente, nuestro país no ha tenido izquierdas que hayan acogido las agendas de las mujeres, eso sigue siendo un terreno en disputa para quienes habitan movimientos sociales mixtos. No hay una unidad en términos de acompañar agendas de mujeres y luchas políticas, terminan subsumidas o desaparecidas”.
Chile: “Con este gobierno se ha puesto peor, han estado suprimiendo las políticas públicas de prevención y atención a las mujeres violentadas”
El giro hacia la derecha en América Latina dio otro paso con la victoria de Sebastián Piñera en 2017, quien se encuentra ahora cumpliendo su segundo mandato después de la presidencia de Michelle Bachelet. Perteneciente a Chile Vamos, el partido político más conservador, Piñera, representante del ala nacional que apoya a Augusto Pinochet, es originalmente un empresario que nunca se desligó de sus negocios durante su mandato, y que se consagró como el candidato favorito del sector privado. Además de sumar el apoyo de los demócratas-cristianos, se alineó a las iglesias evangélicas: en 2018, consolidó su acercamiento con el sector al revisar la ley de libertad de culto para igualar las creencias religiosas.
«Además de sumar el apoyo de de los demócratas-cristianos, Piñera se alineó a las iglesias evangélicas: en 2018, consolidó su acercamiento con el sector al revisar la ley de libertad de culto para igualar las creencias religiosas».
Sin embargo, la fuerte presencia de la religión en la política chilena no es algo nuevo. “Lamentablemente, todos los pequeños avances que tuvimos durante los gobiernos de la Concertación no fueron muchos, porque dentro de la coalición de izquierda también ha estado siempre, desde que salimos de la dictadura, el partido demócrata – cristiano, íntimamente ligado con las iglesias, lo que significa que entrampan todo lo que tenga que ver con los derechos de las mujeres. Les aterra la palabra ‘género’”, afirma a La Primera Piedra Carmen Rodríguez, integrante de la Coordinadora Ni Una Menos de Chile. “Con este gobierno se ha puesto peor, ya lo hemos tenido dos veces y las dos han desmantelado el Ministerio de la Mujer y, de alguna forma, han estado suprimiendo las políticas públicas de prevención y atención a las mujeres violentadas”, agrega.
De esta forma, a pesar de sostener un discurso que aboga por la equidad de género, las hechos concretos no solo no demuestran verdadera intención de generar los cambios estructurales necesarios, sino que además profundizan los retrocesos. “Es súper lamentable, todos estos años hubo capacitaciones de personas que atendían la problemática de violencia de género y a esa gente la despidieron”, relata Rodriguez. “Lo que hizo también el gobierno actual fue tomar recursos que había para la prevención de la violencia y la atención a las víctimas e invertirlo todo, según ellos, en el estrato etario hasta los 29 años, dejando desprotegidas, de ahí para adelante, a todas las mujeres. En lugar de mantener casas de acogida o centros para la mujer, que están siendo cerrados, están invirtiendo en charlas en los colegios hechas por personal de la Policía de Investigación Civil”.
Cabe mencionar también que Piñera se opone firmemente a uno de los logros más recientes del movimiento feminista chileno: la legalización del aborto en tres causales. El actual presidente, que más de una vez se declaró “defensor de la vida”, modificó el protocolo de aplicación correspondiente facilitando que las instituciones privadas apelen a la objeción de conciencia. “Detrás de estos gobiernos de derecha están esos fundamentalismos religiosos que no están aprisionando y que se están transformando en políticas públicas, amarrándonos cada vez más de manos y brazos para avanzar en cuestiones que tienen que ver con género”, señala Rodriguez. “Nos pilló desprevenidas la fuerza que eso tomó desde parte de la política”, agrega.
De acuerdo a la activista, mientras que el Estado continúa dando la espalda a la necesidad de políticas que efectivamente enfrenten la problemática, la violencia contra las mujeres se ha intensificado en el último año en todas sus dimensiones. Según datos del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, en 2018 se contabilizaron 46 femicidios: diez casos más que en 2017. “Otra de las demandas que también tenemos acá tiene que ver con las diferencias salariales, que son enormes. Las estadísticas oficiales muestran que los salarios de las mujeres están un 29% por debajo de los de los hombres. Tampoco hay protección en ningún sentido, incluso hasta se despide a mujeres embarazadas. Hay una precarización del trabajo y de la vida que es realmente atroz en un país que yo creo que es el más neoliberal de América Latina”, afirma Rodriguez.
