Segundo Paro Internacional de Mujeres: el día que el mundo tiembla

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El próximo jueves se llevará a cabo el Segundo Paro Internacional de Mujeres, una jornada que, desde el 2017, resignifica el 8 de marzo y se propone como una instancia de lucha histórica con articulación global. Miles de mujeres alrededor del mundo frenarán sus actividades y saldrán a las calles para reclamar el fin de la violencia machista sobre sus cuerpos y visibilizar su participación en el circuito productivo. ¿Qué es lo que las impulsa? ¿Cuál es el escenario en Latinoamérica? (Foto: China Díaz)



“Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. Esa fue el lema que encabezó el Paro Nacional de Mujeres que se realizó en Argentina en octubre de 2016, luego del brutal femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. La jornada, conocida como «Miércoles Negro», no sólo exigió un freno al machismo que todos los días se cobra la vida de una mujer, sino que, por primera vez, marcó en todo el país la continuidad entre la desigualdad económica y la violencia de género. Las movilizaciones se replicaron en varios países del mundo, gestándose el impulso necesario que permitió articular fuerzas a nivel global. Así fue cómo el 8 de marzo de 2017, históricamente conocido como el Día Internacional de la Mujer se resignificó como una instancia de lucha y marcó un hito en la agenda feminista.

No sólo es notable la formación de los feminismos populares, unidos por la conciencia de que el ajuste económico afecta mayoritariamente a las mujeres, sino también la presencia de las generaciones más jóvenes, dispuestas a enfrentar las desigualdades presentes en la cultura machista.

Este año, alrededor de 60 países vuelven a unirse en un Segundo Paro Internacional de Mujeres, una acción colectiva surgida de décadas de encuentro y organización que, con el tiempo, logró ensanchar los núcleos originales y multiplicar su capacidad de convocatoria. No sólo es notable la formación de los feminismos populares, unidos por la conciencia de que el ajuste económico afecta mayoritariamente a las mujeres, sino también la presencia de las generaciones más jóvenes, dispuestas a enfrentar las desigualdades sostenidas por la cultura machista. Gracias a las redes sociales, las demandas lograron traspasar las fronteras y adquirir una visibilización que tiempo atrás hubiera sido impensable, enlazándose en un punto común: la necesidad de desarmar las relaciones de poder basadas en los roles de género. 


Foto: China Díaz



El escenario latinoamericano

En un contexto de avance neoliberal, marcado por el desmantelamiento de políticas públicas y la retracción de derechos sociales, América Latina juega un papel de especial importancia en la movilización. Junto con el Caribe, conforma la región más desigual del mundo: de acuerdo al último informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 10% de su población es dueño del 71% de la riqueza. A su vez, en su documento «Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible», el organismo registró que la tasa de participación laboral femenina se ha estancado en torno al 53%.

La división del trabajo basada en estereotipos de género limita las oportunidades de inserción laboral y, por lo tanto, las posibilidades de autonomía económica como paso necesario para eliminar las desigualdades y las violencias que se encarnan como resultado de las mismas.

La organización destaca también que el 78,1% de las mujeres empleadas en la región se encuentran en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad (agricultura, comercio y servicios sociales, comunales y personales), lo que implica peores salarios. Además, se calcula que el 29% no tiene ingresos propios, el 26% percibe un salario inferior al mínimo y que realizan entre el 71% y el 86% del trabajo no remunerado total que demandan los hogares, dependiendo del país. En Argentina, la brecha salarial es del 27%, pero se ensancha al 35% en los trabajos más precarios. Así, la división  basada en estereotipos de género limita las oportunidades de inserción laboral y, por lo tanto, las posibilidades de autonomía económica como paso necesario para eliminar las desigualdades y las violencias que se encarnan como resultado de las mismas.

(Leer nota relacionada: Reforma previsional: el ajuste también es violencia de género)


Foto: Gustavo Yuste



La países de América Latina y el Caribe son también los más peligrosos para las mujeres: según la CEPAL, se cometen al menos 12 femicidios por día. A estos datos se pueden sumar los publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres a fines de 2017, según los cuales la región presenta los mayores índices de violencia de género.  De acuerdo al informe, se encuentran en el subcontinente 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidios. Solo en 2016, se estima que fueron asesinadas un 1.831 mujeres – casi doscientas más que el año anterior -, 38% de las cuales fueron atacadas por sus parejas. El informe revela también que el 29,8% de las mujeres ha sido víctima de al menos una situación de violencia por parte de su pareja y que un 10,7% fue agredida sexualmente por otra persona distinta.

