El 17 de mayo de 2013, Jorge Rafael Videla moría en prisión tras recibir múltiples condenas a perpetua durante los juicios de lesa humanidad que juzgan el genocidio cometido en Argentina bajo su poder. Cinco años después, las prisiones domiciliarias y las libertades condicionales para los genocidas son cada vez más frecuentes. El dictador que moría a los 87 años encerrado es un hecho que se evidencia como ejemplo de justicia tras décadas de lucha contra la impunidad y frente a un presente con retrocesos en derechos humanos.
Jorge Rafael Videla fue la cara visible de las fuerzas armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, aunque meses antes ya era reconocido como el jefe del Ejército que venía a poner «orden a un país convulsionado» y por lo que se autodenominaron como «Proceso de Reorganización Nacional». Una dictadura cívico-militar que venía a cambiar las dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas en las que se asentaba el país en ese entonces con la implementación de un genocidio y la sangre de miles de personas.
Esa junta militar que encabezó los primeros años del régimen (y los más violentos) estuvo compuesta, además, por el almirante Emilio Eduardo Massera, como jefe de la Armada, y el brigadier general Orlando Ramón Agosti, por la Fuerza Aérea. El 29 de marzo de 1976, al mismo tiempo que era jefe del Ejército, Videla asumió de facto la Presidencia de la Nación, que ocuparía hasta ser reemplazado por Roberto Eduardo Viola en 1981.
En democracia, fue juzgado y condenado a prisión perpetua en el histórico Juicio a las Juntas Militares. Sin embargo, fue indultado, al igual que sus pares, por Carlos Saúl Menem el 29 de diciembre de 1990. Pero, a partir de 2006, con la anulación de las leyes de impunidad, Punto Final y Obediencia Debida, y la declaración de su inconstitucionalidad se comenzaron a reabrir los casos que lo imputaban a él y al resto de los genocidas.
Tras décadas de impunidad, se reabrieron los juicios que permitieron juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Las causas que llegaron a juicio y los procesos que incorporaron su nombre fueron muchos, tantos que se siguieron juzgando posterior a su muerte, como lo fue el proceso que investigaba el reconocido Plan Cóndor.
El 22 de diciembre de 2010, Jorge Rafael Videla fue nuevamente condenado a prisión perpetua y cárcel común en Córdoba. El 5 de julio de 2012, fue condenado a 50 años en prisión en el juicio histórico por el plan sistemático de apropiación de bebés. Allí, el Tribunal Oral y Federal N° 6, unificó las tres sentencias anteriores en una pena única de reclusión perpetua en cárcel común.
Reconocido como uno de los símbolos innegables, emblemáticos y representantes del genocidio, murió en su celda del pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Marcos Paz, en cárcel, común, concreta y efectiva en el año 2013. Sin embargo, a pesar de la justicia, mantuvo el silencio sobre los delitos cometidos por lo que los siguió cometiendo hasta su muerte. Nunca señaló dónde están los registros que los militares elaboraban con los nombres de los y las desaparecidas, la verdad sobre los bebés entregados al nacer y mantuvo el pacto de silencio de todos los genocidas y cómplices implicados en el genocidio.
Es interesante traer este «aniversario» a la actualidad, porque en estos últimos años se volvió a poner en vigencia (en discursos y en acciones) el otorgamiento de prisiones domiciliarias por la edad sin dar cuenta de una efectiva necesidad por salud. Sumado a esto, también es alto el número de libertades condicionales dadas, olvidando que los detenidos por delitos de lesa humanidad tienen la categoría «especial» de ser genocidas, ser ejecutores del peor crimen cometido en el país y ya estar condenados por un pueblo que no olvida. Si bien el otorgamiento de estos beneficios siempre fue alto, se pone en evidencia un aumento notorio desde el año 2015 en adelante.
(Leer nota: Si no hay justicia, hay escrache: prisiones domiciliarias e impunidad en lesa humanidad)
Este ejemplo de justicia, al condenar a uno de los máximos responsables de la desaparición, el secuestro, las violaciones, la tortura y el exterminio de miles de personas, sin embargo, no devuelve el horror que los genocidas emprendieron. Esta poca justicia, que aún se exige a gritos, frente al genocidio, no evidencia la verdad del destino de sus víctimas y solo sana apenas un poco porque las consecuencias del genocidio siguen persistiendo en el presente.
No obstante, esta fecha también señala que ante el silencio y la impunidad, mediante la lucha de miles de personas organizadas la justicia fue y es posible. En este sentido, Argentina sigue siendo ejemplo en el mundo por condenar y ver tras las rejas a los máximos culpables de un crimen que sigue presente en las múltiples secuelas que la dictadura cívico-militar implementó y hoy se ven profundizadas: el hambre, la exclusión y la miseria planificada.