Paraguay: “Eso de Iglesia y Estado asuntos separados aquí, en realidad, no se da”
Los reclamos que atraviesan al colectivo de mujeres, lesbianas, trans y travestis en Paraguay se hermanan con los gritos en toda América Latina. En el país sudamericano, como en el resto de la región, existen grandes brechas entre los géneros, pero también diferencias brutales de clase, desigualdades y decisiones económicas que golpean directamente a quienes menos tienen. Así, en 2018, se realizaron las últimas elecciones que dieron como ganador al candidato del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, de una fuerte tradición conservadora, novedad que es considerada por sus pares de la región como la extensión del giro político a la derecha que vive América Latina en estos últimos años.
Se trata del mismo partido que gobierna el país desde 2013, luego del golpe parlamentario mediante un juicio político y antipopular realizado contra el expresidente Fernando Lugo y la posterior presidencia interina de Federico Franco (vicepresidente de aquel entonces y quién comenzó a profundizar una línea económica neoliberal). El Partido Colorado es uno de los principales responsables de las políticas de ajuste y de los planes económicos implantados en el país, dado que, desde el gobierno anterior de Horacio Cartes, se viene triplicando la deuda externa con el objetivo de fomentar la especulación financiera y recortando dramáticamente los servicios de salud y educación. Abdo Benítez, además, está fuertemente vinculado a la dictadura de Alfredo Stroessner, por ser hijo del secretario privado del dictador y, sobre todo, por reivindicar públicamente el período brutal que se vivió entre 1954 y 1989.
«El Partido Colorado es uno de los principales responsables de las políticas de ajuste y de los planes económicos implantados en el país, dado que, desde el gobierno anterior de Horacio Cartes, se viene triplicando la deuda externa con el objetivo de fomentar la especulación financiera y recortando dramáticamente los servicios de salud y educación».
En este contexto, que se opone a un horizonte que aspira a la igualdad y a la obtención de derechos, se desarrolla el Tercer Paro Internacional de Mujeres en Paraguay. Siguiendo lo señalado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la ONU respecto a Paraguay, en el año 2017 hubo 53 femicidios, 1.6 por cada 100 mil mujeres. “En los últimos años, gracias a la lucha que han dado nuestras feministas más antiguas, se ha logrado que se vayan promulgando leyes en pos de la igualdad de género. Es así que tenemos, desde hace dos años, una ley de Protección Integral para las Mujeres contra toda forma de Violencia. Ahí se incluye por primera vez el feminicidio”, señala a La Primera Piedra Noelia Diaz Esquivel, Secretaria General del Sindicato de Periodistas del Paraguaya y vocera de la Articulación Feminista del Paraguay. La Ley 5.777 promulgada en diciembre de 2016 durante la gestión de Horacio Cartes fue un logro fundamental del movimiento feminista en el país y permitió comenzar a tener registros sobre la cara más brutal de la violencia machista.
A su vez, siguiendo el informe del Observatorio de Naciones Unidas, en el 2016, las mujeres dedicaron 18.1 horas semanales a tareas que fueron remuneradas y 28.5 horas a tareas que no lo fueron, a diferencia de los hombres. En su caso, 35.4 horas trabajadas fueron pagas y sólo 11.8 horas no lo fueron. En este sentido, Noelia Díaz Esquivel puntualiza: “A pesar de que existan estas leyes -como de lactancia materna, permisos por paternidad, códigos laborales que introducen la paridad de género-, se sigue discriminando a las trabajadoras domésticas. Aunque sea un empleo que está en el tercer lugar del trabajo que más emplea a mujeres, por ley se establece que ellas deben cobrar solo el 60% del salario mínimo legal vigente en nuestro país”.
“A pesar de las leyes que en realidad no se cumplen, el Gobierno anterior fue un retroceso muy grande. Hay una resolución que pone el propio ministro de Educación que dice que en las escuelas no se va a hablar ni se va a enseñar con perspectiva de género. Se trata de una oleada muy fuerte de los fundamentalistas y de las iglesias aquí en nuestro país”, señala Díaz Esquivel, y agrega: “Eso de Iglesia y Estado asuntos separados aquí, en Paraguay, en realidad no se da. La Iglesia Católica sigue teniendo mucho poder y ahora también hay un auge muy grande de las iglesias evangélicas. El actual ministro de este gobierno electo es prácticamente un pastor.”
