La Ley Nacional de Educación Sexual Integral cumplió diez años desde su sanción en 2006. Luego de ser afectada por el desfinanciamiento que también sufrieron muchas otras políticas públicas, numerosas organizaciones nucleadas en un frente popular se reunieron para defender la implementación de un programa esencial en la lucha por la igualdad de género. En la siguiente nota, analizamos las faltas y retrocesos de un derecho clave desde la primera infancia.
La Ley Educación Sexual Integral (ESI) fue promulgada el 23 de octubre de 2006, gracias al impulso de numerosas organizaciones de la sociedad civil. Su ejecución comenzó en el año 2008, con la creación de un programa de alcance nacional que estableció lineamientos curriculares para todos los establecimientos educativos públicos y privados. La implementación de la normativa significó un nuevo paradigma, al contemplar un abordaje integral de la sexualidad con perspectiva de género.
La esencia de la Ley de Educación Sexual Integral radica en la concepción del cuerpo como una construcción social y cultural, que excede los tipos biológicos, contemplando la sexualidad en forma transversal y no meramente desde la enseñanza del aparato reproductor.
Hasta el día de hoy, es la única política pública a nivel nacional que busca combatir la violencia machista y defender la libertad sexual, inculcando el respeto por la identidad como un derecho humano. Su esencia radica en la concepción del cuerpo como una construcción social y cultural, que excede los tipos biológicos, contemplando la sexualidad en forma transversal y no meramente desde la enseñanza del aparato reproductor. De esta forma, supone un recorrido por los contenidos curriculares en un intento de visibilización de la cultura patriarcal.
Al igual que numerosas políticas públicas, el Programa de Educación Sexual Integral ha sufrido en los últimos meses el desmantelamiento que rige las disposiciones del actual gobierno de Mauricio Macri. A fines del mes de junio, el jefe de gabinete del Ministerio de Educación y Deporte, Diego Marías, anunció la finalización del contrato de más de un centenar de trabajadores precarizados de múltiples programas, muchos de los cuales han visto obstaculizada su continuidad. De las quince personas que llevaban adelante sus acciones, cinco fueron despedidas sin justificativos válidos.
Foto: Gustavo Yuste
La disminución de los puestos laborales no es el único factor que dificulta la aplicación de la política. Según informó a Página 12/ Florencia Minici, integrante del colectivo Ni Una Menos, este año, las provincias han recibido para la implementación del programa el mismo monto presupuestario que en 2015, lo que en un contexto inflacionario supone un recorte indirecto. Además, el dinero fue recibido recién en el mes de septiembre. La subvención para los cursos de formación docentes, otro pilar fundamental del ESI, también se redujo respecto del año anterior. Con una disminución del 62%, se pasaron de otorgar más de 13 mil capacitaciones a menos de 5 mil.
Este año, las provincias han recibido para la implementación del programa el mismo monto presupuestario que en 2015, lo que en un contexto inflacionario supone un recorte indirecto.
Para el año próximo, el presupuesto será en su mayor parte descentralizado, lo que significa que no habrá una partida reservada a nivel central, sino que se enviará dinero sólo a las provincias que contemplen el programa. Una problemática de peso para la implementación de la ley, si se considera que en algunos lugares aún no se aplica totalmente. Esta modificación ya tuvo sus primeros pasos en los últimos meses, en los que se autorizó la reimpresión de materiales didácticos cuya distribución pasó a depender de los gobiernos locales.
«Clasazo» en defensa de la ESI. Foto: marcha.org.ar
El desfinanciamiento y la falta de respaldo del gobierno nacional es una continuidad de las acciones que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos ocho años. De acuerdo a lo informado por el diario digital, Cosecha Roja, en el año 2014, durante la gestión de Esteban Bullrich en la capital, se asignó al Programa ESI apenas un 0.001% del presupuesto. Pero además, cerca del 80% de lo otorgado se destinó a la tercerización de las tareas mediante convenios con ONGs que van a las escuelas como agentes externos.
Según un informe realizado en la Ciudad por el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) , el pasado mes de julio, al menos un tercio de los jóvenes encuestados no recibieron educación sexual en su escuela secundaria. Los que lo hicieron, no tuvieron más de dos horas cátedra en cada ciclo lectivo y en, la mayoría de los casos, se trataron de clases enfocadas exlusivamente en los aspectos biológico y reproductivo.
La Educación Sexual Integral es un derecho fundamental que además no puede basarse en experiencias aisladas y discontinuas, sino que debe funcionar con el apoyo complementario de una red de instituciones que garanticen la salud, la justicia, el respeto por la diversidad y la igualdad de género.
El retroceso de las actividades del programa ponen de manifiesto la falta de respaldo político a un programa que aún requiere de mucho trabajo para su implementación. La Educación Sexual Integral es un derecho fundamental que además no puede basarse en experiencias aisladas y discontinuas, sino que debe funcionar con el apoyo complementario de una red de instituciones que garanticen la salud, la justicia, el respeto por la diversidad y la igualdad de género. Es parte de un cambio cultural esencial para discutir de forma crítica las relaciones de poder y la hetero normatividad desde el ámbito educativo.
