El 29 de diciembre de 2017, el juicio enmarcado en la Megacausa III en Santiago del Estero llegó a su veredicto. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de aquella provincia impuso dos penas de prisión perpetua y otras cinco que van desde los 6 hasta los 22 años de prisión a un grupo de ex militares y ex policías por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 38 víctimas. (Fotos: Asociación por la memoria, la verdad y la justicia – Santiago del Estero)
Después de más de 130 testimonios y ocho meses de audiencias, se conoció la sentencia del juicio Megacausa III por delitos de lesa humanidad cometidos en Santiago del Estero. Este proceso iniciado en mayo del 2017, juzgó la responsabilidad de civiles, ex militares y ex policías por el secuestro y torturas de 38 personas, de las cuales 14 fueron y permanecen desaparecidas.
De los diez imputados, siete recibieron condenas y tres fueron absueltos. Originalmente los acusados eran 12, pero fueron apartados por razones de salud los ex policías Dido Isauro Andrada y Eduardo Bautista Baudano. Así finalizó la Magacausa III de Santiago del Estero, en la que se juzgaron delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar. Este proceso fue el más complejo, por cantidad de casos y de imputados, de los realizados en toda la historia en aquella provincia.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia juzgó los crímenes que tuvieron como víctimas a 38 personas, que padecieron delitos de violación de su domicilio, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios y, en un caso, abuso sexual.
Los jueces que integraron el Tribunal -Domingo Batule, Carlos Lascano y Abel Fleming- dictaron las sentencias por las desapariciones de Lidoro Aragón, Hugo Vega, Pepe Carabajal, Dardo Arias, Rudy Miguel, Abdala Auad, Hugo Concha, Marta Castillo, Lito Salomón, Santiago Díaz, Roberto Bugatti, el Chala Dicchiara, Mario Giribaldi, Armando Archetti, y por los crímenes contra la humanidad cometidos contra otras 24 personas ex detenidas-desaparecidas.
La sentencia condenó a prisión perpetua a Jorge Alberto D’Amico, ex jefe de compañía del Batallón de Ingenieros de Combate 141, y a Ramón Warfi Herrera, ex interventor militar en la Policía provincial. El resto de las sentencias variaron entre los 6 y 22 años. Sin embargo, hubo tres absueltos, entre ellos dos miembros del Poder Judicial: el ex fiscal Santiago David Olmedo de Arzuaga y el ex funcionario judicial Raúl Alberto Silva.
Desde la agrupación H.I.J.O.S. de Tucumán señalaron: «Quedó comprobado en este juicio que el ex juez Olmedo fue integrante de la corporación judicial de la dictadura. Se ve que sus colegas no lo entendieron. #JusticiaComplice». Una vez más, la dificultad para condenar a los cómplices civiles del genocidio queda demostrada por el accionar del Poder Judicial en la actualidad.
Si bien los retrocesos en los avances de este proceso judicial son notables y así lo manifiestan los organismos, abogados y testigos, sobre todo en lo referido a juzgar a los responsables civiles, la búsqueda de la verdad y la justicia mediante la memoria sobre el genocidio seguirá siendo la guía a seguir. La sentencia en este juicio histórico, entonces, es un paso más en la condena -social y judicial- sobre lo sucedido en la dictadura cívico-militar.
Acá se juzga genocidas:
Jorge D’amico: prisión perpetua
Ramón Warfy Herrera: prisión perpetua
Antonio Musa Azar: 22 años de prisión
Miguel Tomás Garbi: 22 años de prisión
Ramiro López Veloso: 15 años de prisión
Roberto Díaz Cura: 16 años de prisión
Juan Bustamante: 6 años de prisión
Santiago Olmedo de Arzuaga: absuelto
Pedro Ledesma: absuelto
Raúl Humberto Silva: absuelto