El gobierno de Mario Abdo Benítez prometió en campaña un gabinete con equilibrio de género, sin embargo actualmente el mismo consta de diez ministros hombres y solo tres mujeres. A su vez, se declara católico y defensor de la familia tradicional, habiéndose pronunciado en contra del aborto y del matrimonio homosexual. En este sentido, la activista paraguaya declaró: “Me parece que hay un retroceso en relación al gobierno anterior porque muchas de las personas que están a cargo de los ministerios no son idóneas para ocupar esos cargos y hay mucha influencia por parte de la religión y las iglesias. Además, desde el Estado no hay una real voluntad de mejorar hacia lo que tiene que ver con igualdad de género. Hay mucha resistencia y necesidad de permanecer en lo que es este sistema patriarcal y capitalista, porque de hecho eso es lo que los hace estar en el poder”.
“Me parece que hay un retroceso en relación al gobierno anterior porque muchas de las personas que están a cargo de los ministerios no son idóneas para ocupar esos cargos y hay mucha influencia por parte de la religión y las iglesias. Además, desde el Estado no hay una real voluntad de mejorar hacia lo que tiene que ver con igualdad de género”.
“Se va reflexionando y nos vamos dando cuenta de un montón de cosas que no tiene que ver solamente con la legislación, sino con cambiar realmente ese chip tan machista y patriarcal con el que tenemos que luchar”, afirma Diaz Esquivel. El colectivo feminista, que decide parar por tercera vez de forma internacional, señala a los gritos que las mujeres están saliendo de lo privado y toman las calles, porque la lucha ya no es privada ni individual, es colectiva, regional e internacional: “De nuestras reivindicaciones forman parte las mujeres campesinas e indígenas que son expulsadas de sus territorios y cuyos trabajos dentro de sus hogares no son visibilizados, ni tampoco acceden a un seguro social. También nuestras compañeras trans y nuestras compañeras trabajadoras sexuales, que no pueden acceder a salud y a educación”.
Así, el movimiento feminista en Paraguay sigue creciendo, al igual que en el resto de la región y el mundo, con la adhesión de muchísimas jóvenes, pero también de mujeres de todas las generaciones. En este caso puntual, también se están sumando mujeres campesinas, rurales e indígenas, que se están acercando para modificar esta desigualdad de raíz que existe en el sistema. “El feminismo es muy diverso: necesitamos profundizar, debatir, reflexionar sobre los diferentes feminismos, sobre las lesbianas, sobre las trans. Hay mucho camino por recorrer, pero eso también es algo positivo para seguir juntandonos. Creo que muchas mujeres están tomando conciencia de las enormes desigualdades a las que sobrevivieron durante prácticamente todas sus vidas. Las más chicas son las que obviamente más reclaman y están tratando de vivir con mayor igualdad”, aprueba Noelia Diaz Esquivel, y finaliza: “Tengo muchas esperanzas de que en un futuro no tan cercano, pero sí en un futuro, se pueda llegar a mejorar todo lo que tenga que ver con la igualdad de género”.
Perú: “Coincidir en nuestras posturas siempre será difícil pero nuestro objetivo es el mismo: erradicar la violencia que nos mata cada dos días y que explota nuestro trabajo”
Las ideologías patriarcales y neoliberales que impactan en la vida de las mujeres también son sufridas en Perú. Su actual presidente, Martín Vizcarra, asumió el cargo en marzo del 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en medio de fuertes presiones de la oposición. En menos de un año al mando del poder ejecutivo, Vizcarra ha encabezado medidas de ajuste y flexibilización laboral que afectaron negativamente a la población peruana.
“El gobierno actual continúa con la política neoliberal y, en ese marco, ha aprobado recientemente la Política nacional de competitividad, sin diálogo con el movimiento de trabajadores y trabajadoras, flexibilizando los derechos laborales, estando las mujeres en mayor desventaja por nuestras condiciones, exponiéndonos a ser despedidas en pro de la supuesta competitividad”, comentó a La Primera Piedra Eva Machado, quien forma parte de la organización de la Huelga de Mujeres. El 31 de diciembre de 2018, Vizcarra promulgó el Decreto Supremo 345-2018, una reforma laboral que impone un retroceso en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras: propone contratos con menor estabilidad, ceses colectivos sin indemnización y límites a los reclamos y huelgas.
