Un poco de justicia: Agustín Santillán está en libertad

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Tras más de seis meses detenido sin ningún tipo de pruebas, Agustín Santillán, el referente wichí de Formosa recuperó su libertad. Estaba detenido desde el 14 de abril del 2017, acusado de «terrorista», sin haber participado de lo hechos que se le imputaban. El dirigente desde hace más de diez años exige respuestas al Estado argentino sobre derechos básicos para su comunidad como salud, vivienda y educación.



Agustín Santillán es un referente wichí de Ingeniero Juárez, Formosa. A su vez, se desempañaba como docente bilingüe en su comunidad. En el año 2007, comenzó a reclamar al Estado por la falta de escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Nunca obtuvo una respuesta del gobierno provincial. Por eso, comenzó a participar de cortes de ruta y viajó a Buenos Aires para visibilizar las injusticias que se vivían en la provincia. En este sentido, formó parte del acampe que se mantuvo durante varios meses en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en el centro político y económico del país.

Como mencionamos anteriormente en La Primera Piedra, a nivel provincial, sus reclamos fueron llevados adelante durante el mandato de Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde 1996 y, a nivel nacional coincidieron con el principio del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Al empezar a ejercer una militancia y dirigencia tan activa, Santillán fue echado de su trabajo en la escuela por reclamar al gobierno de la provincia la asistencia en derechos básicos para la comunidad de Ingeniero Suárez, en el extremo oeste de Formosa, cerca del límite con Salta.

El dirigente comenzó a ser perseguido por el poder político provincial, pero Agustín Santillán siguió reclamando. En diez años el referente wichí acumuló 28 causas judiciales en su contra, todas bajo la tutela del juez provincial Marcelo López Picabea. Esas causas penales incluyen los delitos de intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, amenazas, lesiones, agresión y usurpación, las cuales se originan en sus reclamos sobre los derechos de las comunidades indígenas y en la reivindicación histórica del territorio ancestral. Pero hasta la actualidad, no existe ninguna condena.

En los meses de marzo y abril de este año, la localidad de Ingeniero Juárez padeció inundaciones y las comunidades indígenas denunciaron la falta de ayuda estatal. En este contexto, se produjeron diversos robos y saqueos en la localidad. A pesar de que Agustín Santillán ni siquiera presenció estos hechos, el gobierno local lo señaló como el organizador de los saqueos y lo acusó de “terrorista”. El juez Picabea lo imputó nuevamente en siete expedientes por intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación.

El 14 de abril del 2017, un grupo de policías lo detuvo y antes de trasladarlo al penal de Las Lomitas lo golpearon fuertemente. Durante todos estos meses, organismos internacionales y nacionales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y Amnistía Internacional (AI), reclamaban por su libertad y denunciaban la criminalización que el dirigente sufria.

El 24 de octubre de 2017, el referente wichí Agustín Santillán recuperó su libertad. El fallo de la Cámara de Apelaciones de Formosa revocó el único procesamiento que tenía el dirigente. «Si me pasa algo, lo hago responsable al gobernador y sus ministros. Soy wichí, por defender y denunciar las injusticias que pasan en mi comunidad me arman causas usando a los policías de Ingeniero Juárez», señalaba en una carta el 25 de septiembre. Ninguna de las acusaciones que recibió el dirigente fue probada, sin embargo, Santillán un preso político durante más de seis meses. A pesar de esta pequeña cuota de justicia al recuperar su libertad, este caso refleja la criminalización que sufren los pueblos originarios que reclaman por sus derechos y la única respuesta que reciben del Estado es hostigamiento y amedrentamiento.



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