La países de América Latina y el Caribe son también la más peligrosa para las mujeres: según la CEPAL, se cometen al menos 12 femicidios por día. A estos datos se pueden sumar los publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres a fines de 2017, según los cuales la región presenta los mayores índices de violencia de género.

Según la ONU, 31 de los 33 países analizados cuentan con políticas nacionales de protección, un 20% más de los que contaban con alguna normativa en 2013. Si bien esto muestra un avance de los instrumentos legales para garantizar los derechos de las mujeres, el aumento de las violencias pone de manifiesto los obstáculos para su plena implementación, o bien la fata de sistemas integrales que permitan prevenir las agresiones antes de que ocurran y concientizar acerca de la asimetría de poder en la que se funda la problemática.

(Leer nota relacionada: Violencia de género en Sudamérica: ¿cuáles son los avances legislativos?)

Además, la región es una de las que presenta las normativas más restrictivas en el mundo en lo que concierne al aborto. De acuerdo a los últimos datos de Amnistía Internacional en el año 2016, alrededor de 760.000 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones de aborto inseguro en la región y menos 10% de todas las muertes maternas se debieron a prácticas en condiciones insalubres. A esto hay que sumar la imposibilidad de obtener un panorama completo de la situación debido, precisamente, a la clandestinidad que dificulta obtener verdaderos registros de la problemática.

 

(Leer nota relacionada: La lucha por el aborto en Sudamérica: ¿qué dicen las leyes en cada país?)


Foto: China Díaz


Romper estructuras

Al igual que en 2017, el paro supone cuestionar la estructura conservadora y jerárquica al interior de las organizaciones sindicales y reclamar una participación efectiva de las trabajadoras al momento de tomar decisiones. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo de la Nación presentados en septiembre de 2017, solo cuatro de las 22 organizaciones censadas cumplen con el cupo sindical femenino, establecido por ley desde el año 2002. De acuerdo a la normativa, la representación de las mujeres en los cargos electivos debe alcanzar un mínimo del 30%. Pero además, las mujeres han sido históricamente relegadas: los puestos que ocupan se circunscriben por lo general a secretarías de género, de la mujer o de familia y niñez, siendo excluidas de los cargos directivos superiores.

El papel de las mujeres en las mesas de negociaciones es también esencial para incluir la agenda de género junto con las demandas salariales, y disputar, por ejemplo, igualdad de tareas, de remuneración y de derechos durante la maternidad.

En este contexto, el papel de las mujeres en las mesas de negociaciones es también esencial para incluir la agenda de género junto con las demandas salariales, y disputar, por ejemplo, igualdad de tareas, de remuneración y de derechos durante la maternidad. Implica apropiarse del paro como una herramienta tradicionalmente monopolizada por los hombres para visibilizar reclamos postergados por tener a las mujeres como principales protagonistas. Pero también se traduce en la ampliación del concepto tradicional de huelga para abarcar a todo un sector de la fuerza productiva desestimado, como es el caso de las amas de casa y el trabajo doméstico. 


Foto: China Díaz


Como sucedió con otras jornadas de lucha, el Paro Internacional de Mujeres es el resultado de un largo camino de articulación de experiencias entre los distintos movimientos feministas que este 8 de marzo confluirán en un espacio común. Surge por la acumulación de consciencias, la transformación de las demandas y la discusión colectiva, que constituyeron un feminismo popular con fuerza creciente para reaccionar contra las violencias que, durante mucho tiempo, fueron naturalizadas en la sociedad.

La masividad de la convocatoria – que este año busca superarse – demuestra, una vez más, que las mujeres conforman una fuerza política capaz de pararse contra las desigualdades que las aquejan y reclamar una vida que puedan transitar según su propio deseo. Es un grito contra las violencias y también contra un sistema entero que oprime las identidades disidentes.


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