“El gobierno actual continúa con la política neoliberal y, en ese marco, ha aprobado recientemente la Política nacional de competitividad, sin diálogo con el movimiento de trabajadores y trabajadoras, flexibilizando los derechos laborales, estando las mujeres en mayor desventaja por nuestras condiciones».
Estos recortes sobre los derechos laborales tienen mayor impacto sobre la economía de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, ya que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 75,1% se encuentra en la informalidad y se calcula que perciben un salario 29% menor que el de los hombres por el mismo trabajo. A su vez, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la ONU, las mujeres peruanas dedican 39,7 horas semanales a trabajos no remunerados realizados dentro del hogar, mientras que los hombres solo aportan 15,8 horas semanales. “El ente rector por parte del Estado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) es quien tiene el gran desafío, en un contexto en donde claramente gran parte de las autoridades y la clase política no logra ver la importancia de transversalizar la perspectiva de género en la planificación del Estado desde sus tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, expresó a La Primera Piedra la activista Saira Luján.
Perú muestra también preocupantes cifras entorno a la violencia sexual, siendo su capital, Lima, la quinta megaciudad más peligrosa del mundo para las mujeres según la fundación Thomson Reuters. En 2018, se registraron en el país 149 femicidios y 304 tentativas de este crimen, mientras que llegaron a las autoridades 133.697 denuncias por maltrato físico, psicológico y sexual. El gobierno respondió a esta situación de emergencia elevando el presupuesto para 2019 en un 300%. Machado comentó a La Primera Piedra cómo viven la actualidad política desde el movimiento feminista: “Ante la ola de feminicidios en el 2018, sobre todo por el caso de Eyvi Ágreda a quien un sujeto que la acosaba le prendió fuego en un bus de transporte público y murió posteriormente producto de las quemaduras, el gobierno de Vizcarra – impulsado por la presión del movimiento feminista y la opinión pública –dio un giro en su postura a favor de la lucha contra la violencia de género, aprobó el Plan de Acción Conjunta para proponer acciones concretas y urgente para enfrentar la violencia de género, aunque tardaron meses en aprobar su protocolo”.
«Las múltiples violencias de las que son víctimas las mujeres peruanas se intensifican al cruzarse con el racismo que atraviesa el país, donde las mujeres indígenas y afroperuanas sufren a su vez ataques cotidianos relacionados con su identidad étnica».
Las múltiples violencias de las que son víctimas las mujeres peruanas se intensifican al cruzarse con el racismo que atraviesa el país, donde las mujeres indígenas y afroperuanas sufren a su vez ataques cotidianos relacionados con su identidad étnica. Desde el colectivo organizador de la Huelga de Mujeres, denuncian también que más del 10% de las mujeres trans no cuentan con un Documento Nacional de Identidad, por lo que no pueden ejercer sus derechos libremente. La Ley de Identidad de Género, el Matrimonio Igualitario y el Aborto Legal, Seguro y Gratuito son algunas de las banderas que encabezan la lucha del movimiento feminista peruano. “El futuro del movimiento feminista depende de las mujeres y diversidades que lo conformamos. Coincidir en nuestras posturas siempre será difícil pero nuestro objetivo es el mismo: erradicar la violencia que nos mata cada dos días y que explota nuestro trabajo”, afirmó Machado.
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Por una latinoamérica unida y feminista
La región latinoamericana está hermanada en sus luchas pero también en los retrocesos que sufre. Los avances en materia de género y de derechos humanos que se alcanzaron gracias a los feminismos y la movilización popular, en el presente chocan con el fortalecimiento de los sectores reaccionarios y fascistas en el continente y a nivel mundial. En cada país las conquistas son logros fundamentales, pero cada paso en reversa es un golpe muy duro para los movimientos que aspiran un horizonte de igualdad.
En este Tercer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y géneros no binarios las calles estarán repletas de reclamos y movilizaciones que ningún Estado puede desoír, a pesar de que se experimente un contexto regional desfavorable y que el paradigma hegemónico sean los regímenes de derecha. Sin embargo, existe la convicción, en cada paso y en cada puño levantado, de que la frase “América Latina será toda feminista” no es un slogan sino una lucha que nos une y nos atraviesa.
